La geopolítica del narcofascismo

13 de Agosto de 2022

Actualizado el 02 de julio de 2024

Guardar

El narcofascismo viene de una articulación política de personas o movimientos cercanos al narcotráfico que buscan, entre otras cosas, acceder a cargos de poder para facilitar condiciones y gestiones de gobierno favorables para sus actividades ilícitas.

Los vinculados son familiares, primos, hijos y socios que acceden a cargos públicos para poner estructuras estatales al servicio del crimen.

Una vez el narcofascista accede a la política y a las actividades de gobierno, ajusta la ley hacia sus intereses o a los de su organización, que muchas veces vienen siendo lo mismo.

También se puede ver este efecto a través del financiamiento de campañas políticas, haciendo elegir a presidentes, alcaldes, gobernadores y demás cargos importantes de elección popular.

A penas uno de los peligrosos efectos de estos narcos accediendo al poder es que organismos como la Policía y el Ejército, terminan siendo utilizados a manera de escoltas de los carteles e incluso de operadores de actividades de vigilancia y sicariato.

Lavado de Activos y alianzas con organizaciones criminales

Es común encontrar a los miembros de esta tendencia político-criminal aparecer en documentos como Panama Pappers e investigaciones relacionadas con lavado de activos.

En el continente americano hay dos lugares que les resultan muy llamativos: por un lado están Panamá y las Antillas, pues son sitios donde encuentran bancos y favorabilidad para el lavado de activos, y por otra parte está la ciudad de Miami en el Estado de Florida (USA), dado que allí pueden realizar diversos gastos excéntricos que difícilmente harían o justificarían en sus países de origen.

Vincular a que la fuerza pública para que actué silenciosamente con prácticas fascistas que les permita mantener el poder a las organizaciones criminales será uno de los distintivos de esta forma de actuar delincuencial.

El efecto no será otro que el terror y por tanto el control territorial sobre zonas agrícolas y urbanas, práctica ya conocida de los movimientos fascistas y por tanto totalitarios.

Como diría André Glucksmann, “el terrorismo fascista recae abiertamente sobre la mayoría de la población, es un terrorismo de masas” (El viejo y el nuevo fascismo, Glucksmann p29) igualmente señala que “para mantener el terreno y conquistar la población, emplea a fondo el terrorismo” (p 29) muestra de ello es el “desplazamiento de poblaciones enteras, tortura erigida en sistema de acción psicológica, bombardeos masivos y claro, el terror como método fundamental”.

También señala Glucksmann que “el fascismo lleva a cabo la fusión de un aparato militar, un aparato político y un aparato económico – el capital financiero-“ (P 30).

Es muy puntal además Glucksmann al señalar que “No hay fascismo sin organización armada…La disciplina militar implica disciplina política, se trata de gente que no pide discutir sino batirse” y señala que en dichos movimientos no es extraño que “...los canales paramilitares fascistas recluten antiguos combatientes como en la Italia de Mussolini, matones y rufianes como en tiempos de Hitler o directamente entre miembros de la policía como ocurre actualmente” todo ello con una constante “el fascismo se organiza para la guerra” (P 44).

El narcotráfico hecho política

En este punto, el narcotráfico se convierte en un asunto político, pues se ha conocido que organismos internacionales como la DEA hacen negociaciones con carteles de la droga que tienen poder en el Gobierno a cambio de recursos o leyes que les favorezcan, tal cual como sucede con los Tratados de Libre Comercio TLCs.

El narcofascismo no solo busca incidir políticamente desde el narcotráfico en el control del Estado, el control del Estado es uno de los elementos fundamentales para manejar un tercer componente: el lavado de activos a través del sector financiero.

Sin embargo, nada de esto sería posible sin la participación de las agencias norteamericanas anti drogas o de quienes dependa su Departamento de Estado, como sucede con la CIA, o en este caso con la DEA.

Sin duda a manera de narcoestados y como punto de apoyo para el control territorial de la región está Colombia, sometida por los herederos del Cartel de Medellín, socios del Cartel de Sinaloa, organización criminal que será el eje transversal de estas formas de gobierno.

De allí que casos como el hondureño o el guatemalteco no disten en su diferencia, incluso compartiendo estructuras de narcotráfico, no solo para el transporte de droga sino para el tráfico de armas y el actuar de grupos ilegales que intimiden y sometan a la población.

No ha habido nada de extraño en la exportación de grupos paramilitares desde Colombia hacia Honduras, por ejemplo.

El caso de Panamá sin embargo es particular dado que lo han convertido en un paraíso fiscal para poder dar curso a las grandes cantidades de dinero que mueve el narcotráfico y que hoy vinculan al expresidente Martinelli y a sus hijos.

