Día 4 de septiembre, nada más aterrizar en Barcelona, empezó el calvario de la familia porque se había consumado la sustracción de los dos hermanos pequeños: Gerard y Laia no habían regresado.
La familia recibió todo el apoyo por parte de la escuela, que se apresuró a comunicar a Regina Magundayao Valdez que los niños debían empezar el curso escolar día 9 de septiembre. Para estupefacción del equipo directivo, recibieron un email de respuesta de la madre en el que decía que ya volverían, pero que prefería negociar un convenio de divorcio teniendo los niños en su poder. En pocas palabras: o niños o dinero.
Este correo electrónico de la madre hacia el colegio es la prueba más importante que acredita el móvil económico. Viene a ser un secuestro semilegal con petición de rescate incluido. El problema es que la dirección del centro no podía entregarlo así, sin más, a la familia, por lo que consultó con el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya. Según denuncia la familia, desde la administración se prohibió que la familia tuviera acceso a este correo.
Julia, una de las hijas, cuenta a Diario16+ la peregrinación del padre ante la administración catalana: “A nuestro padre se le ocurrió que debía de haber un expediente administrativo abierto debido a la no escolarización de los niños”, explica, “por eso nos centramos en conseguir una copia, que por derecho le corresponde al ser interesado, y acceder así al correo electrónico que nos negaban”.
La búsqueda de la prueba pasó por hablar con la dirección del colegio, con los servicios sociales municipales, por consultas a la policía… y terminó con una entrevista del padre con inspección educativa de la Generalitat. “Nos la dieron para un viernes y luego nos la aplazaron una semana”, recuerda la hija, “todo eran nervios, porque el tiempo corre en nuestra contra, y un solo día es importante”.
Al final la inspectora informó al padre de que, en primer lugar, no había ningún expediente abierto por tal motivo, cosa que ha dejado sin palabras a la familia, puesto que por problemas mucho menores la Generalitat de Catalunya abre un expediente administrativo. Pero, por añadidura, se indicó al padre que, en todo caso, fuera él quien se dedicara a buscarlo en otros departamentos, puesto que a lo mejor sí se había abierto un expediente en servicios sociales o fiscalía de menores, y que el Departament d’Ensenyament no sabía nada de estos posibles procedimientos, ya que no eran responsabilidad suya.
La sociedad civil empieza a volcarse con la familia
Laura Rodríguez, la portavoz de la familia, quiso que hiciéramos público su agradecimiento a todas las organizaciones que están escribiendo el documento de apoyo a la repatriación de los menores y, en especial, a las personas que hacen esfuerzos donando dinero para sufragar el costoso procedimiento legal.
“Uno no se imagina lo que es si no lo vive”, señala Laura Rodríguez, “para enviar, por ejemplo, un email de prueba al juzgado filipino, hace falta hacer acta notarial, luego apostillar el acta (Apostilla de la Haya que le da validez internacional) y, finalmente, pagar la traducción jurada”, además, si piden los documentos físicamente hay que pagar un envío de paquetería internacional. En la parte del caso que se juzga en España, en definitiva, no cuesta nada aportar las pruebas. Sin embargo, cada documento que se aporta al juzgado del extranjero cuesta unos 400 euros antes de terminar en la mesa del juez.
Las cuatro hermanas de las menores han iniciado una campaña para pedir el cambio legislativo urgente que se requiere en un mundo globalizado. Tienen reuniones esta semana misma con diversos partidos del Parlament de Catalunya. Laura Rodríguez apuntilla: “No es de recibo que sea tan fácil robar unos niños. La clase política debe actuar”.
Desde que se hizo público este caso, la familia ha tenido conocimiento de tres sustracciones más de menores, las tres de madres, donde una de ellas perdió de vista a su hija para siempre.