Es casi una obviedad decir que la educación es uno de los pilares básicos en la construcción del sistema democrático.
No existe arma más poderosa para combatir el fascismo y cualquier otro sistema totalitario que la educación para la libertad.
Pero, como decía Paulo Freire, tenemos que educar para pensar, no para obedecer.
La obediencia ciega esclaviza a quienes se educan bajo ese principio.
Y aquí surge la pregunta: ¿La educación puede quedar en manos de alguien que se educó y se formó a la sombra de la sangrienta dictadura?
Estamos hablando del actual ministro de Educación argentino, Nicolás Trotta, hijo de Alfredo Eduardo Trotta, un militar formado en la Escuela de las Américas, cuna del Plan Cóndor y de la Doctrina de Seguridad Nacional.
El oficial Trotta integró unas fuerzas armadas que aplicaron un plan criminal, como dijo la sentencia del tribunal que juzgó a los comandantes del genocidio de treinta mil personas.
Su hijo se educó y se formó en ese ambiente y nunca renegó de la historia de su padre. Todo lo contrario: siguió su línea ideológica como docente universitario y como militante político en partidos de derecha.
También se le recuerda por su postura crítica hacia los organismos de derechos humanos y su participación en la agrupación nacionalista católica General San Martín junto a otros hijos de militares y alumnos de colegios católicos.
Que Nicolás Trotta mantenga su ideología es un derecho que le asiste como a cualquier ciudadano, pero que esté al frente del ministerio de Educación de un gobierno democrático no resiste el menor análisis.
¿No hay en la Argentina educadores para confiarles la aplicación de un sistema educativo para la libertad?
¿Es tan fuerte el compromiso que tiene el presidente Alberto Fernández con Nicolás Trotta y con todo lo que éste representa para que la educación quede envuelta entre las sombras de la dictadura?
Trotta no es el único nostálgico de la dictadura mimetizado en puestos clave en gobiernos democráticos. Personajes de su mismo perfil los ha habido y los sigue habiendo en los tres poderes del Estado.
Uno de los que más se recuerdan es el caso del general César Milani, designado jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner donde el actual presidente ocupaba la jefatura de gabinete.
Sobre Milani pesaban entonces graves acusaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, además de existir fuertes sospechas sobre su enriquecimiento personal.
La presión de los organismos de Derechos Humanos y el reclamo de justicia por parte de familiares de víctimas de la represión, obligaron a Milani a renunciar, pero hasta hoy permanece impune.
Si no perdemos de vista que los nostálgicos de la dictadura abundan en otros estamentos del Estado, particularmente en el Poder Judicial, el peligro de regresar al pasado estará a la vuelta de la esquina.