La Asamblea Legislativa de El Salvador, con amplia mayoría de aliados del presidente Nayib Bukele, aprobó una controvertida reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida. Con 67 votos a favor de los 84 diputados presentes, pertenecientes mayoritariamente al partido oficialista Nuevas Ideas, se eliminó uno de los últimos obstáculos legales que impedían al mandatario aspirar a perpetuarse en el poder.
La reforma se centra en la modificación del artículo 152 de la Constitución. El texto original estipulaba de manera inequívoca que "el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio", añadiendo expresamente que "no podrá ser reelegido" el presidente saliente. La enmienda aprobada elimina precisamente esa frase clave que prohibía la reelección consecutiva.
Los diputados oficialistas defendieron la medida argumentando que no se trata de una habilitación nueva, sino de una "aclaración constitucional" técnica. Su justificación se basa en una polémica resolución emitida en 2021 por la Sala de lo Constitucional (también bajo control de figuras afines a Bukele) que interpretó entonces que la prohibición de reelección inmediata no sería aplicable si el presidente abandonaba el cargo seis meses antes de las elecciones. Esa interpretación permitió a Bukele presentarse y ganar su segundo mandato consecutivo en 2024. Según los legisladores de Nuevas Ideas, eliminar explícitamente la frase "no podrá ser reelegido" simplemente busca armonizar el texto constitucional con esa interpretación judicial previa, insistiendo en que la posibilidad de reelección indefinida ya estaba implícitamente vigente desde 2021. "Se está haciendo una precisión constitucional para que no haya duda", declaró un diputado oficialista durante el debate.
La sombra del autoritarismo
Frente a esta postura, la oposición salvadoreña, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han denunciado la reforma como un golpe constitucional encubierto que allana el camino hacia un régimen autoritario. Acusan al presidente Bukele de manipular sistemáticamente las instituciones del Estado: primero el poder judicial en 2021 para burlar la prohibición de reelección inmediata, y ahora el legislativo para eliminar cualquier límite futuro a su permanencia en el cargo, contraviniendo el espíritu original de la Constitución que buscaba garantizar la alternancia en el poder.
Las críticas destacan la concentración de poder sin precedentes en manos de Bukele, quien ya controla de facto los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este control se ha visto reforzado por un enorme apoyo popular, derivado en gran parte de su política de "mano dura" contra las pandillas y de represión contra los opositores. Si bien esta estrategia ha reducido drásticamente los índices de homicidios, ha sido implementada bajo un régimen de excepción ininterrumpido desde marzo de 2022, que ha suspendido garantías constitucionales fundamentales y derivado en denuncias de violaciones a los derechos humanos. En paralelo, organizaciones independientes documentan una creciente persecución y estigmatización de periodistas, opositores políticos y organizaciones de la sociedad civil crítica, generando un clima de temor y autocensura. Esta reforma no es una aclaración, es la consagración constitucional de una dictadura.
Si bien la reforma ha sido aprobada por la actual Asamblea, requiere ser ratificada por la próxima legislatura que asumirá en mayo de 2026. No obstante, dada la previsible continuidad de la amplia mayoría de Nuevas Ideas en el hemiciclo, su confirmación final se considera prácticamente segura.
Este movimiento coloca a Nayib Bukele en la senda de otros líderes latinoamericanos como Daniel Ortega en Nicaragua o Nicolás Maduro en Venezuela, quienes también reformaron o reinterpretaron sus constituciones para eliminar límites a su permanencia en el poder.
Organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas han manifestado reiteradamente su profunda preocupación por el deterioro democrático y el retroceso en el Estado de derecho en El Salvador. Con la puerta a la reelección indefinida ahora abierta explícitamente en la Carta Magna, El Salvador se encamina hacia un futuro político dominado sin restricciones temporales por la figura de Bukele, planteando serias interrogantes sobre la viabilidad de la democracia liberal y el equilibrio de poderes en el país centroamericano.