Inspección general a la banca española: ¿darán Sánchez e Iglesias ese paso?

En el año 2017 Australia decidió crear una comisión oficial para investigar las malas prácticas de sus entidades bancarias en los préstamos hipotecarios y en los créditos para la compra de automóviles. Esta decisión se adoptó tras comprobar que los principales bancos ⸺Banco Nacional Australia (NAB), el Banco Commonwealth, el Westpac y el ANZ⸺ habían comercializado estos productos de manera poco transparente con un perjuicio calculado en más de 1.000 millones de euros. Las principales conclusiones de dicha investigación pueden consultarse AQUÍ.

Algo similar ocurrió en Reino Unido con el mayor escándalo financiero de su historia. Payment Protectión Insurance (PPI). Así es como está denominado el mayor escándalo bancario de Reino Unido. Todo viene de la venta de un seguro de protección de pagos vendido junto con préstamos no garantizados, tarjetas de crédito e hipotecas. Se comercializó indiscriminadamente a consumidores que conforme a las cláusulas no podían reclamarlo.

Los bancos que vendieron los PPI recibían una comisión de hasta el 87% de las primas pagadas por el cliente, de forma que, por ejemplo, el banco que vendía una póliza PPI con un coste de 10.000 libras se embolsaba 8.700 de comisión. Los PPI representaban más de una tercera parte de las ganancias de la banca en los años de su comercialización masificada, lo que le hacía un producto muy rentable para las entidades bancarias a costa de sus clientes.

Los reguladores británicos declararon su ilicitud y obligaron a todos los bancos involucrados en el fraude que comercializaron indebidamente a indemnizar a los clientes afectados. La suma de las indemnizaciones superaría los 53.000 millones de libras (59.511 millones de euros). Su venta ha sido calificada por algunos medios ingleses como «estafa». Según el grupo de expertos y el foro de servicios financieros New City Agenda el coste de las indemnizaciones es cinco veces mayor que el de los Juegos Olímpicos celebrados en 2012 en Londres. En este escándalo estuvo también implicado el Santander y afectó a 2,7 millones de sus clientes británicos, hecho por el que la entidad presidida por Ana Patricia Botín tuvo que provisionar 1.800 millones de libras esterlinas para indemnizarlos.

Sin embargo, en España no se hace nada a pesar de que el número de casos de cláusulas abusivas y comercializadas con falta de transparencia es tan elevado que podría demostrar que esas malas prácticas estarían incluidas dentro de los planes de negocio de todas las entidades financieras españolas.

IRPH, cláusulas suelo, acciones preferentes, Valores Santander, swaps, gastos hipotecarios, pago de impuestos en préstamos o las comisiones abusivas son algunos de los casos en los que los ciudadanos se ven obligados a acudir a la vía judicial para que el dinero invertido en productos muy complejos que fueron vendidos de manera poco transparente al sector minorista o el dinero pagado de más por la aplicación de cláusulas que la Justicia ha declarado abusivas.

La proliferación de estos grandes casos en los tribunales debía provocar que el Gobierno, que por coherencia ideológica estaría obligado a defender a los ciudadanos y ciudadanas de los abusos de los poderosos, iniciara una Comisión Oficial que incluyera una auditoría general de la situación real en la que se encuentras las entidades españolas. Sería un acto de justicia y de dignidad hacia los ciudadanos y ciudadanas de este país que confían en sus bancos y que, de un día para otro, se podrían hallar en la situación de haber perdido los ahorros de toda la vida porque tal o cual banco ha ocultado en sus balances, a través de ingeniería financiera, agujeros de los que no se puede recuperar.

Si el sistema financiero de un país necesita de la venta de productos que incluyen cláusulas abusivas o que se venden de manera poco transparente, significa que hay una necesidad de captar dinero como sea y, en consecuencia, que la situación real de las cuentas no es la que se publica cada trimestre en las respectivas presentaciones de resultados.

Un ejemplo de esos movimientos contables lo encontramos en las cuentas del Santander del ejercicio 2017. Tal y como hemos publicado en Diario16 en base a un análisis de esos resultados y a informes presentados ante diferentes órganos judiciales, el banco cántabro movió pérdidas de más de 7.000 millones de euros provocadas por el cambio de divisas a patrimonio y, de este modo, evitar que impactara en la cuenta de resultados.

Un Gobierno como el liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias Turrión no puede permitir que la banca española vuelva a necesitar de dinero público para sobrevivir. Por esa razón, además de para proteger a la ciudadanía, es fundamental que se inicien duras inspecciones generales a todas y cada una de las entidades financieras para verificar su situación real.

Si hacemos una valoración del impacto de los productos o cláusulas abusivas, nos encontramos con una factura de más de 150.000 millones de euros que los clientes han aportado a los bancos a través de comercializaciones poco transparentes o de contratos que, en realidad, se convierten en verdaderos contratos de adhesión, es decir, sin capacidad de negociación por parte del cliente.

Ya ha quedado claro que las multas o las sanciones de los reguladores son insuficientes. Incluso, son rentables, tal y como hemos visto recientemente en Estados Unidos cuando JP Morgan está dispuesto a pagar una multa de 1.000 millones por manipular el mercado. Por ello es fundamental que en España se dé un paso similar al que dieron Australia y Reino Unido e imponer sanciones ejemplarizantes que sufraguen el daño causado y, si fuera necesario, la retirada de licencia bancaria.

Por otro lado, una comisión de este tipo no puede quedarse sólo en las entidades, sino que debe abrirse a los banqueros y banqueras para determinar si, por ejemplo, podrían estar realizando negocios paralelos bajo el paraguas de sus bancos o de sus cargos. Pero ese es otro tema en el que ya profundizaremos.

Las irregularidades de la banca también repercuten en aspectos que, posteriormente, afectan al Gobierno como, por ejemplo, la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo mientras los bancos obtienen miles de millones de euros de beneficios. Esta voracidad para aumentar la rentabilidad a través de la reducción de costes laborales no es otra cosa que la demostración de la deshumanización a la que ha llegado el sector bancario y su separación definitiva de su labor en la sociedad.  

En consecuencia, la responsabilidad de servicio a la ciudadanía de un gobierno pasa por la protección de sus intereses. Tanto Sánchez como Iglesias están obligados por ideología y por ética a poner en marcha este dispositivo que se justifica por las actividades de la banca en los últimos años y la proliferación de cláusulas abusivas y productos comercializados sin ningún tipo de transparencia. Así lo hacen en otros países. ¿Por qué España se queda al margen de una práctica que no es inhabitual? ¿Acaso hay intereses ocultos, incluso en un gobierno formado por una coalición de partidos de izquierdas? El tiempo y los hechos lo dirán.

Al fin y al cabo, como dijo Jean Ziegler, «debería constituirse un nuevo Tribunal de Nuremberg para juzgar por crímenes contra la Humanidad a los que especulan en bolsa a nivel mundial con el precio de los alimentos, y a los banqueros responsables del crash financiero».