Parece imposible que esto pueda estar pasando. Ferrovial es una de las empresas constructoras más importantes del estado y, le debe el éxito de su nacimiento y su desarrollo posterior, durante décadas en España gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles y ahora, muestra esta falta de compromiso con su país, que se lo ha dado todo. Es una decisión que va contra el interés y contra la imagen de España.
Como resulta del todo comprensible, el hecho que Ferrovial traslade la sede social a los Países Bajos ha disgustado, y mucho en el gobierno de Pedro Sánchez. El hecho y el motivo esgrimido por la empresa constructora es antológico, sobre todo porque esconde o disimula la verdadera razón de su fuga (pagar menos impuestos). Ferrovial ha dicho que en los Países Bajos encontrará más seguridad jurídica que no en España.
Esto que ha hecho Ferrovial es votar, pero votar a la manera que se lo pueden permitir algunas grandes empresas, o sea, castigando los gobiernos que no los favorecen bastante (?). Por si quedaba alguna duda, la inefable Ayuso lo ha puesto por escrito: “La salida de Ferrovial de España confirma que Sánchez se estima más un país sin empresas antes de que dar marcha atrás de su política fiscal, que nos arruinará”.
El 2017, cuando la policía nacional y la guardia civil salían hacia Cataluña aclamados cómo si fueran héroes camino de la guerra, dije a la opinión pública española que no cayeran en la alegría del prisionero que ve que castigan otro, porque si nos lo podían hacer a nosotros, algún día se lo podían hacer a ellos. Pues ahora les ha tocado a ellos (y en cuanto al bolsillo, nos toca a todos). Claro que, para salvar la situación, quizás todavía queda el comodín de la llamada del rey a las empresas para que no hagan cómo Ferrovial y no se vayan.
Este grupo empresarial ha anunciado la voluntad de, mediante una fusión inversa, radicarse en los Países Bajos. Desde el punto de vista estrictamente económico tiene pocas consecuencias, puesto que hace tiempos que dejó de ser una empresa española. De hecho, con el comienzo de este siglo se fue convirtiendo en una corporación multinacional conformada por centenares de filiales, 65 de las cuales operan en paraísos fiscales. La actividad en España no llega ni siquiera al 20% de su negocio.
Tiene las raíces, pero el árbol ha crecido más allá de las fronteras. El dinero y todavía menos las grandes empresas que se deben a accionariados solo pendientes de los dividendos repartidos no tienen “patria”. Cómo todas las grandes corporaciones desde la globalización económica, que empezó ya hace casi cuarenta años, su ámbito de acción es el mundo, y tanto en la producción como en la radicación, pero sobre todo por la fiscalidad, son de donde les conviene o de en ninguna parte.
Si repasamos su historia observaremos algunas curiosidades que, el gran público ignora. Nació a comienzos de la década de los años cincuenta, cuando la España franquista empezaba a optar para hacer grandes obras y necesitaba operadores propios y fieles. Se creó de la mano de una familia acólita del régimen, los Del Pino, emparentados con los Milanos del Bosch y que después se fusionarían con los Calvo Sotelo.
Durante los primeros años vivió gracias a las grandes concesiones a dedo que hacía el franquismo: adjudicación casi en exclusiva de las obras ferroviarias (de aquí le viene su nombre), después las primeras autopistas, la primera línea de tren de alta velocidad. Compra Agromán y entra en las grandes obras de la Barcelona olímpica, además de la Expo de Sevilla o el Museo Guggenheim de Bilbao.
La pretensión de radicarse en Holanda se hace, por intereses fiscales y no por el argumento que utilizan sobre “seguridad jurídica”, mejor financiación o facilidad para hacer el salto a cotizar en Wall Street. Y estos intereses fiscales no son tanto los de la compañía como los de la familia Del Pino, interesados en cobrar y liquidar fiscalmente en un país que facilita la elusión fiscal y que es el rey de la triangulación hacia los paraísos fiscales.
Que marche una de las grandes empresas del Ibex, con un valor bursátil de 18.000 millones de euros, es un mal mensaje para la marca España, con el riesgo, además, que otros quieran seguir su ejemplo. Esta es la verdadera importancia, más que no su actividad en el país. Por eso el gobierno español ha salido en tromba a criticar esta falta de espíritu nacional, mientras el PP sonríe con poco disimulada satisfacción. Y tiene su razón el gobierno, puesto que no es justo que un grupo beneficiario por las adjudicaciones públicas y de todo tipo de favores gubernamentales desde siempre, ahora se marche dando un portazo como si se le hubiera tratado mal.
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? La cuestión no es la seguridad jurídica, más bien pienso que se trata del problema pecuniario que mueve el gran capital, en todas partes y a todos los niveles. ¿Recuerdan a Francisco de Quevedo (1580-1645), y su obra más famosa “Poderoso Caballero es Don Dinero”? ¿Lo recuerdan verdad? Pues esta es, ni más ni menos, la verdad de la cuestión.
