En Bruselas, donde las reglas presupuestarias se redactan con una precisión casi obsesiva, un agujero de más de 4,3 millones de euros ha abierto una grieta política de gran calado. El grupo de extrema derecha Identidad y Democracia (ID), que durante la legislatura pasada aglutinó a partidos como la francesa Agrupación Nacional (Marine Le Pen) y la italiana La Liga (Matteo Salvini), habría gastado indebidamente fondos del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024. Ahora, el peso de esa deuda amenaza con caer sobre su heredero ideológico y organizativo: Patriotas por Europa (PfE), la nueva marca con la que las fuerzas ultraderechistas intentan relanzar su proyecto en Estrasburgo. Este es el grupo en el que está inscrito Vox.
Lo que parece un tecnicismo contable es, en realidad, un reflejo de un problema mayor: cómo la ultraderecha europea utiliza las instituciones que dice despreciar para financiar su ascenso político, y cómo el Parlamento debe decidir si está dispuesto a tolerar esa contradicción.
De ID a PfE: la reinvención de la ultraderecha
El dictamen de la Comisión de Control Presupuestario (CONT) es contundente: la continuidad entre ID y PfE es evidente. Los mismos altos cargos, el mismo secretario general, una mayoría sustancial de los eurodiputados y hasta un cambio de nombre en paralelo en el partido europeo apuntan a una operación de simple rebranding más que a una ruptura real.
Para los supervisores financieros del Parlamento Europeo, el movimiento recuerda a la estrategia de empresas en quiebra que se desprenden de sus pasivos a través de nuevas sociedades pantalla. Cambiar la marca no debería significar librarse de las deudas.
Batalla más que contable
Pero este caso va mucho más allá de los balances. En juego está la legitimidad de las instituciones europeas frente a los populistas que buscan minarlas desde dentro. El dictamen de CONT sugiere incluso que se explore una demanda civil contra los auditores que certificaron las cuentas de ID, una señal de que el Parlamento es consciente del riesgo reputacional: si no consigue recuperar los fondos, la narrativa de la extrema derecha de una “Bruselas corrupta e ineficaz” se verá reforzada, incluso cuando son ellos los que han malversado esos fondos.
El grupo PfE, que agrupa hoy a fuerzas como Fidesz en Hungría y Vox en España, ha reaccionado con furia, calificando el dictamen de “caza de brujas” y acusando de motivaciones políticas a sus críticos. Pero lo cierto es que la ultraderecha europea lleva tiempo jugando una doble partida: denunciar el despilfarro comunitario mientras aprovecha al máximo los recursos que el Parlamento pone a disposición de sus grupos.
La sombra de Marine Le Pen, recientemente condenada en Francia por malversación, planea sobre todo este escándalo. Su partido, Agrupación Nacional, fue uno de los beneficiarios directos de la estructura de ID. El caso refuerza la percepción de que la ultraderecha no solo es corrosiva para los consensos democráticos europeos, sino que también presenta patrones recurrentes de gestión opaca y utilización privada de recursos públicos.
El dilema de Metsola
La decisión final recaerá en la Mesa del Parlamento, presidida por Roberta Metsola. Si el órgano decide no aplicar el principio de “continuidad económica”, abriría la puerta a que cualquier grupo político con problemas legales pueda mutar de identidad y zafarse de sus responsabilidades financieras. Sería un precedente devastador para la rendición de cuentas en Bruselas.
Si, por el contrario, la Mesa da luz verde a reclamar la devolución de los fondos a PfE, el bloque ultraderechista se enfrentará no solo a un problema financiero, sino también a una erosión de su credibilidad en un momento en el que busca consolidar su influencia tras las últimas elecciones europeas.
A corto plazo, la disputa puede alimentar el discurso victimista de la ultraderecha: la idea de que las élites de Bruselas conspiran para silenciar a las voces disidentes. Pero, a medio plazo, si se confirma la obligación de devolver los más de 4 millones de euros, el golpe puede traducirse en fracturas internas y en una reducción de la capacidad operativa del grupo en el Parlamento.
De un modo u otro, el episodio expone una contradicción central en el proyecto político de la ultraderecha europea: presentarse como adalid de la soberanía nacional y de la austeridad fiscal mientras se financia (y, presuntamente, se enriquece) con fondos comunes de la Unión que dice despreciar. En esa ironía, Bruselas tiene una oportunidad: demostrar que la rendición de cuentas no es opcional, incluso para aquellos que intentan subvertirla desde dentro.