Pedro Sánchez y el PSOE pensaban que la Fiscalía podría parar la investigación a la esposa del presidente del Gobierno que se está instruyendo en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Para ello, la Fiscalía, el organismo que se ha convertido en el brazo armado judicial de Sánchez, presentó ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso de apelación con el que pretendían la revocación del auto de apertura de diligencias del juez que instruye la causa contra Begoña Gómez a decretar el archivo de las actuaciones.
Sin embargo, Sánchez y el PSOE han sufrido un durísimo revés tras la decisión de la Audiencia Provincial de rechazar dicho recurso a través de un auto en el que los magistrados también consideran que no debería haberse decretado el secreto de las actuaciones. Además, certifican que las actuaciones que se están llevando a cabo por el juez Peinado «son necesarias».
Si Begoña Gómez fuera del PP
La apertura de diligencias y la situación de imputada de la esposa del presidente del Gobierno por la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha vuelto a mostrar el sectarismo existente en la clase política española. La izquierda ha cerrado filas de un modo absolutamente radical, algo que no hubieran hecho si Begoña Gómez fuera la esposa de algún dirigente del Partido Popular. Eso sí, si esa situación fuese tal, la derecha estaría haciendo exactamente lo mismo que el PSOE.
Desde la izquierda, tanto desde los ámbitos políticos como mediáticos, se cita el informe de la UCO como el elemento clave para buscar el archivo de la causa contra «la presidenta del Gobierno», como denominó Patxi López a Begoña Gómez. ¿Lapsus o sinceridad espontánea? Eso solo lo sabe él.
Sin embargo, en el informe de la Guardia Civil hay un elemento que no es tan evidente como intentan vender desde la izquierda: la valoración final de los concursos públicos en los que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación en favor de la UTE de Juan Carlos Barrabés, empresario y consejero de Banco Santander.
El documento de la UCO reconoce que la UTE de Barrabés obtuvo la mayor puntuación en los criterios subjetivos de la adjudicación, cuando su valoración respecto a la oferta económica no había sido de las más altas. Es cierto que con la suma de las dos puntuaciones obtuvo la nota más alta, pero el hecho de que eso se produjera en función de criterios subjetivos, donde sí tienen peso específico las recomendaciones y avales de terceros es causa para que se investigue judicialmente si hubo o no tráfico de influencias. Sobre todo si la firmante de una de esas cartas es la esposa del presidente del Gobierno.
Quien haya participado en concursos públicos sabe que si en los pliegos el 40% de la valoración final depende de criterios subjetivos, las recomendaciones o avales de terceros se vuelven fundamentales. En consecuencia, es normal que se generen sospechas sobre esos concursos. Mucho más si se tiene en cuenta que los competidores de la UTE de Barrabés son grandes empresas del sector con amplia experiencia en la participación en licitaciones públicas.