El pasado verano una pareja formada por un ciudadano español y una filipina, en proceso de divorcio, realizaron un viaje con sus dos hijos al país de las siete mil islas. Según fuentes consultadas, la excusa utilizada por la madre era que su familia no conocía a la hija pequeña, nacida durante la pandemia. Sin embargo, dicho viaje formaba parte de un plan con el propósito de sustraer a los dos menores, de 6 y 4 años de edad, los cuales no tomaron el vuelo de vuelta a España.
Casos como este van a ser cada vez más frecuentes en un mundo globalizado y, en particular, siendo España un país con un alto porcentaje de matrimonios internacionales. Se estima que las sustracciones internacionales de menores, según estadísticas de los casos procesados bajo el Convenio de la Haya y del Ministerio de Justicia, son realizadas entre un 60% y 70% por mujeres y entre un 30% y 40% por hombres, variando entre diferentes países y regiones.
Las mismas fuentes señalan a este medio que en el caso de los hombres, el padre frecuentemente huye a un país donde la mujer no tenga los mismos derechos que el varón, y de este modo ella no puede reclamar a veces ni siquiera ningún tipo de autoridad sobre los niños sustraídos. Cuando las sustractoras son mujeres la estrategia general pasa por elegir un país tercermundista (también el país de origen si cuentan con apoyo familiar) y desaparecer en él. El sustractor no suele ser una persona necesitada económicamente, sino alguien con recursos de clase media o clase media acomodada, que está dispuesto a privar a los menores del otro progenitor.
El Caso Magundayao pone a la República de Filipinas ante el espejo, puesto que firmó el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores y, sobre el papel, por tanto, el Estado Filipino no va a convertirse en un refugio de sustractores. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha comunicado a la familia española que no hay ningún precedente de aplicación del Convenio de la Haya con Filipinas, por lo que este primer caso va a marcar el futuro de las relaciones diplomáticas entre ambos países, por lo que al tráfico ilegal de niños se refiere.
Un caso con agravantes
Si bien la sustracción mayoritariamente se produce entre parejas con un solo hijo en este caso se da la circunstancia poco frecuente de que los dos menores tienen hermanas por parte de padre, de un matrimonio anterior, con las cuales han mantenido hasta ahora una relación afectiva intensa, formando una gran familia.
Por otra parte, el niño sustraído era asistido por un logopeda debido a problemas de lenguaje en los que, afortunadamente, había entrado en camino de resolverlos. Ahora bien, el hecho que desde septiembre este niño no oiga sus lenguas maternas (catalán y castellano) salvo con su hermana pequeña (que tiene también el lenguaje en desarrollo) va a perjudicar seriamente la normal evolución cognitiva del menor.
Y, finalmente, siguiendo la estrategia de la desaparición, la madre no ha respondido al requerimiento del juzgado en el procedimiento de divorcio, a pesar de que la familia española consiguió acreditar vía notarial que había recibido y leído tanto la demanda como la admisión a trámite. La estrategia de desaparición favorece al sustractor, el cual intenta siempre que el asunto sea olvidado, que la familia se desanime y que se borre todo rastro del otro progenitor en la memoria de los niños. En este hará falta borrar también, nada menos, a cuatro hermanas.
"¿Cómo le cuentas a una familia desolada que tienen un serio problema de dinero?"
Laura Rodríguez Caro ha sido designada como portavoz en este caso y ha declarado a Diario16+ que, a pesar que el padre ha iniciado el procedimiento judicial, es muy difícil el retorno sin una intervención diplomática. ”No puede concebirse que en pleno siglo XXI sea tan fácil robar unos niños” declara a este medio, “y tampoco que el proceso de recuperación, sólo el intento en sí, vaya a costar a la familia unos 80.000 euros ¿Cómo le cuentas a una familia desolada que, de entrada, tiene un serio problema de dinero?”. Rodríguez Caro está ayudando en este caso por su experiencia de años en recaudación de fondos (fundraising) para organismos como ONGs, Fundaciones, Hospitales o Universidades. “Sin la financiación adecuada estos niños no van a volver nunca. Incluso con ella, puede que no regresen” y añade “los españoles deben ser conscientes que, a partir de ahora, en un mundo de relaciones globales esto le podrá pasar a cualquiera”.
La pelota está en el tejado del sistema judicial filipino. El país asiático va a decidir situarse entre los estados fuera de la ley o los de la órbita de los países civilizados. Diario 16 hará un seguimiento de este caso que pone a prueba, por otra parte, la capacidad internacional diplomática del Estado español.