La Unión Europea ha retirado a Juan Guaidó su reconocimiento como mandatario venezolano, aunque seguirá tratándolo como un interlocutor válido con la oposición al régimen de Nicolás Maduro. El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, lo dejó muy claro: «La UE no reconoce la representatividad democrática de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela. Llama a todos los actores del país a alcanzar una solución dialogada e integradora».
Esta decisión de la Comisión Europea debería hacer modificar la posición de España respecto a este líder de la oposición venezolana y retirar todos los privilegios diplomáticos que pudieran tener sus representantes en nuestro país, Antonio Ecarri incluido. Hay varias razones para ello.
En primer lugar, y fundamental, España no puede dar la categoría de Jefe de Estado a Guaidó porque, en realidad, no ostenta oficialmente dicho cargo, algo que se hace extensible al resto de sus representantes en España. Hay que recordar que, tras la autoproclamación, el Gobierno de Pedro Sánchez esperó a que la UE tomara una decisión sobre el reconocimiento o no del líder opositor, es decir, que se alineó con la posición de la Unión. Por tanto, por coherencia, debería hacer lo mismo y, si dentro del Ejecutivo, la facción más de derechas se opone a ello, los ministros y ministras de Podemos, con Pablo Iglesias Turrión a la cabeza, deberían apremiar desde su propia coherencia para que el Gobierno retire su reconocimiento.
En segundo término, el propio entorno de Juan Guaidó está envuelto en acusaciones de corrupción, según publicó el Washington Post el pasado día 4 de enero con todo tipo de detalles, aunque no más que los que ya publico hace meses, en su momento, este medio, cuando investigó las actividades del comisionado para la gestión de activos que lo colocaban a la cabeza de una trama corrupta.
En concreto, se trata del manejo irregular de los activos venezolanos en el extranjero que fueron recuperados en colaboración con la Administración de Donald Trump. Según el Post, los empresarios Pedro Antar y Jorge Reyes informaron de que la trama corrupta podría haber movido más de 40.000 millones de dólares a través de la presunta participación de Fernando Blasi y del comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos, Javier Troconi, ¿y en España?
La Fiscalía de Venezuela abrió una investigación contra cuatro funcionarios nombrados por Guaidó por intentar el cobro de sobornos para la firma de un contrato que le otorgaría poderes a un consorcio de empresas radicadas en Miami para quedarse con activos del país en el exterior. Además, fue el propio líder de la oposición quien contactó con los empresarios denunciantes, según publicó el Post, y, a partir de ahí, se mantuvieron reuniones con personas del entorno de Guaidó que hicieron demandas desorbitadas como, por ejemplo, el pago por adelantado de 750.000 dólares a una empresa propiedad del hermano del comisionado en Washington. ¿Y en España?
En tercer lugar, Guaidó se ha beneficiado, de un modo u otro, del dinero de ciudadanos venezolanos residentes en España que obtuvieron miles de millones de euros gracias al expolio de los recursos de Venezuela, sobre todo a través de la petrolera nacional PDVSA en la época en que fue presidida por Rafael Ramírez.
La cercanía del entorno de Guaidó con estos ciudadanos venezolanos se pudo comprobar en la visita del opositor a España en febrero de 2020. Mientras Guaidó era mostrado al mundo con gentes como el líder de la extrema derecha española, mientras que el PP, Ciudadanos y Vox criticaban al gobierno porque Pedro Sánchez no recibiese al líder de la oposición venezolana, Guaidó no dudaba en unirse a bolichicos que se enriquecieron gracias a la corrupción de PDVSA.
Además del episodio del padre de Guaidó en el castillo manchego de Alejandro Betancourt, presidente de Derwick, un hombre que ha reconocido abiertamente que está financiando a la oposición venezolana, en las diferentes recepciones que el autoproclamado presidente encargado de Venezuela dio en Madrid, se le pudo ver acompañado por personajes que están siendo investigados por la Justicia por la comisión de los presuntos delitos de blanqueo de capitales o estafa, como es el caso de Jorge Neri Bonilla.
