En las semanas previas a los anuncios más polémicos de aranceles de la administración Trump, sobre todo en el llamado “Día de la Liberación”, un número significativo de altos cargos del Poder Ejecutivo y asesores del Congreso ejecutaron ventas y compras de acciones que coincidieron sospechosamente con movimientos bruscos del mercado.
Así lo ha revelado una investigación de ProPublica, basada en declaraciones financieras, que revela que se realizaron operaciones de valores en torno a fechas clave, cuando el mercado aún dudaba de la materialización de las amenazas arancelarias de Donald Trump y se movió con violencia tras cada anuncio. Otro ejemplo más del régimen de corrupción que está implantando el actual presidente de los Estados Unidos, el mismo personaje que afirmaba en campaña que iba a terminar con la corrupción del Estado.
Operaciones antes del “Día de la Liberación”
El 2 de abril de 2025 el presidente Trump hizo público un paquete de aranceles globales (incluida una isla en la que solo viven pingüinos) que hizo caer el S&P 500 casi un 2% en una sola jornada y acabó desplomándolo un 18% en seis semanas. Dos días antes, Stephanie Syptak-Ramnath, embajadora del Departamento de Estado en Perú hasta el mes anterior, vendió entre 255.000 y 650.000 dólares en acciones de fondos e índices de renta variable y, con la corrección del mercado, compró nuevamente participaciones similares en otro fondo de acciones cuando los precios bajaron. Poco después, realizó una segunda venta de 15.000 a 50.000 dólares en un fondo de renta variable, recomprando esa misma cuantía tras la caída, según muestran las cifras del mercado.
De manera paralela, Gautam Rana, embajador en Eslovaquia, declaró haber vendido fondos indexados por valor de entre 830.000 y 1,7 millones de dólares el 19 de marzo, apenas una semana antes de que el presidente anunciara nuevos aranceles a los automóviles y dos semanas antes del “Día de la Liberación”.
Un ministro y la fiscal general
El 11 de febrero, dos días antes de que Donald Trump anunciara sus planes para imponer aranceles “recíprocos” que luego desencadenarían una ola de pánico en Wall Street, el secretario de Transporte, Sean Duffy, procedió a liquidar participaciones en casi tres docenas de empresas. Al mismo tiempo, la fiscal general Pam Bondi vendió entre 1 y 5 millones de dólares en acciones de Trump Media justo antes de los aranceles de abril, despertando sospechas y peticiones de investigación.
Según los registros de divulgación presentados ante la Oficina de Ética del Gobierno de Estados Unidos, el 11 y el 13 de febrero Duffy se deshizo entre 90.000 y 650.000 dólares en 34 títulos de empresas como Shopify y John Deere, cuyos negocios estaban directamente amenazados por un eventual aumento arancelario. Además, vendió participaciones en DraftKings y DoorDash, firmas aparentemente ajenas a la política arancelaria, pero vulnerables al descenso del gasto consumidor generado por el conflicto comercial. El S&P 500, entonces cerca de su máximo histórico, inició una caída sostenida tras el anuncio y se desplomó en las semanas siguientes.
El acuerdo ético que Duffy firmó al entrar en Washington le exigía desprenderse de valores vinculados a su cartera ministerial (en carreteras, aviación y transporte) antes de finales de abril. No obstante, de las 34 ventas inmediatas, solo siete correspondían a compañías supervisadas por su departamento; el resto, valorado entre 27.000 y 405.000 dólares, no estaba sujeto a esa cláusula.
Antes de llegar al gabinete de Trump, Duffy ya había presentado en 2019 como congresista la “Ley de Comercio Recíproco de Estados Unidos”, junto al asesor Peter Navarro. Aunque aquella iniciativa no prosperó, sentó la base intelectual del plan arancelario de la Casa Blanca. En sus propias palabras, los aranceles de Trump fueron “la culminación” de ese proyecto.
Según la oficina del secretario de Transporte, se instruyó a su gestor financiero sobre el acuerdo ético el 7 de febrero y que las órdenes de venta se activaron sin su intervención directa. Sin embargo, llama la atención que un alto cargo con influencia en la agenda comercial ejecute operaciones bursátiles justo antes de una sacudida inminente del mercado. No existen las casualidades.
