Gobierno de Sánchez, gobierno de trileros

Hubo un tiempo en que el PSOE criticaba que los gobiernos del Partido Popular «colaran» enmiendas no coincidentes en las leyes para acelerar la aprobación de medidas sin pasar por el procedimiento legal parlamentario. Sin embargo, Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista en un remedo de su falta de escrúpulos y de su trilerismo, lo mismo que está ocurriendo con la acción del gobierno progresista.

Hubo un tiempo, cuando el Partido Socialista no era el cortijo autócrata que es ahora, en el que se denunció ante el Tribunal Constitucional que el gobierno de José María Aznar incluyera enmiendas como atajo para aprobar o derogar leyes sin pasar por el trámite parlamentario en el que los partidos de la oposición pudieran presentar enmiendas o, directamente, se opusieran.

El Constitucional sentenció en 2011 que las enmiendas a las iniciativas legislativas deben tener conexión con la materia de la ley que se quiere enmendar, lo que va en contra de estas «enmiendas no coincidentes».

Esta semana el gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a utilizar el trilerismo como modo de hacer política, un abuso del poder legislativo para conseguir réditos o calmar a los socios independentistas.

En los pactos entre el PSOE de Pedro Sánchez y el partido presidido por un prófugo de la Justicia, Junts reclamó la derogación del artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una herramienta jurídica que era un refuerzo legislativo para justificar la paralización de procesos judiciales en el caso de que se elevaran cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Evidentemente, este artículo afecta directamente a la aplicación de la Ley Sánchez de Amnistía, puesto que los distintos tribunales van a elevar cientos cuestiones prejudiciales al TJUE para verificar que la ley inconstitucional con la que Sánchez pagó su investidura se adecúa al derecho comunitario. Estas prejudiciales, además, contarán con el aval del dictamen de la Comisión de Venecia que planteaba serias dudas de legalidad de la amnistía. A esto hay que sumar los informes jurídicos, incluso del propio Letrado Mayor del Congreso de los Diputados (colocado por el PSOE), que detectaban evidentes causas de inconstitucionalidad.

La no derogación de este artículo 43bis fue una de las causas que esgrimió Junts para votar en contra de la amnistía en la primera votación en el Congreso de los Diputados. En concreto, el artículo afirmaba: «el auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del TJUE que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial».

El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, un hombre oscuro que se ha pasado al lado oscuro del sanchismo más radical en el que la mentira es uno de los principales cimientos, afirmó que había sido la propia Comisión Europea la que ha había exigido la inclusión en el derecho español el artículo 43bis de la LEC. Es más, Bolaños fue contundente al señalar que era una condición para recibir 10.000 millones de euros de fondos europeos.

Esta semana, el gobierno ha cedido ante las exigencias de Junts, para ello ha utilizado el trilerismo y el fraude político tan propio de Pedro Sánchez. Se ha aprovechado el paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, es decir, una medida de claro carácter social, para colar una enmienda que deroga el artículo 43bis de la LEC. Debe ser que el prófugo Puigdemont tiene prisa por volver.

La disposición colada del mismo modo en que los trileros «esconden la bolita» afirma que «queda derogado el artículo 43 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil». Sin complejos, como el whisky Dyc.

Sin embargo, la infamia del gobierno Sánchez fue más allá y aprovechó la Ley de Paridad para incluir dos enmiendas para arrebatar al Senado la capacidad de veto a la senda del déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Pedro Sánchez no ha tenido ningún tipo de escrúpulo para instrumentalizar la igualdad entre hombres y mujeres y utilizarla para saltarse la Constitución y arrebatar al Senado sus competencias. Un comportamiento que, además de demostrar que el presidente del Gobierno es un fitotepareuta del siglo XXI, revela nuevamente el desprecio a la Constitución cuando la Carta Magna va en contra de sus intereses. Ni Putin se atrevió a tanto.

La aprobación de estas enmiendas en la Ley de Paridad supone que los diputados y diputadas que votaron a favor de las mismas podrían haber cometido un presunto delito de prevaricación porque se salta toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, no es la primera vez que Sánchez no tiene escrúpulos para utilizar leyes de carácter social o de igualdad para «colar», en beneficio propio, enmiendas que solo le favorecen a él. Exactamente igual que hacía Franco. En el año 2018 llegó a utilizar la Ley de Violencia de Género para meter una enmienda que se saltaba el control del Senado.

El PSOE de Pedro Sánchez tiene la costumbre de justificar su falta de ética y su indignidad poniendo el ventilador para afirmar que el PP también lo hizo. Esto no es una justificación, porque cuando el PSOE era un partido serio, y no una secta, recurrió ante el Constitucional este tipo de comportamientos más propio de trileros que de demócratas.  El problema que tienen los socialistas es que su propio líder es el Trilero Mayor del Reino y, claro, en un entorno sectario y de sublimación de la personalidad del líder supremo, eso es tan contagioso como el ébola.