Desde el minuto uno de su nuevo mandato, Donald Trump puso en marcha su agenda contra la inmigración con medidas calcadas a las que señalaba el Proyecto 2025, un documento publicado por el aquelarre ultraderechista Heritage Foundation.
Dentro de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en las primeras horas de su mandato se encontraba la autorización para hacer redadas contra los migrantes que no difieren mucho de las que ejecutaron los nazis contra los judíos y otras minorías en los años 30 y en la II Guerra Mundial.
Sin embargo, ha resultado chocante que, dentro de esas órdenes ejecutivas, se incluyera la autorización para que esas rafias se pudieran realizar en lugares que tienen una protección especial: iglesias, hospitales y escuelas.
Según el Ejecutivo de Trump, la decisión «empodera» a los agentes de migración a «seguir las leyes» y capturar a los que, al igual que en el Proyecto 2025, llaman «criminales extranjeros».
La autorización de rafias en iglesias es un tema que genera una considerable controversia debido a las implicaciones éticas, legales y sociales. Las iglesias, históricamente, han sido consideradas lugares de refugio y asilo, donde las personas pueden buscar protección sin temor a la persecución ni la interferencia de las autoridades.
En muchos países, las leyes que regulan las redadas en iglesias son complejas y varían significativamente. Hay lugares donde las iglesias disfrutan de una especie de inmunidad frente a las intervenciones gubernamentales, mientras que en otros, esta protección no está claramente definida. Antes de la orden de Trump, en los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generalmente evitaba realizar redadas en «lugares sensibles» como iglesias, hospitales y escuelas, aunque no había una prohibición legal absoluta.
Las redadas contra migrantes en lugares de culto pueden interpretarse como una violación de los derechos humanos y de la libertad religiosa. Diversos tratados internacionales protegen el derecho de las personas a buscar asilo y a practicar su religión sin interferencias. Sin embargo, las leyes de inmigración y la soberanía nacional a menudo entran en conflicto con estas garantías.
Desde una perspectiva ética, la autorización de rafias en iglesias plantea serias preguntas sobre la protección de los más vulnerables. Las organizaciones religiosas y los defensores de los derechos humanos argumentan que permitir redadas en lugares de culto erosiona la confianza en estas instituciones y socava su capacidad de servir a las comunidades necesitadas.
Sin embargo, durante el primer mandato de Trump ya se violaron esas garantías. Un caso notable ocurrió en 2018 en una iglesia de Carolina del Norte donde inmigrantes indocumentados buscaron refugio para evitar la deportación. La intervención de ICE en este caso fue vista como una transgresión de normas no escritas y desencadenó un debate nacional sobre la legalidad y moralidad de tales acciones. Ahora Trump, directamente, ha demostrado lo que realmente es: un ser absolutamente amoral.
La Gestapo de Trump
Por otro lado, durante su discurso de investidura, Trump afirmó que, para ejecutar esas rafias, utilizaría al Ejército. Esta situación ha generado preocupación en las tropas de la Guardia Nacional que, en primer lugar, tienen miedo que quedar en medio de las disputas entre gobernadores republicanos y fiscales demócratas.
Un exalto oficial militar ha declarado a Político que «no quiero que me consideren un miembro de la Gestapo. Es importante que todos entiendan quiénes son y qué están haciendo». La Guardia Nacional se enfrenta al hecho de que los gobernadores republicanos supremacistas apoyan estas rafias. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, dijo a principios de año que utilizaría a la Guardia Nacional para ayudar con las deportaciones si se lo pidiera la administración de Trump. En Mississippi, el subdirector de gabinete del gobernador Tate Reeves, afirmó que «hará todo lo que esté a su alcance para apoyar los planes del presidente Trump de cerrar nuestra frontera sur. No se descarta nada».
En Florida, el ultra Ron DeSantis dijo que la Guardia Nacional podría ser desplegada para controlar la inmigración. «Estoy muy seguro de que obtendremos resultados muy, muy positivos tanto de la Guardia Nacional como de la Guardia estatal».
Además, existe el temor de que, en caso de que los estados demócratas se nieguen a desplegar a la Guardia Nacional, Trump invoque la Ley de Insurrección, una ley de principios del siglo XIX que permite al presidente utilizar a las fuerzas armadas para hacer cumplir las leyes nacionales. Está diseñada para permitir que el gobierno federal intervenga unilateralmente en los estados y le daría a Trump la capacidad de sortear partes de la ley federal que impiden que se utilicen tropas para tareas de aplicación de la ley. Esto no es nada descartable teniendo en cuenta los tics autocráticos y autoritarios de Trump, un personaje que no lleva bien que se le lleve la contraria.