En medio de la nueva guerra entre Israel y Hamás, Banco Santander financió con 4.750 millones de dólares proyectos de infraestructuras y construcción en Israel que, según el derecho internacional, son ilegales.
Así se indica en una investigación, a la que Diario16 ha tenido acceso, en la que se señala que 674 bancos, entre los que se encuentra Banco Santander y otras entidades españolas, proporcionaron 114.000 millones de dólares en préstamos y suscripciones, además de mantener inversiones por un total de 141.000 millones en acciones y bonos de las empresas que realizan proyectos en los asentamientos ilegales de Israel.
Según el informe, Banco Santander se encuentra en el séptimo lugar (de 674 entidades financieras) de financiación de estos proyectos en los asentamientos ilegales de Israel.
En concreto financió un total de 4.750 millones de dólares a empresas como ACS Group (Florentino Pérez), Alstom, Cemex, CNH Industrial, eDreams ODIGEO, HPE, MAN Group, Motorola Solutions, Siemens, Terex y Volvo Group.
En el Top 10 se encuentran viejos conocidos del Santander como HSBC o BNP y otras grandes entidades como Barclays, Deutsche Bank o ING.
Human Rights Watch declaró como crímenes de lesa humanidad la ocupación ilegal de Palestina por parte de Israel, no sólo por la violencia ejercida por parte del Ejército, sino también por la construcción de las colonias ilegales que suelen ser ocupadas por fanáticos ultrasionistas que actúan contra el pueblo palestino del mismo modo que hicieron los nazis contra el pueblo judío durante el Holocausto.
Los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional y constituyen actos que incurren en responsabilidad penal individual como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). El Santander está financiando, en consecuencia, proyectos que van en contra del derecho internacional y que podrían ser calificados como crímenes de lesa humanidad.
Tanto Santander como el resto de las entidades financieras continúan invirtiendo miles de millones en empresas que participan activamente en proyectos de asentamientos israelíes. Estas empresas e instituciones financieras desempeñan un papel fundamental para facilitar el crecimiento de la viabilidad económica de los asentamientos israelíes. ¿Por qué Sánchez y el resto de los presidentes de la democracia española, socialistas y populares, siguen protegiendo a este banco vinculado con actividades como las denunciadas en el informe?
Según Michael Lynk, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, «la participación de estas corporaciones en los asentamientos, a través de inversiones, préstamos bancarios, extracción de recursos, contratos de infraestructura y acuerdos de suministro de equipos y productos, les proporciona [a los colonos israelíes] el oxígeno económico indispensable que necesitan para crecer y prosperar».
Por otro lado, el informe es claro al afirmar que estas empresas, acreedores e inversionistas tienen la responsabilidad de garantizar que no estén involucrados en violaciones del derecho internacional y no sean cómplices de crímenes internacionales, además de abordar cualquier impacto adverso sobre los derechos humanos que surja de sus actividades comerciales y relaciones financieras, según el informe.
El Santander y el resto de las entidades financieras internacionales mencionadas en la investigación, tienen la responsabilidad de utilizar su apalancamiento para garantizar que sus empresas participadas actúen de forma responsable y de conformidad con las normas del derecho internacional, y, por supuesto, de desinvertir de aquellas que no pueden o no quieren hacerlo.
Así lo hizo el Kommunal Landspensjonskasse (KLP) y el Fondo de Pensiones Global del Gobierno de Noruega (GPFG).
KLP es el fondo de pensiones más grande de Noruega. En julio de 2021 se separó de 16 empresas vinculadas a los asentamientos ilegales de Israel. De manera similar, GPFG anunció en septiembre de 2021 que excluirá a tres empresas que participan activamente en los asentamientos israelíes.
Las 19 empresas excluidas por KLP y GPFG se incluyeron en la base de datos de la ONU de empresas involucradas en actividades relacionadas con los asentamientos ilegales israelíes en los territorios.