El sistema judicial de Estados Unidos ha dado un golpe decisivo contra la administración de Florida al ordenar la suspensión del centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades. La jueza federal Kathleen M. Williams determinó que tanto el gobierno estatal como el federal actuaron de manera ilegal al construir la instalación sin realizar una evaluación ambiental previa, un requisito indispensable según la legislación vigente.
El fallo implica que no se permitirá el ingreso de más inmigrantes al centro y que se debe comenzar a desmantelar la infraestructura existente, incluyendo cercas, iluminación, generadores y otras instalaciones, dentro de un plazo de 60 días. Además, se prohíbe cualquier nueva construcción en la zona mientras el caso continúa en los tribunales.
Un centro bajo la lupa judicial y ambiental
“Alligator Alcatraz” es el primer centro de detención de inmigrantes administrado por un estado que aloja a personas bajo custodia federal. Desde su apertura, la instalación ha enfrentado múltiples demandas y denuncias por las condiciones en las que se encuentran los detenidos.
La jueza Williams destacó que el proyecto pone en riesgo los humedales y la comunidad local, especialmente la tribu Miccosukee, cuyos miembros dependen del ecosistema de los Everglades para su agua y actividades de subsistencia. Según la jueza, el centro provoca “daños irreparables”, como la pérdida de hábitat y un aumento en la mortalidad de especies en peligro, como el puma de Florida o las cigüeñas.
La polémica sobre la autoridad y la ley ambiental
La administración anterior, bajo la presidencia de Donald Trump, había argumentado que la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, por sus siglas en inglés) no aplicaba, porque aunque el centro albergaba inmigrantes bajo custodia federal, estaba gestionado por el estado. Por su parte, el gobernador Ron DeSantis defendió la instalación alegando que un acuerdo con el gobierno federal le otorgaba autoridad parcial sobre el cumplimiento de las leyes de inmigración en Florida.
La jueza Williams refutó ambos argumentos y afirmó que, al recibir fondos federales y cumplir con estándares y directrices federales, el centro también debe respetar la legislación ambiental. Para ilustrarlo, utilizó la conocida expresión: “Si camina como un pato, grazna como un pato y se ve como un pato, entonces es un pato”.
Un gobierno en defensa de la política migratoria
El fallo representa un revés significativo para DeSantis, quien ha impulsado políticas migratorias agresivas y planea abrir un segundo centro de detención en una prisión estatal vacía cerca de Jacksonville. Aunque la administración estatal ha anunciado su intención de apelar, ya no podrá albergar nuevos detenidos ni continuar la expansión mientras el proceso judicial sigue su curso.
El gobernador había anticipado el fallo, criticando la imparcialidad de la jueza: “Está claro que estamos frente a una juez que no nos dará un trato justo”, declaró días antes de la sentencia. Aun así, la jueza reconoció en su fallo la importancia del cumplimiento de las leyes migratorias, pero subrayó que “ofrecieron poca o ninguna evidencia de por qué era necesario construir el centro específicamente en los Everglades”.
Defensa de los derechos indígenas y protección ambiental
El caso fue impulsado por activistas ambientales y la tribu Miccosukee, que denunciaron la falta de coordinación con los líderes indígenas y el impacto potencial en sus tierras. Expertos en medio ambiente y científicos advirtieron sobre la contaminación de humedales y la reducción de hábitats para especies amenazadas, así como sobre los riesgos derivados de las instalaciones del centro.
Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, calificó la decisión como “una victoria emblemática para los Everglades y para todos los estadounidenses que creen que esta área natural debe protegerse, no explotarse”.
Migrantes y supervisión internacional
Al momento del fallo, el centro contaba con apenas 336 migrantes, mucho menos que su capacidad original de 2.000 personas. Entre ellos se encuentran 78 mexicanos, según informó el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón. Durante su visita, el diplomático verificó que los detenidos se encontraban en condiciones aceptables y resaltó la necesidad de respetar sus derechos humanos.
Escandón subrayó que es “injusto que personas que solo buscan trabajar y contribuir con su esfuerzo estén detenidas por ser migrantes”, y recalcó que se seguirán gestionando acciones hasta lograr su liberación conforme a la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Un precedente legal y ambiental
El fallo de la jueza Williams se suma a otros casos históricos que han protegido los Everglades de proyectos que amenazaban su integridad, como el rechazo hace más de medio siglo a la construcción de un aeropuerto en la misma zona. La jueza citó compromisos de todos los gobernadores y senadores de Florida, así como de presidentes de Estados Unidos, con la conservación del ecosistema desde 1947.
Pasados los 60 días establecidos, las autoridades deberán remover el cerco, la iluminación industrial y las instalaciones de gas, drenaje y residuos, permitiendo así que la tribu Miccosukee recupere el acceso a sus territorios.
Aunque la disputa judicial continuará, la decisión marca un precedente en la protección del medio ambiente y en la supervisión de políticas migratorias dentro de zonas ecológicamente sensibles. Para los defensores del medio ambiente y los derechos indígenas, este fallo representa un mensaje claro: las leyes ambientales deben cumplirse, incluso frente a presiones políticas y urgencias de construcción.
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