También se pudo ver a Guaidó junto a Eudoro González Dellán, cuyo hermano Leonardo fue asesor de Alejandro Andrade, extesorero nacional de Venezuela. Leonardo está ahora mismo encarcelado en Estados Unidos, mientras, según indican diferentes medios venezolanos, existen sospechas sobre las actividades empresariales de González Dellán.
En la fotografía que encabeza este análisis se pude ver a Guaidó junto a Jorge Neri, además de al abogado de éste, Javier Cremades, que también representó a Leopoldo López, junto a Antonio Ecarri.
El hecho de que Jorge Neri Bonilla, amigo de Baldo Sansó, el cuñado de Rafael Ramírez apareciese junto a Juan Guaidó produce una verdadera decepción entre la oposición venezolana puesto que su propio embajador en España, Antonio Ecarri afirmó a Diario16 que «Se puede desvincular rotundamente a Juan Guaidó con esa gente».
La realidad demuestra que no es así. Por otro lado, a preguntas de este medio, Ecarri también habló sobre los socios de Rafael Ramírez, ex presidente de PDVSA, respecto de su situación si volvieran a Venezuela. Del primero afirmó que «es un delincuente, uno de los primeros de Venezuela. Por supuesto que tiene ir preso. Ramírez no puede escapar de la justicia, no ha gozado ni podrá gozar de impunidad teniendo en cuenta el dinero que robó de Venezuela» y, preguntado sobre si la política a aplicar sería la misma con los socios del ex presidente de PDVSA, Ecarri afirmó que «Por supuesto. Ni Juan Guaidó ni nosotros tenemos ningún tipo de vinculación con esa gente». Finalmente, el embajador, preguntado por si Guaidó tenía relación con Rafael Ramírez, Baldo Sansó, Jorge Neri o Nervis Villalobos, dijo: «Para nada. Todo lo contrario, si los hemos denunciado ante los organismos internacionales… Esta gente tiene que terminar en la cárcel».
Sin embargo, Guaidó no tuvo ningún reparo en aparecer públicamente junto a Jorge Neri y otros.
No es un asunto baladí el hecho de que estos ciudadanos venezolanos afincados en España estén presuntamente financiando a Juan Guaidó. Se trata, más bien, de la consecuencia de que el cerco judicial en sus países de residencia se va estrechando, sobre todo tras la entrega a la Justicia de informes e investigaciones en los que se puede comprobar entramados empresariales y transferencias de varias decenas de millones de euros desde PDVSA a las empresas de estos bolichicos desde diferentes paraísos fiscales.
El control de la economía venezolana es el verdadero objetivo de estos bolichicos. Tienen el dinero que expoliaron a su propio pueblo provocándole la crisis humanitaria que está sufriendo en la actualidad. Maduro tiene su responsabilidad, cómo no, pero no se puede eludir la que tuvieron quienes sacaron más de medio billón de dólares de Venezuela.
Este hecho lo que provoca es la falta de credibilidad de Juan Guaidó y de su causa porque no sería ético desde ninguna perspectiva que se acompañara, como lo hizo cuando estuvo en Madrid, de quienes se enriquecieron a costa de la corrupción en PDVSA y que son los verdaderos responsables de las penalidades, del hambre, de la falta de medicamentos que sufre el pueblo venezolano.
En consecuencia, ante esta situación, ¿puede España seguir reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela? Evidentemente, no, y Pablo Iglesias Turrión no puede quedarse callado. ¿O también ha perdido la coherencia en este asunto? .
Mientras, digno de investigar al menos por el vicepresidente 2º y la fiscalía anticorrupción los desmanes de los amigos fotagrafiados con Juan de Guido durante su estancia en Madrid, estos amigos se permiten presentar ERTE en sus empresas de España creadas y utilizadas para dar «cobijo» a decenas de millones de euros procedentes de paraísos fiscales o similares.
Moraleja: La verdad se pregona con la coherencia, más aún en democracia, y más en gobiernos de izquierda progresista. ¿No se le podría encargar también el "super gabinete ético" de la Moncloa este control, además del reparto de las subvenciones?