En los manuales de administración pública, la “asignación presupuestaria” es un proceso gris y técnico. La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) libera los fondos que el Congreso ya aprobó, asegurando que las agencias federales no se queden sin dinero a mitad del año fiscal ni gasten más de lo permitido. Un trámite anodino, casi mecánico. Sin embargo, bajo la Administración Trump este engranaje se transformó en un mecanismo de poder opaco, diseñado no para ejecutar la voluntad del Congreso, sino para torcerla.
Un conjunto de 1.800 documentos internos, a los que Diario16+ ha tenido acceso, revela hasta qué punto la Casa Blanca utilizó este proceso burocrático para imponer sus prioridades políticas. Retrasos sistemáticos, fondos congelados sin justificación y condiciones adicionales ocultas convirtieron lo que debía ser un procedimiento rutinario en un instrumento de control ideológico. El efecto inmediato fue paralizar programas de salud pública, investigación médica y desarrollo comunitario. El efecto más duradero: erosionar la confianza en el principio constitucional básico de que es el Congreso, y no el presidente, quien controla el poder de la bolsa.
La maniobra no es del todo nueva. En su primer mandato, Donald Trump retuvo de forma ilegal ayuda militar a Ucrania en un intento de presionar a Kiev, un episodio que derivó en su primer proceso de impeachment. Como respuesta, el Congreso aprobó, con inusual consenso bipartidista, una norma que obligaba a la OMB a publicar de forma transparente las asignaciones. El objetivo era claro: evitar que la Casa Blanca pudiera volver a esconder los hilos de la marioneta presupuestaria.
Lo que muestran los documentos de este año es que, lejos de corregir la práctica, la Administración Trump la perfeccionó.
Tres tácticas de poder oculto
La estrategia descansaba en tres pilares. Primero, retrasar las aprobaciones mucho más allá de los plazos legales. En 2024, la OMB aprobó más de 100 asignaciones para el Departamento de Salud y Servicios Humanos dentro de los 30 días requeridos; en 2025, en ese mismo período, apenas alcanzó una decena. Segundo, condicionar el acceso a los fondos a la entrega de planes de gasto adicionales, en los que las agencias debían demostrar cómo sus prioridades se alineaban con la agenda de la Casa Blanca. Tercero, clasificar miles de millones de dólares como “no asignados”, manteniéndolos en un limbo contable que, en la práctica, los hacía inaccesibles.
Este arsenal burocrático permitió algo extraordinario: que la Administración, sin cambiar una sola ley, pudiera bloquear o ralentizar programas votados por el Congreso y firmados por el presidente.
El coste humano detrás de la técnica
El caso más notorio fue el de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Fondos destinados a la investigación en cáncer, diabetes y enfermedades crónicas quedaron congelados durante meses. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vieron su presupuesto para programas de prevención bloqueado hasta finales de julio, apenas dos meses antes del cierre del año fiscal. Esto significó retrasos en subvenciones críticas para campañas contra la obesidad, la salud cardiovascular y la prevención de lesiones.
En el ámbito económico, el Fondo de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI), creado para estimular la inversión en barrios marginados, quedó en suspenso durante más de cuatro meses. Solo tras la presión de 26 senadores de ambos partidos se liberó parte del dinero administrativo. El resto, destinado a adjudicaciones, seguía sin moverse a finales del verano.
El fantasma de la confiscación
En varios casos, la OMB etiquetó sumas millonarias como “no asignadas”. Más de 1.100 millones de dólares en el Departamento de Educación (para programas de innovación y para el Instituto de Ciencias de la Educación) quedaron atrapados en esa categoría. La práctica no solo es inusual; es ilegal, pues equivale a confiscar fondos que, por ley, deben usarse para un propósito específico.
Esta práctica esconde un cálculo más profundo: dejar caducar los fondos para, de facto, desfinanciar los programas, y luego justificar recortes en el presupuesto del año siguiente.
Ataque al equilibrio de poderes
El Congreso tiene la potestad constitucional exclusiva de decidir cómo se gasta el dinero público. El presidente puede vetar una ley de asignaciones, pero una vez aprobada, su deber es ejecutarla. Lo que los documentos muestran es un intento sistemático de desdibujar ese principio.
La Casa Blanca ha defendido que la OMB solo busca garantizar un “uso eficiente y responsable de los fondos”. Pero la evidencia sugiere algo más: un esfuerzo por reorientar la maquinaria del Estado hacia los objetivos políticos de la Administración, incluso a costa de contradecir la letra de la ley.
Legado de la opacidad
Más allá de la batalla legal que previsiblemente seguirá, el episodio deja una pregunta inquietante: ¿qué ocurre con la democracia cuando los instrumentos técnicos de la administración —invisibles para la mayoría de los ciudadanos— se convierten en herramientas de poder partidista?
En teoría, el sistema estadounidense está diseñado para resistir este tipo de abusos. En la práctica, el episodio ilustra lo vulnerables que son los mecanismos de control frente a un Ejecutivo dispuesto a usarlos como arma política. El resultado no es solo un retroceso en la transparencia, sino también una señal de advertencia: en Washington, la burocracia ya no es un terreno neutral, sino otro frente en la guerra política.