Donald Trump no esconde su envidia hacia líderes autoritarios como Nayib Bukele o Vladimir Putin. El actual presidente de los Estados Unidos lleva intentando revertir los controles democráticos, quitar poder a las cámaras legislativas, para aumentar la capacidad de imposición de la Casa Blanca. Y así lo está imponiendo en el partido por el que se presentó a las elecciones que ha pasado de ser la formación republicana a convertirse en la secta MAGA.
En un giro que recuerda a las peores prácticas del autoritarismo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ordenado la detención forzosa de congresistas demócratas que abandonaron el estado para bloquear una votación legislativa impulsada por la mayoría republicana. La medida, que apunta directamente contra el derecho a la disidencia parlamentaria, ha sido interpretada por analistas, juristas y sectores de la oposición como un acto de persecución política descarada.
Los legisladores demócratas, que abandonaron Texas para impedir el quórum necesario para aprobar un nuevo mapa electoral manipulado, fueron tildados por Abbott de "desertores" y acusados de traicionar a los tejanos. Sin embargo, lo que el gobernador omite es que la iniciativa que intentaban frenar les otorgaría cinco escaños adicionales a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, redibujando distritos con criterios abiertamente partidistas.
“El incumplimiento del deber tiene consecuencias”, declaró Abbott, al justificar su orden de arresto contra colegas elegidos democráticamente que decidieron ejercer un derecho básico: oponerse a una legislación que consideran profundamente antidemocrática.
Maniobra de fuerza para blindar el poder
El episodio marca un nuevo capítulo en el endurecimiento institucional del gobierno de Abbott, cada vez más alejado del marco democrático. Con mayoría en la Cámara de Representantes estatal (88 de 150 escaños), los republicanos buscaban avanzar en una votación que reconfiguraría los distritos electorales a su favor, debilitando la representación de comunidades urbanas y minorías raciales.
Para evitarlo, 51 de los 62 legisladores demócratas abandonaron Texas el domingo por la noche, dejando sin quórum la sesión. En lugar de iniciar una negociación política, el gobernador optó por judicializar el desacuerdo y amenazar con el uso de la fuerza policial para traer de vuelta a los diputados rebeldes.
Abuso de poder y criminalización del disenso
A pesar de que el abandono del quórum no es un delito penal en Texas, sino una falta civil de carácter menor, Abbott ordenó al Departamento de Seguridad Pública que “localice, arreste y devuelva” a los legisladores, en un lenguaje más propio de una dictadura que de una democracia liberal.
“Esta orden permanecerá en vigor hasta que todos los miembros demócratas desaparecidos sean localizados y llevados al Capitolio”, sentenció, dejando en claro su voluntad de convertir la diferencia política en delito.
El presidente de la Cámara, Dustin Burrows, aliado del gobernador, también emitió órdenes judiciales contra los congresistas ausentes, alineándose con una estrategia que no busca consenso, sino castigar la disidencia.
Silenciar a la oposición
Esta no es la primera vez que los republicanos en Texas recurren a tácticas coercitivas para imponer su agenda electoral. En 2021, los demócratas ya habían salido del estado para impedir otra ley que restringía el acceso al voto. Ahora, con el control institucional reforzado y el precedente de haber logrado cambios profundos en la ley electoral, Abbott parece decidido a aplastar cualquier intento de resistencia democrática.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles y constitucionalistas ya han alertado sobre el uso indebido del aparato estatal para coaccionar a legisladores, subrayando el peligroso precedente que esto representa. Esta no es una disputa técnica sobre procedimientos legislativos: es un intento de consolidación del poder por la fuerza y la manipulación institucional.
Legitimación de la persecución política
El gobernador insiste en que su agenda también incluye ayudas por inundaciones y desgravaciones fiscales, pero ha sido incapaz de explicar por qué prioriza el rediseño de los distritos electorales y responde con detenciones a quienes se oponen. Para los críticos, se trata de una estrategia para asegurar el dominio republicano en Texas durante la próxima década, eliminando la competencia política por vía administrativa.
Al criminalizar el desacuerdo, Abbott no solo vulnera el espíritu del parlamentarismo democrático, sino que legitima la idea de que la disidencia debe ser castigada, no escuchada. El episodio en Texas se suma a una peligrosa tendencia nacional donde el uso del poder coercitivo para acallar voces opositoras comienza a normalizarse.
En lugar de gobernar desde el consenso, Greg Abbott ha optado por la represión institucionalizada, transformando un conflicto político legítimo en una persecución que ensombrece la democracia tejana.