La agencia de la ONU de la infancia, UNICEF, estima que el 28% de las mujeres afganas en la franja de edad entre los 15 y los 49 años se casaron antes de la mayoría de edad, e insta a las autoridades de facto a priorizar la reapertura de las escuelas para todas las niñas de secundaria y a permitir que las profesoras vuelvan a sus puestos de trabajo.
Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, ha manifestado su preocupación ante las informaciones que corroboran esta información e indicó que ha recibido «noticias creíbles de familias que ofrecen a sus hijas de tan sólo 20 días para un futuro matrimonio a cambio de una dote».
Esta tendencia no es nueva y que ya se producía antes de la reciente inestabilidad política en el país. Solo en las provincias de Herat y Baghdis, los socios de UNICEF detectaron 183 matrimonios infantiles y 10 casos de venta de niños durante 2018 y 2019. Los menores implicados tenían entre 6 meses y 17 años.
Las adolescentes no pueden ir a la escuela
A esta compleja coyuntura se le ha de añadir que tanto la pandemia del Covid19, como la actual crisis alimentaria y la llegada del invierno han agravado aún más la situación de las familias.
«La gravísima situación económica de Afganistán está sumiendo a más familias en la pobreza y obligándolas a tomar decisiones desesperadas, como poner a los niños a trabajar y casar a las niñas a una edad temprana», alertó Fore y recordó que, en 2020, «casi la mitad de la población de Afganistán era tan pobre que carecía de necesidades como la nutrición básica o el agua potable».
Otra de las circunstancias que incrementa el riesgo de matrimonio infantil es que a la mayoría de las adolescentes todavía no se les ha permitido regresar a las aulas.
Entre los peligros que corren estas niñas está, precisamente, la menor probabilidad de que permanezcan en la escuela y el mayor riesgo de que sufran violencia de género, discriminación, problemas de salud mental y mayor vulnerabilidad a las complicaciones durante el embarazo y el parto.
UNICEF prevé trabajar con los líderes religiosos para asegurarse de que no participan en los acuerdos de matrimonio de las jóvenes, denominados Nekah. Sin embargo, todas estas medidas no son suficientes.
Las autoridades centrales, provinciales y locales tienen que tomar medidas concretas para apoyar y proteger a las familias y a las niñas más vulnerables. Además, se debe priorizar la reapertura de las escuelas para todas las niñas de secundaria y permitir que las profesoras vuelvan a sus puestos de trabajo sin más retrasos. Está en juego el futuro de toda una generación.