Por otro lado, el “Día de la Liberación” la fiscal general Pam Bondi vendió entre 1 y 5 millones en acciones de Trump Media, la red social del presidente. Su compromiso ético le daba hasta principios de mayo para deshacerse de esos títulos, pero optó por adelantarse al anuncio. A raíz de estas revelaciones, al menos dos congresistas demócratas han solicitado investigaciones formales sobre posibles conflictos de interés y uso de información privilegiada.
Tras las ventas masivas, Duffy optó por mantener parte de su liquidez en activos considerados refugio: un fondo de Bitcoin, bonos del Tesoro, participaciones en un fondo del S&P 500 y acciones de Madrigal Pharmaceuticals. Curiosamente, el 7 de febrero (cuatro días antes de sus grandes ventas) adquirió acciones de Microsoft, compañía que su acuerdo ético le prohíbe conservar, para deshacerse de ellas junto con el resto de su cartera el 11 de febrero.
Consejeros de la Casa Blanca
Entre los más señalados figura Tobias Dorsey, asesor general interino de la Oficina de Administración de la Casa Blanca. El 25 y 26 de febrero, Dorsey se desprendió de acciones de un fondo indexado y de nueve empresas (incluyendo Clorox y Emerson Electric) por importes que oscilan entre 12.000 y 180.000 dólares, para comprar, antes de la caída, títulos de Palantir. A la mañana siguiente al cierre bursátil, Trump confirmó en redes sociales la inminencia de aranceles significativos contra México, Canadá y China. Dorsey aseguró que las ventas las efectuó su esposa «para pagar la matrícula universitaria» y ha negado haber accedido a información sensible de política comercial.
Por su parte, Marshall Stallings, director de Participación Pública del Representante Comercial, vendió entre 2.000 y 30.000 dólares en acciones de Target y Freeport-McMoRan los días 25 y 27 de marzo, apenas días antes del anuncio de aranceles que provocó una caída del 17% en Target y del 25% en Freeport.
Asesores del Congreso: operaciones con aroma a conflicto
Aunque la normativa exige a los congresistas publicar sus transacciones online, que tras varios escándalos bursátiles son escrutadas al momento, resalta que el personal y asesores, cuyas decisiones podrían influir en la legislación, quedan al margen de ese foco.
Michael Platt, del comité de Asuntos Administrativos del Congreso, vendió entre 96.000 y 390.000 dólares en valores estadounidenses en marzo y compró fondos internacionales y energéticos por al menos 60.000 dólares, en un movimiento que puede ser interpretado como cobertura ante el riesgo arancelario.
Otro nombre significativo es el de Stephanie Trifone, asistente del Comité Judicial del Senado, quien vendió en marzo y destinó al menos 50.000 dólares a bonos del Tesoro, siguiendo al parecer un consejo de su asesor financiero.
Kevin Wheeler, del personal de Asignaciones del Senado, y su esposa liquidaron entre 18.000 y 270.000 dólares en fondos de acciones a fines de febrero y pasaron entre 50.000 y 225.000 dólares a bonos.
Por otro lado, Ryan White, jefe de gabinete del senador James Risch, compró entre 2.000 y 30.000 dólares en acciones de Hecla y Coeur Mining justo antes del “Día de la Liberación” y continuó aumentando posiciones en Hecla tras la aprobación por un comité sénior de una ley que beneficiaría a la minería en terrenos públicos.
Un marco legal insuficiente y la urgencia de reforzar normas
En Estados Unidos, la conocida como Ley STOCK («Stop Trading on Congressional Knowledge») prohíbe el uso de información privilegiada para operar con valores, pero nunca se ha aplicado con éxito y su viabilidad jurídica es cuestionada por expertos. Miles de empleados federales deben presentar declaraciones de transacciones superiores a 1 000 dólares, aunque los rangos amplios y la falta de cifrado exacto de importes dificultan la transparencia.