En España el verbo dimitir no se suele conjugar muy a menudo. Durante años hemos asistido a casos de corrupción de todo tipo, cobros de comisiones, robos, estafas, desfalcos, prevaricaciones, tráficos de influencias. Pero se pueden contar con los dedos de una mano los políticos que se han ido a sus casas tras ser pillados in fraganti o con las manos en la masa. Esta falta de decencia y ética de nuestros gobernantes marca la diferencia entre una democracia seria y otra bananera. En las últimas horas hemos asistido a un caso paradigmático que sería cosa de ciencia ficción en nuestro país. El Gobierno holandés ha presentado su dimisión en bloque por la polémica provocada por las ilegalidades administrativas en la asignación de las ayudas a familias con hijos, que afectó principalmente a padres inmigrantes y llevó a muchos a endeudarse para devolver a la Agencia Tributaria lo recibido durante años, aseguran los medios locales y confirma la televisión local NOS.
Según TVE, a tan solo dos meses de las elecciones legislativas, el gabinete dirigido por el liberal Mark Rutte ha asumido la responsabilidad política por lo ocurrido, considerado por la prensa como el mayor escándalo político y administrativo de las últimas legislaturas desde 2010.
El Ejecutivo permanecerá como Gobierno interino hasta las elecciones del 17 de marzo, lo que le permitirá seguir gestionando la pandemia y aplicando las restricciones necesarias como parte del actual confinamiento, que mantiene cerrada toda la actividad no esencial hasta al menos el 9 de febrero.
La decisión sigue a una investigación parlamentaria del mes pasado que encontró que un grupo de funcionarios de Hacienda, bajo la supervisión del Gobierno, había llevado a miles de familias a la ruina financiera con acusaciones injustas de fraude.
Los primeros casos se remontan a 2014, cuando la agencia tributaria empezó a enviar cartas a más de 26.000 familias acusándolas sin fundamento de fraude para obtener ayudas con las que pagar las guarderías, y les exigieron devolver decenas de miles de euros recibidos en prestaciones en plazos que no superaban las semanas, lo que llevó a muchos a perder su casa, trabajo y a endeudarse para reunir el dinero.
La comisión parlamentaria describió como una "injusticia sin precedentes" la mala gestión, añaden que las familias recibieron un "trato institucionalmente sesgado", lo que "viola los principios del Estado de derecho", y acusó a ministros, funcionarios, diputados y jueces de haber “cometido errores” durante una década. El ataque se debió a su etnia, origen o doble nacionalidad, según reconoció la oficina de impuestos en 2020. Hoy todo el gabinete está de patitas en la calle mientras en España los imputados se eternizan en política. Diferentes raseros, diferente calidad democrática. Qué suerte tienen los holandeses.