El primer golpe judicial contra las órdenes ejecutivas de Donald Trump no se ha hecho esperar. Este jueves, un juez federal de Seattle, John Coughenour, bloqueó temporalmente el decreto presidencial que pretendía eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados. La medida, tachada de “descaradamente inconstitucional” por el magistrado, choca frontalmente con la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense, que desde 1868 garantiza este derecho a todas las personas nacidas en el país, sin importar el estatus legal de sus padres.
La decisión del juez, que permanecerá en vigor al menos dos semanas, responde a una demanda impulsada por los fiscales generales de Washington, Arizona, Illinois y Oregón. Estos estados argumentaron que el decreto de Trump, firmado en su primer día tras asumir la presidencia, pone en peligro el estatus legal de cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos cada año. Según los demandantes, la orden no solo viola la Constitución, sino que condena a estos menores a la apatridia, dejando a miles de familias en una situación de inseguridad jurídica y marginación permanente.
Un decreto contra 150 años de historia constitucional
La orden ejecutiva de Trump establece que los hijos de inmigrantes sin papeles o con visados temporales ya no tendrán derecho automático a la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, el juez Coughenour, con más de cuatro décadas de experiencia en la judicatura y nombrado por Ronald Reagan, dejó claro que esta medida carece de sustento legal. “En mis años en el banquillo, nunca he visto un caso en el que la inconstitucionalidad fuera tan evidente”, afirmó durante la audiencia.
El texto del decreto se ampara en una interpretación restrictiva de la decimocuarta enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos […] son ciudadanos”. Trump argumenta que los hijos de inmigrantes indocumentados no están “sujetos a la jurisdicción” del gobierno estadounidense, por lo que no deberían beneficiarse de esta cláusula. Sin embargo, el precedente legal de los últimos 150 años ha interpretado de forma amplia esta disposición, garantizando la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense.
Reacciones
El fallo judicial ha sido recibido con alivio por organizaciones de derechos humanos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que considera la orden ejecutiva de Trump un ataque directo a los valores fundamentales del país. Beatriz López, codirectora de Immigration Hub, celebró la decisión, aunque advirtió que la batalla está lejos de terminar: “Este es solo el principio de una larga lucha para proteger los derechos de estas familias frente a la retórica xenófoba y las políticas discriminatorias”.
El Departamento de Justicia, por su parte, ha anunciado que apelará la decisión, lo que abre la puerta a un complejo proceso judicial que podría llegar hasta el Tribunal Supremo. Este órgano, con una mayoría conservadora reforzada durante la primera presidencia de Trump, podría jugar un papel decisivo en el futuro del derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Una medida con impacto masivo
Los datos son contundentes. Según estadísticas oficiales, en 2022 nacieron en Estados Unidos 255.000 bebés de madres indocumentadas, lo que representa el 7 % del total de nacimientos. De aplicarse el decreto de Trump, miles de estos niños quedarían sin ciudadanía, con el riesgo de ser deportados o detenidos.
Además, el impacto no se limita a los hijos de inmigrantes sin papeles. La orden también afecta a los nacidos de padres con visados temporales, como estudiantes, trabajadores o turistas. Esta medida, según los demandantes, crea una “nueva clase marginada” que pone en riesgo la estabilidad social y económica del país.
El principio de una guerra judicial
Aunque el fallo de Coughenour es solo un paso inicial, marca el inicio de lo que promete ser una larga y encarnizada batalla judicial. Para los críticos de Trump, el decreto es una prueba más de su agenda antiinmigrante, que utiliza el miedo y la desinformación para justificar medidas extremas.
En su defensa, Trump ha afirmado que Estados Unidos es “el único país del mundo” que reconoce el derecho de ciudadanía por nacimiento, una afirmación que ha sido desmentida por numerosos expertos. En realidad, más de 30 países, incluidos México y Canadá, mantienen este principio.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial pone de manifiesto la fragilidad del equilibrio entre poderes en una democracia acosada por la polarización política. Mientras tanto, las familias afectadas por este decreto esperan con incertidumbre el desenlace de un proceso que podría cambiar para siempre el concepto de ciudadanía en Estados Unidos.