La pregunta del millón: siendo las leyes españolas especialmente protectoras de la convivencia familiar, ¿por qué Regina Magundayao se niega a comparecer en el expediente de divorcio abierto en España? ¿Qué puede haber en la demanda de divorcio que la madre sustractora tema por encima de las demás cosas?
Diario16+ ha tenido acceso a un documento que fue enviado a la Embajada Española en Filipinas y a las autoridades de aquel país. Se trata de un dossier que recoge pruebas (entre ellas, numerosos videos y testimonios) de la situación de coacción que sufría el padre y, por extensión, el resto de la familia, por parte de Regina.
La madre sustractora sufría, cada cierto tiempo, violentos brotes de ira en los que agredía a su marido, le tiraba todo tipo de objetos y perdía totalmente el control. Entraba en un estado tan fuera de sí que ni se daba cuenta que la grababan. Por poner algunos ejemplos: en una ocasión las hijas llegaron a casa y el comedor estaba destrozado, en otra agarró a Gerard (uno de los niños sustraídos ilegalmente) violentamente y se encerró en la habitación (el pequeño gritaba porque en aquel momento tenía miedo a su madre) y en una tercera lanzó un parque bebé contra las hermanas del pequeño. Durante siete años, incluso delante de amigos o conocidos, se produjeron estos brotes y bastantes otros, que la familia no supo o no pudo gestionar.
Como sucede a veces estos casos, después de estos brotes, ella lloraba, se arrepentía, se disculpaba y era extremadamente amable, como si su mente fuera otra después del ataque. Entonces la familia tenía unos meses de paz, donde Regina era un auténtico encanto, hasta que se producía el siguiente brote.
La primera llamada a la policía autonómica
La pareja tuvo un año y medio de noviazgo, donde todo era perfecto, hasta que se casaron en junio de 2016. A los pocos meses, en una discusión, el padre se quedó en shock ante la situación insólita, para él, de ser atacado por su pareja. Llamó a la policía y saltó por la ventana para llegar a casa de los vecinos. La patrulla tardó veinte minutos en presentarse, pero pudo hacerse cargo de la situación. Este altercado sirvió para que ella entendiera que no podía ir atacando como si nada a los demás, en el seno de la familia, y los brotes desaparecieron durante unos meses.
Sin embargo, Regina volvió a las andadas, llegó a agredir al marido mientras este dormía, y de este modo se llegó a una relación anómala, donde las hijas iban menos a casa del padre, y cuando lo hacían, al entrar, era rutinario preguntar “¿Cómo están las cosas con Regina? ¿Estás bien?”.
Laura Rodríguez Caro, portavoz de la familia, explica que le consta que “hicieron todo tipo de esfuerzos para intentar resolver este problema de agresividad. Al principio intentaban hablar con ella y reconducir la situación, pero luego creo que, de alguna manera, todos se adaptaron a una realidad que les superaba. Y lo que nadie manifestaba abiertamente era el miedo a una denuncia falsa por parte de ella”.
La relación entre Regina y su marido pasó por un momento pacífico, curiosamente, durante la pandemia, y hasta que la pequeña Laia (la otra niña sustraída ilegalmente) cumplió un año. Por un momento, quizá un año y medio, la familia creyó que se había acabado la pesadilla.
A mediados del año 2021, sin embargo, la convivencia se deterioró y al poco hablaron cada vez más de divorciarse. No corría prisa y, de vez en cuando, alguno de los dos hacía un esfuerzo por salvar la relación. Por otra parte, Regina viajaba cada vez más frecuentemente a Filipinas, por periodos más largos, lo cual ayudaba en parte a que no hubiera conflictos. Pero ello desembocó en que, prácticamente, la pareja hacía vidas separadas desde el año 2023, con la mirada puesta en esperar a que ella consiguiera la nacionalidad y luego divorciarse.
Los niños cumplen un mes y medio encerrados en casa
A la hora de redactar esta noticia se cumple un mes y medio que Regina mantiene a los niños encerrados en casa, sin ir a la escuela y aislados de los vecinos. Los servicios sociales filipinos (DSWD) están monitorizando el caso y la han visitado ya dos veces desde el 23 de junio, fecha de su encierro.
De todas formas, la autoridad de la DSWD está limitada. Corresponde a los tribunales de justicia filipinos aplicar el Convenio de la Haya y ordenar la repatriación de los menores.
Rodríguez Caro cuenta que, después de ser los niños retenidos en Filipinas en septiembre del año pasado, la familia investigó a fondo lo que Regina había escondido sobre su agresividad. Recopilaron testimonios de vecinos, amigos y parientes, que pusieron al descubierto numerosos antecedentes, demasiados, de agresiones similares durante toda su juventud, tanto a compañeros de colegio, como vecinos, como incluso sus propios hermanos. “Las autoridades filipinas deben entender que no es un caso normal de separación, tenemos a dos niños en manos de una madre que en cualquier momento perderá el control. Se deben tomar medidas ya mismo. Y lo que está claro es que esta mujer necesita urgentemente apoyo psicológico”, advierte Rodríguez Caro.