El Congreso de los Estados Unidos se prepara para aprobar dos proyectos de ley de gran calado para el sector de las criptomonedas y que beneficiará claramente al imperio empresarial de Donald Trump: la Ley Clarity, un amplio marco regulatorio que desplaza gran parte de la supervisión de la Comisión de Valores (SEC) hacia la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), y la Ley Genius, una normativa más restrictiva para las monedas estables de dólar aprobada ya por el Senado. Lo que en teoría debería dar certidumbre jurídica al mercado digital encierra una puerta abierta al fraude masivo y un blindaje explícito de los intereses criptográficos de la familia Trump.
Estos dos textos dejan fuera las salvaguardas necesarias para evitar que presidentes o altos cargos se lucren encubiertamente del boom de las divisas digitales. En concreto, según señalan fuentes del Partido Demócrata a Diario16+, la Ley Clarity reduciría drásticamente el papel de la SEC, cediendo el protagonismo a la CFTC, cuyos protocolos de supervisión resultan “notablemente más laxos” para los criptoactivos.
Esa falta de control beneficia de forma directa a las empresas de criptomonedas propiedad de Donald Trump. Trump Media & Technology Group Corp., que ha diversificado su tesorería en Bitcoin y otros tokens digitales, declaró a la SEC que, de considerarse Bitcoin un valor, podría “afectar negativamente” el precio de esos activos y, por extensión, de sus ofertas públicas. Bajo Clarity, la probabilidad de que un criptoactivo quede fuera de la categoría de valor y, por tanto, fuera del ámbito sancionador más estricto, aumentaría sensiblemente.
Un caso aún más llamativo es el de World Liberty Financial Inc. (WLFI), la firma de stablecoins de Trump que emite “USD1”, una criptomoneda supuestamente vinculada al dólar. WLFI ha alegado ante la SEC que la venta de sus tokens a inversores extranjeros no constituiría una emisión de valores y, paradójicamente, presentó a Donald Trump como “promotor” sin reconocerlo como tal bajo la Ley Federal de Valores. Con Clarity, WLFI podría operar bajo la supervisión menos rigurosa de la CFTC o, incluso, eludir el control federal si se declinara su calificación como plataforma de valores y se encuadrara como protocolo descentralizado (DeFi).
La Ley Genius, por su parte, pretende reforzar la regulación de monedas estables, pero las mismas fuentes consideran que deja una “superautopista para la corrupción” al someter a USD1 de WLFI a un régimen de “supervisión ligera” y demorar hasta 90 días la revisión de nuevos proyectos, un plazo en el que su uso masivo podría consolidar operaciones de mercado opacas. La senadora Elizabeth Warren ha advertido del riesgo de “manipulación” que supone el creciente papel de Trump en ese nicho, especialmente tras la vinculación de USD1 a transacciones sospechosas por valor de 2.000 millones de dólares.
Aprobar leyes que dejan a Trump enriqueciéndose en la sombra es una receta para transferir poder a los millonarios y mercantilizar la política estadounidense. Trump ya ha demostrado que aceptará dinero de casi cualquier interesado, incluidos adversarios extranjeros o posibles delincuentes. Las nuevas leyes, simplemente, le allanan el camino.
La aprobación inminente de estos textos, a falta de enmiendas de última hora, augura un giro decisivo hacia un modelo de autorregulación híbrida en el mercado cripto estadounidense. Para muchos analistas, será un barómetro sobre si el Capitolio antepone la estabilidad financiera y la equidad tributaria a los intereses de un presidente que, pese a sus promesas de desinversión, no ha dejado de ampliar su imperio de activos digitales desde que llegó a la Casa Blanca.