La palabra que mejor puede definir el trabajo de la administración de Donald Trump es corrupción. Muchos seguidores del actual presidente se creyeron la promesa de que iba a terminar con la corrupción. Sin embargo, los hechos demuestran que lo que se está haciendo es la implantación de un régimen oligárquico y plutocrático en el que la corrupción, el abuso de poder y los conflictos de interés se han convertido en elementos sistémicos.
El enésimo ejemplo de ello se halla en la norma de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) por la que se pretendía ayudar a las familias de clase media y trabajadora a abordar la asombrosa cantidad de 220.000 millones de dólares que los estadounidenses deben por la atención recibida cuando están enfermos o lesionados, eliminando la deuda médica de los informes crediticios y evitando que los cobradores de deudas abusen del sistema de informes crediticios para presionar a las personas a pagar facturas inválidas.
Esta semana se celebró una audiencia del Subcomité de Instituciones Financieras del Congreso sobre Servicios Financieros (HFSC, por sus siglas en inglés), en la que se debatió la intención de los republicanos de MAGA, es decir, los fanáticos de Trump, de bloquear esa norma.
La cuestión está en que la corrupción se ha metido en MAGA, dado que, según se verifica en documentos oficiales consultados por Diario16+, estos republicanos recibieron cerca de un millón de dólares de los grupos de presión que representan los intereses de corporaciones que se oponen a la implantación de esta norma.
En concreto, según los reportes de los pac de financiación de campañas, los republicanos French Hill, Frank D. Lucas, Pete Sesions, Bill Huizenga, Ann Wagner, Andy Barr, Roger Williams, Tom Emmer, Barry Loudermilk, Warren Davidson, John Rose, Bryan Stell, Williams Timmons, Marlin Stutzman, Ralph Norman, Dan Meuser, Young Kim, Byron Donalds, Andrew Garbarino, Scott Fitzgerald, Mike Flood, Mike Lawler, Mónica de la Cruz, Andy Ogles, Zach Nunn, Lisa McClain, María Salazar, Troy Downing, Mike Haridopolos y Tim Moore, recibieron 867.000 dólares durante el ciclo electoral de esas compañías y grupos de presión contrarios a la norma de deuda médica de la CFPB.
La norma que los republicanos de MAGA pretenden bloquear, previo paso por caja, evidentemente, facilitaría a 15 millones de estadounidenses poder comprar una casa, un automóvil o sacar un préstamo al eliminar 49.000 millones de dólares en deuda médica de sus reportes crediticios.
Musk contra las personas mayores
A esto hay que añadir le verdadera barrabasada que está perpetrando Elon Musk, a quien ya muchos señalan, incluso dentro del Partido Republicano, como «el verdadero presidente».
La acción de la plaga DOGE ha provocado un verdadero caos en la Administración de la Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés), la agencia responsable de gestionar los seguros sociales a cerca de 100 millones de personas mayores.
La actuación de recortes salvajes de personal que está perpetrando un criminal social como es Elon Musk no se sujeta a ningún tipo de prueba empírica de que se estén supuestamente ejecutando fraudes con el dinero de los contribuyentes. No es más que la ejecución de planes basados en teorías de la conspiración pero que están teniendo unas consecuencias devastadoras para las clases más vulnerables, como son, en este caso, las personas mayores.
Desde que Trump ha puesto en marcha el campo de exterminio de DOGE ha ejecutado al 12% del personal de la SSA. La plantilla restante, que trabaja en medio del miedo a ser despedidos en cualquier momento y sin ningún tipo de explicación, se ha tenido que abandonar sus responsabilidades para atender los miles de llamadas de beneficiarios preocupados por si van a dejar de cobrar su pensión.
Es más, según publicó el Washington Post, la web de la SSA se ha bloqueado en cuatro ocasiones durante 10 días en el mes de marzo. Esto supone que millones de ciudadanos no han podido acceder a sus prestaciones debido a la sobrecarga de los servidores. La dirección interina de la SSA ha reconocido que el servicio telefónico de la agencia es deficiente.