La organización Transparencia Internacional acaba de hacer público un estudio, considerado como “histórico” por The Guardian, donde se han descubierto señales alarmates ("banderas rojas") sobre corrupción en los contratos gubernamentales relacionados con la pandemia del Covid-19 por un valor de más de 15.000 millones de libras. Esto representa que, casi una de cada tres libras dadas por la Administración Pública han sido malgastadas por el propio gobierno.
Se ha considerado el informe como el más profundo realizado hasta el momento sobre las compras públicas realizadas durante la pandemia. Y en él, se señala que la contabilidad opaca, los precios descontrolados y el "sesgo sistémico", han dado como resultado un "enorme desperdicio de fondos públicos en pruebas y equipos de protección personal".
El informe, titulado Behind the Masks (Detrás de las máscaras), reconoce que habría sido necesario actuar rápidamente. Los autores afirman que hubo un desprecio injustificable por la publicación de los detalles de los contratos y una dependencia insana por parte del gobierno en las adquisiciones no competitivas (sin licitación), incluso cuando el impacto de la crisis en el sistema de salud disminuyó. Un año después de la pandemia, las autoridades adjudicadoras del Reino Unido seguían adjudicando contratos sin competencia, mientras que países de la UE como Italia estaban volviendo a la licitación competitiva.
El informe afirma que los llamados "carriles VIP y de alta prioridad", donde se clasificaban las ofertas de asistencia que llegaban a través de funcionarios, parlamentarios, miembros de la Cámara de los Lores y oficinas ministeriales, permitieron a políticos no calificados acelerar la revisión de las ofertas de los proveedores de EPP y pruebas, una práctica que se dice es exclusiva de la respuesta a la pandemia del Reino Unido.
“Las señales de alerta más comunes fueron la publicación tardía de los contratos y los contratos adjudicados de forma no competitiva. Sin embargo, la mayoría de estos contratos exhibieron señales de alerta en múltiples áreas de riesgo, incluidas las asociadas con el perfil del proveedor, el proceso de adquisición y los resultados del contrato, y a menudo abarcaban las tres. Algunos contratos mostraron hasta ocho señales de alerta” señala el informe.
Más de 5.000 contratos analizados
Se han analizado más de 5.000 contratos en 400 organismos públicos identifica 135 contratos de alto riesgo por un valor de 15.300 millones de libras esterlinas que "merecen una investigación debido a la identificación de tres o más señales de alerta de corrupción, que incluyen falta de competencia, demoras o falta de publicidad en la información sobre adquisiciones y conflictos de intereses en la adjudicación sobre adjudicación de contratos".
El informe estima que los contratos de Covid aumentaron los márgenes de ganancia de algunos proveedores hasta en un 40%.
El informe de Transparencia Internacional concluye, según recoge The Guardian:
Al menos 28 contratos, por valor de 4.100 millones de libras, se adjudicaron a personas con conexiones políticas conocidas con el Partido Conservador. Esto equivale a casi una décima parte del dinero gastado en la respuesta a la pandemia.
Cincuenta y un contratos, por valor de 4.000 millones de libras, pasaron por el “carril VIP”, un vehículo a través del cual se dio prioridad a ciertos proveedores, de los cuales 24, por valor de 1.700 millones de libras, fueron recomendados por políticos del partido Conservador o sus oficinas.
Se gastaron 1.000 millones de libras en equipos de protección individual de 25 proveedores de la zona VIP que luego se consideraron no aptos para su uso. Un juez de un tribunal superior declaró ilegal la zona VIP en una sentencia de 2022.
Ocho contratos, por un valor de 500 millones de libras, se otorgaron a proveedores que no tenían más de 100 días de antigüedad.
El gobierno del Reino Unido adjudicó más de £30,7 mil millones en contratos de alto valor sin competencia, lo que equivale a casi dos tercios de todos los contratos de Covid.
El Departamento de Salud y Asistencia Social canceló £14.900 millones de dinero público en un período de dos años, lo que equivale al gasto total del gobierno en equipos de protección personal.
Reacciones al informe
Las primeras reacciones al informe comienzan a producirse. El portavoz del Partido Conservador ha señalado a un informe de la Oficina Nacional de Auditoría que encontró que los ministros habían declarado correctamente sus conflictos de intereses.
"La política del gobierno no se vio influida de ninguna manera por las donaciones que recibió el partido; son algo independiente", ha señalado.
La ministra de Hacienda del Partido Laborista, RAchel Reeves, ha anunciado ya el nombramiento de un comisionado anticorrupción por Covid para poder examinar el fraude relacionado con el Covid por un valor estimado de 7.600 millones de libras, prestando atención especial a miles de millones desperdiciados en la compra de EPI, que fueron inútiles.
La Agencia Nacional contra el Crimen está ya investigando a PPE Medpro, empresa dirigida por Douglas Barrowman, esposo de la parlamentaria conservadora Michelle Mone, a la que se le adjudicaron contratos gubernamentales por valor de más de 200 millones de libras. Ambos niegan haber cometido irregularidades.
De los contratos firmados por valor de 1 billón de libras firmados durante los tres años posteriores a febrero de 2020, los datos del gobierno muestran que 48.100 millones de libras se gastaron en relación con la pandemia, principalmente en pruebas de Covid, y EPP, y un tercio (el 32%) de ese gasto ha planteado "serias preocupaciones