La Justicia belga ha admitido a trámite una querella presentada por la ONG catalana Plataforma per la Llengua contra varios funcionarios del Estado Español. La acusación sostiene que estos habrían espiado a miembros de la ejecutiva de la entidad, generando un escándalo que traspasa fronteras.
Un informe pericial encargado por Plataforma per la Llengua ha revelado datos alarmantes. Según dicho documento, al menos cinco teléfonos móviles pertenecientes a miembros de la entidad han sido infectados con el programa de ciberespionaje conocido como Pegasus. Este software malicioso tiene la capacidad de infiltrarse en dispositivos móviles y acceder a datos personales sin el consentimiento de sus propietarios.
Lo más sorprendente es que tres de los teléfonos infectados también han sido objeto de espionaje en territorio belga. Este hecho ha permitido que el caso llegue a la justicia de Bélgica, la cual deberá solicitar a las autoridades españolas que identifiquen a los responsables de estos actos ilícitos. Además, se investigará si el Estado español ha incumplido los procedimientos legales establecidos tanto en España como en la Unión Europea para intervenir teléfonos. Es importante destacar que los afectados por este espionaje también son miembros de una asociación belga, la cual se encuentra protegida por las leyes de dicho país.
La Directiva Europea 2019/1937 de alertadores, que entró en vigor en diciembre de 2019, establece que la soberanía de la Unión Europea abarca todos los ataques a la privacidad. Sin embargo, no fue hasta marzo de este año que la transposición parcial de esta directiva, conocida como Whistleblowing, entró en vigor en España. Esta transposición reconoce desde el primer momento la soberanía de la UE en materia de protección de datos y privacidad desde el momento de su publicación en diciembre de 2019.
Los informes periciales señalan que la intervención y el espionaje fueron iniciados y ejecutados desde España, remitiendo la información obtenida a un teléfono español que pudo ser identificado. Ahora, las autoridades belgas, a través de la policía y el Juzgado de Instrucción de Bruselas, están llevando a cabo una exhaustiva investigación para determinar los procedimientos utilizados y citar a declarar a los funcionarios españoles involucrados en este caso.
Este escándalo de espionaje a miembros de la ONG Plataforma per la Llengua ha generado gran preocupación en Bélgica, preocupación que viene aumentada por se el actor del espionaje un estado miembro de la propia UE, rompiendo los protocolos existentes y poniendo en peligro las comunicaciones de todos. Es la primera vez que se admite en Europa una querella de éstas características, en base al nuevo concepto de jurisdicción impuesto por la Directiva 2019/1937. Recientemente, la Ex-presidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, ha reconocido que el Estado Español ha continuado monitorizando, incluso a la propia Comisión Pegasus que los investigaba.
El espionaje ha continuado, según publicó El Nacional, y esta vez ampliado a los miembros de la comisión Europarlamentaria de Pegasus, a pesar de que ya estaban investigando al Estado Español. De ello que en la tramitación del presente procedimiento se haya necesitado un plus de confidencialidad.
Idéntico procedimiento es el seguido por diversos grupos de interinos que tienen planteados procedimientos preparatorios en diversos juzgados y audiencias para dar el salto a Europa, vista la negativa de los jueces y de la administración española de aplicar la jurisprudencia del TJUE y las Directivas que los protegen.
Se espera que la justicia actúe con contundencia y se esclarezcan todos los hechos relacionados con este caso. La privacidad y la protección de datos son derechos fundamentales que deben ser garantizados en cualquier circunstancia, y aquellos que los violen deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Y ésta es, por primera vez, que en la Unión Europea se aplica el concepto de jurisdicción única europea que prevé la Directiva 2019/1937 y cuyo adelantado fue la Fiscalía Europea.