Una investigación interna ha puesto al descubierto una tensión inédita entre la Casa Blanca de Donald Trump, el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por el multimillonario Elon Musk y las estrictas normas de privacidad que protegen los datos de los contribuyentes. Según revelan correos electrónicos confidenciales, la Oficina del Inspector General del Tesoro (TIGTA) ha ordenado al IRS (la Agencia Tributaria norteamericana) entregar, con carácter urgente, toda la documentación relacionada con las solicitudes de información privada de contribuyentes hechas por el presidente de los Estados Unidos, la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, DOGE y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).
Según la información publicada por ProPublica, en un e-mail fechado a mediados de abril, el TIGTA exige copia de «cualquier solicitud de información de contribuyente u otra información protegida» formulada por esos órganos, así como detalles sobre el uso previsto de los datos, la respuesta del IRS y la base legal que la sustentó.
La orden incluye además el requerimiento de contratos escritos que autoricen el intercambio de datos del IRS con agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Seguridad Social (ISS) o el propio DOGE. Aunque el documento califica la investigación de fase inicial (el personal está «comenzando la planificación previa»), fija como plazo de entrega el 24 de abril. No hay constancia de que el IRS cumpliera ese plazo.
El trasfondo de esta investigación reside en las crecientes sospechas, expresadas por organismos de control y senadores demócratas, de que el equipo de Musk habría sobrepasado los límites legales para acceder a información fiscal y personal de ciudadanos. En marzo, un grupo de legisladores ya había requerido al inspector general que determinara si la Casa Blanca infringía las leyes de privacidad al permitir que empleados de DOGE consultaran bases de datos del IRS sin las autorizaciones habituales. Como recordaron los senadores, «los datos de los contribuyentes están, por diseño, sujetos a algunas de las protecciones más estrictas bajo la ley federal, cuya violación puede acarrear sanciones civiles y penales».
El impacto de la investigación trasciende el envío de simples correos. En las últimas semanas, la administración Trump ha despedido o forzado la dimisión de decenas de miles de empleados del IRS, en buena parte a instancias de DOGE, que argumenta la necesidad de optimizar la plantilla. Estos despidos masivos se producen en paralelo a la investigación del TIGTA, y algunos ex altos funcionarios advierten que la revisión podría derivar en responsabilidades penales si se confirman accesos indebidos a datos protegidos.
La dimisión de Melanie Krause como comisionada interina del IRS, tras el acuerdo de la agencia para compartir datos con el DHS, y los continuos recortes de personal ya han disparado los tiempos de espera para los contribuyentes y generado denuncias por fallos en la atención. Entre tanto, el TIGTA ha recibido múltiples peticiones del Congreso para supervisar estas prácticas, una labor que, según su portavoz, Becky D’Ambrosio, «incorporamos siempre que es posible a nuestro trabajo continuo».
Mientras la Casa Blanca defiende que DOGE actúa «en pleno cumplimiento de la ley federal, con autorizaciones de seguridad apropiadas y como empleados de las agencias pertinentes, no como asesores externos», la investigación del inspector general avanza con sigilo. El resultado de esta indagación tendrá consecuencias no solo para la confidencialidad de la información tributaria, sino para el equilibrio de poderes: si se demuestra que funcionarios de la Presidencia o de DOGE ordenaron accesos fuera del marco legal, el escándalo sería mayúsculo y pondría a Trump en una situación muy difícil al tener que enfrentarse a acusaciones de índole penal que le podrían costar su puesto.