Tal y como ha publicado Diario16 a través de diferentes exclusivas, la querella presentada por Eduardo Martín-Duarte, abogado y accionista de Banco Santander, contra Banco Santander, Ana Patricia Botín, Javier Botín, Guillermo Morenés (hermano y marido de la presidenta de la entidad, respectivamente) y otros altos ejecutivos, muchos de ellos que ahora trabajan en el fondo Notz Stucki tras terminar la comercialización de los productos de Madoff.
La querella, en la que se acusa de la comisión de los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita, fue presentada el 2 de diciembre de 2022 y admitida a trámite sólo tres días después por considerar el juez que los hechos podrían ser delictivos. Sin embargo, Pedraz, durante 5 meses no notificó al querellante ninguna de las diligencias practicadas ni los informes de la Fiscalía, hasta que el juez decidió que no era competente para no instruir esta causa.
La Justicia española parece que no quiere reabrir la causa de la estafa piramidal de Bernard Madoff a través de Banco Santander. Esto es algo evidente si se analizan con detenimiento las decisiones que se han adoptado en los últimos meses en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Santiago Juan Pedraz.
En cualquier otro país civilizado sorprendería que un juez se negara a investigar una causa en la que se le da la oportunidad de crear una verdadera obra de arte jurídica. Sin embargo, en España, estando el Santander de por medio, esa renuncia es algo ya demasiado habitual.
No obstante, la documentación que se está aportando, que en muchos casos es inédita en España y a la que Diario16 está teniendo acceso, estaría demostrando la existencia de una relación entre Madoff, el Santander, Ana Patricia Botín y el resto de querellados y las presuntas irregularidades cometidas en la comercialización de los productos de una de las mayores estafas piramidales de la historia.
Denuncia ante los supervisores
La gravedad de las irregularidades que se muestra en la documentación inédita ha hecho que Martín-Duarte no se haya quedado en la vía judicial y dé un paso más: los supervisores.
En concreto, se ha presentado una denuncia ante el Banco de España (BdE) y el Banco Central Europeo (BCE) en la que se reclama la retirada de la licencia bancaria a Banco Santander y la inhabilitación de su presidenta, Ana Patricia Botín, para ejercer el cargo que desarrolla en la actualidad.
En la denuncia, a la que Diario16 ha tenido acceso exclusivo, se denuncian una serie de gravísimas irregularidades, con soporte documental, entre las que destacan las dos reuniones mantenidas por Ana Patricia Botín con Madoff en Nueva York cuando ya se habían recibido informes internos que alertaban sobre la estafa piramidal, la creación de nuevas gestoras por parte de Javier Botín y Guillermo Morenés para seguir comercializando los productos de Madoff tras cerciorarse UBS de lo que era, en realidad, Madoff. Entre los documentos aportados se encuentran los correos electrónicos donde se informa a Manuel Echevarría de la estafa piramidal varios años antes de la detención de Madoff.
Según la denuncia, tanto los hechos como el soporte documental demostrarían la presunta comisión de «infracciones de la normativa de práctica bancaria, de la LMV, los códigos de buen gobierno de las entidades de crédito cotizadas, normativa complementaria y reglamentación comunitaria aplicable a dichas entidades; de los que se derivaría la vulneración de los deberes de sana, fiel, leal y diligente administración […] Pudieran ser constitutivos de infracción de las normas de disciplina, ordenación e intervención contenidas en la normativa aplicable a las entidades de crédito cotizadas (Ley 26/1988, Ley 10/2014, RD 84/2015, Ley 24/1988 LMV, RD 629/1993 y Código General de Conducta de los Mercados de Valores, Ley 6/2023, Circular 2/2016, Directiva 2013/36/UE, Reglamento 575/2013 UE, etc.), Ley de Sociedades Anónimas (“LSA”), Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) y reglamentación comunitaria complementaria».
Por otro lado, la denuncia también menciona que, a nivel de responsabilidad personal, se habrían vulnerado las normas de buen gobierno corporativo con infracción de los deberes de sana, diligente, fiel y leal administración que imponen la defensa de los intereses sociales y proscriben los conflictos de interés y el aprovechamiento de las oportunidades de negocio conocidas con ocasión del ejercicio del cargo.
Estas infracciones, según se indica en la denuncia de Martín-Duarte, presuntamente habrían sido ejecutadas por la más alta cúpula directiva de Banco Santander, Optimal, Banif, M&B, causando un grave perjuicio patrimonial a infinidad de clientes perjudicados en un fraude que ronda aproximadamente «los 4.000 millones de dólares defraudados entre el Banco Santander, Optimal, Banif y M&B, de los cuales 320 millones de euros lo fueron a “clientes de banca privada del Grupo en España” como expone la nota de prensa y hecho relevante de 15-12-08 del propio Banco Santander».
Esos altos directivos, algunos todavía en Banco Santander, otros salieron de Optimal o M&B para trabajar en Singular Bank o Notz Stucki, conocían, a través de durísimos y exhaustivos informes internos que los empleados remitieron, de la magnitud del fraude de Madoff.
Aún así, «consintieron y fomentaron el que sus clientes ‘colocaran’ hasta aproximadamente 4.000 millones de dólares en la estafa piramidal de BLMIS afecta a los requisitos de honorabilidad exigidos por la normativa para ostentar cargos de administración o gestión en entidades bancarias e intermediarios financieros, que pudiera conllevar su inhabilitación perpetua por su inidoneidad», afirma la denuncia.
Estas y otras presuntas irregularidades provocaron que el informe supuestamente estafado por los productos de Madoff comercializados a través de Banco Santander, empresas del grupo y afines superara los 4.000 millones de dólares, lo que lleva a Eduardo Martín-Duarte a reclamar la revocación de la licencia bancaria de la entidad.
Además, «la sanción que deberían recibir los responsables de la infracción, aparentemente las personas físicas mencionadas es la inhabilitación por el periodo de 10 años para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación, en su caso, de los cargos de administración o dirección que ocupan en la actualidad, multa y amonestación pública», concluye la denuncia.