El pasado jueves, colectivos de periodistas, organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los constantes discursos estigmatizantes que el gobierno mexicano y algunos estatales y municipales emiten contra quienes ejercen su derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de expresión.
La denuncia, realizada en la audiencia temática «Estigmatización y ataques contra la prensa, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones», fue acompañada con la presentación de un vídeo que demuestra el uso de recursos públicos, a través de los espacios oficiales, para estigmatizar a personas defensoras, periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales con el fin de silenciar, censurar y atacar la disidencia.
México niega lo innegable
A pesar de su gravedad, el Estado mexicano negó los hechos y afirmó que las y los funcionarios del gobierno no estigmatizan a periodistas y personas defensoras, sino que «estigmatizan las calumnias y mentiras».
No obstante, la estigmatización de parte de altos funcionarios genera un contexto de permisividad para agredir a la prensa y a las personas defensoras. Esto tiene como consecuencia directa el aumento de la violencia y el deterioro de entornos seguros para poder ejercer la libertad de expresión y defender derechos humanos.
Las autoridades también omitieron posicionarse sobre la impunidad que prevalece en los crímenes contra la libertad de expresión, la cual supera el 98%, de acuerdo con cifras oficiales. Tampoco clarificaron qué harán respecto a los 20 asesinatos y 4 desapariciones de periodistas y 45 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, ocurridos en los últimos 6 años.
Mesas de diálogo
Ante las omisiones del Estado y las denuncias presentadas en la audiencia, la CIDH y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han propuesto la creación de mesas de diálogo con el gobierno mexicano.
Particularmente, la comisionada y relatora para México, Esmeralda Arosemena Troitiño, afirmó que la diversidad de opiniones no significa que las personas defensoras y periodistas sean “enemigas” y propuso un acercamiento entre gobierno y sociedad civil, ofreciendo para ello su apoyo para el diálogo.
Igualmente, la CIDH ofreció brindar asistencia técnica al Estado mexicano para incorporar estándares internacionales sobre derechos humanos, en especial sobre libertad de expresión, al desarrollo de las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República y con ello prevenir la reproducción de discursos estigmatizantes.
Al respecto, Pedro Vaca, Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH, pidió al gobierno mexicano reconsiderar el espacio «Quién es quién en las mentiras», pues «puede estar afectando las garantías para un debate libre e informado del señalamiento público». El debate «no puede trazarse bajo la culpabilidad de reprender y tiene que ser más abierto en términos de libertad expresión y democracia», dijo.
Inicio de investigaciones con perspectiva de género
Las organizaciones denunciantes han acogido favorablemente las recomendaciones hechas por las y los comisionados de la CIDH y por la OACNUDH de realizar investigaciones efectivas con perspectiva de género para poner fin a la impunidad, eliminar los delitos contra el honor, revisar otros tipos penales instrumentalizados para criminalizar la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión, así como garantizar que las y los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones estigmatizantes, reconozcan y garanticen la labor de estos colectivos para el ejercicio democrático.
Finalmente, las organizaciones denunciantes reiteran su llamamiento para que la CIDH, medios de comunicación y sociedad en general se mantengan atentas por posibles represalias posteriores a la audiencia contra las y los integrantes de estas organizaciones. También insisten en sus peticiones para que la CIDH:
- Exhorte al Ejecutivo Federal, a reconocer públicamente la importancia de la labor periodística y de las organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de la democracia;
- Solicite al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno, cesar las narrativas, declaraciones estigmatizantes y el acoso judicial que ubican en una posición de mayor riesgo y vulnerabilidad a la prensa y a las personas defensoras de derechos humanos;
- Solicite al Estado mexicano fortalecer al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, en particular aumentando y profesionalizando a su personal, garantizar los recursos financieros, y adoptar medidas preventivas para contrarrestar el discurso de estigmatización.
- Solicite al Estado mexicano contar con una política integral con enfoque de género, interseccional para combatir la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos que adopte medidas de prevención y sus causas.