El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, en decisión de la noche de este miércoles, apeló a la coalición Pelo Bem do Brasil, del candidato Jair Bolsonaro (PL) para la reelección al Presidencia de la República. Le condena por litigio de mala fe y le impone multa de la multa de 22.991.544,60 reales, más de 4 millones de euros.
Bolsonaro agita el fantasma del fraude con el fin de alentar un golpe
El ministro entendió que Bolsonaro, además de incumplir una orden judicial, debe ser condenado por litigar de mala fe, ya que no presentó “pruebas y circunstancias que justifiquen el establecimiento de una verificación extraordinaria” en urnas electrónicas, utilizadas en la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales de Brasil de 2022.
El martes pasado, al analizar la solicitud de la coalición de Bolsonaro, el Tribunal Electoral determinó que no cumplió con la aportación de pruebas. Según la solicitud, las máquinas de votación electrónica de modelos anteriores a 2020 no podrían ser identificadas, lo que caracterizaría un supuesto mal funcionamiento del equipo.
Bolsonaro no presenta pruebas
Según Moraes, aunque la discusión pudiera restringirse a la segunda vuelta, “no habría razón para que el supuesto defecto o supuesto mal funcionamiento de las máquinas de votación electrónica -si existiera- se discutiera sólo en lo que se refiere a las elecciones para presidente de la República”. “Todo eso es elemental y conduce, de manera absoluta, a la ineptitud del inicial”, señaló.
Según Moraes, la mala fe total de Bolsonaro quedó acreditada al presentar un pedido "ostensiblemente ofensivo al Estado Democrático de Derecho y realizado de manera intrascendente con el propósito de alentar movimientos delictivos y antidemocráticos que, aún con graves amenazas y violencia , han estado obstruyendo varias carreteras y vías públicas en todo Brasil”.
Mala fe total de Bolsonaro quedó acreditada
Según el ministro, la documentación técnica adjunta al presente expediente demuestra que las máquinas de votación electrónica, de todos los modelos, son perfectamente capaces de identificar a las personas de forma completa, segura y clara, una a una. “Los argumentos de la demandante, por tanto, son absolutamente falsos, ya que es totalmente posible rastrear las urnas electrónicas de modelos más antiguos”, destacó Moraes.
El presidente del TSE también consideró fraudulentas las denuncias de que hubo una violación del secreto del voto con base en el registro de los nombres de los electores en las bitácoras de urna y que la discrepancia en la votación otorgada a los candidatos a la presidencia en comparación con la votación solo en urnas en 2020 con urnas de modelos anteriores podría representar un indicio de fraude.
Así, el ministro rechazó de plano la petición inicial de la coalición Pelo Bem do Brasil por ineptitud y ausencia de pruebas que justifiquen la verificación extraordinaria sugerida. Además, al entender la condena por litigio de mala fe, multó a la actora con BRL 22.991.544,60, correspondiente al 2% del valor de la causa, arbitrada en BRL 1.149.577.230,10, que equivale al valor resultante del número de votos impugnados.
Bloqueo de los fondos electorales
El ministro también determinó que la Secretaría de la Judicatura y la Coordinación de Ejecución Presupuestaria y Financiera del TSE deben bloquear y suspender de inmediato las cuotas del Fondo del Partido a las que tendrían derecho las asociaciones que hacen parte de la coalición, hasta el pago efectivo de la multa. Impuesto, con depósito de las cantidades respectivas en cuenta judicial.
Ante la posibilidad de cometer delitos comunes y electorales con el objetivo de quebrantar el régimen democrático del país, Moraes también ordenó a Asuntos Internos Electorales establecer un procedimiento administrativo y determinar responsabilidades, en caso de que se desvíe del propósito de utilizar la estructura partidaria. En particular respecto de la conducta de Valdemar da Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), y Carlos César Moretzsohn Rocha, presidente del Instituto Voto Legal.
Finalmente, dispuso el traslado de las actuaciones a la Averiguación número 4.874/DF, en curso en el Supremo Tribunal Federal, para la investigación de Costa Neto e Rocha.