Pero no contentos con someter los estados para eliminar obstáculos a los negocios de la droga, los narcofascistas se dedican a saquear los países donde se encuentran, (característica histórica del fascismo), de allí que cuando los representantes de esta tendencia asumen el poder, se disparan los delitos de corrupción y saqueo de los recursos públicos, a lo cual se suman otros delitos conexos al narcotráfico como lo son la trata de personas, trata de blancas, comercio de niños, e incluso de órganos para las mafias asiáticas donde el Cartel de Sinaloa tiene negocios hace rato.

La interferencia en los países para asumir un control totalitario

El narcofascismo, como expresión contemporánea del fascismo y por tanto del totalitarismo, vincula varias de sus prácticas, una de ellas, el expansionismo.

Por ello desde Colombia esta tendencia ha intervenido en las elecciones de Ecuador, en el golpe de Estado en Bolivia, en las elecciones de Estados Unidos o atacando los gobiernos que se les contraponen como son los casos de México, Venezuela, Chile y Argentina.

La intervención en las elecciones ecuatorianas fue más que evidente, este movimiento a través de los medios con quienes trabajan inventaron un montaje sobre la relación de uno de los candidatos con la guerrilla, con todo un show mediático desde la fiscalía colombiana controlada por este tipo de organizaciones. Fue un escándalo para incidir en el proceso electoral y lo lograron.

En el caso boliviano el asunto fue más allá, no solo orquestaron el golpe de estado, o participaron en la orquestación del mismo, sino que incluso un comando alcanzó a estar en el país para asesinar al presidente.

El vínculo se hizo evidente cuando se conoció la pareja de la golpista Jeanine Añez, un colombiano perteneciente al movimiento uribista.

La intervención en las elecciones norteamericanas fue clara, a través de la candidata al congreso María Elvira Salazar, hoy congresista, respaldada por el uribismo radicado en Florida (USA), uno de los principales puntos de apoyo del narcotráfico para controlar América Latina y desde donde se deciden acciones tan rotundas como los golpes de estado y el asesinato de presidentes.

El tema de las agencias antidrogas norteamericanas vinculadas a actividades de narcotráfico o dicho de otra forma, el apoyo de entidades gubernamentales norteamericanas a grupos del narcotráfico no es nada nuevo, ya hacia los años 60 se dio a conocer el lamentablemente famoso “Método Yakarta” mediante el cual, el país norteamericano respaldaba políticamente carteles de la droga para someter países, incluyendo claro para ello, los programas de exterminio de civiles.

En América Latina se conoce esta práctica desde los años 90 con notoriedad, facilitando el acceso de carteles de la droga a la administración de Estados de Centro y Suramérica.

Los socios narcos del Tío Sam

Como caso histórico está el de Manuel Antonio Noriega, expresidente de Panamá, pero desde su época nada ha cambiado para bien, al contrario, en plena segunda década del siglo XX la estructura de apoyo norteamericano a la conformación de narco estados es más que evidente, con Colombia a la cabeza.

Si se mira la relación de los gobiernos latinoamericanos, desde México hasta Argentina hay una sola multinacional del crimen que los relaciona, el Cartel de Sinaloa, quien curiosamente y si fuésemos mal pensados, no aparecería administrado por grandes capos sino por acuerdos y directrices de la mismísima DEA.

Los narcotraficantes en pleno cierre del periodo uribista, brotan a borbotones desde cargos gubernamentales y desde la fuerza pública colombiana. La toma que esta estructura criminal hiciera del Estado colombiano se podría decir le permite controlar todos los niveles que de una u otra forma les facilitan sus delitos.

Vayamos por ejemplo a Honduras, donde fue tan evidente la relación del presidente con estructuras del narcotráfico que a los pocos días de perder las elecciones fue extraditado hacia Estados Unidos. ¿A que no adivinan por cual delito? ¡Narcotráfico! Nada sorprendente.

Bastó con que Juan Orlando Hernández, o su estructura política, perdieran las elecciones para iniciar el retorno a la democracia en Honduras y que éste fuese a comparecer ante cortes norteamericanas, como algún tipo de juego macabro en donde ubican a un criminal en el gobierno y después lo retiran para protegerlo.

Vemos hoy la puesta en escena actualizada de la famosa “Operación Cóndor” pero versión narco y no orquestada por la CIA sino por la DEA.

Una vez circularon las imágenes de Hernández capturado con orden de extradición, las redes recordaron imágenes con sus principales socios comerciales, presidentes y políticos de la región.

Un sofisma llamado Venezuela

Este periodo en donde narcotraficantes asumieron la presidencia de varios países es un periodo negro de la historia latinoamericana que será recordado como los “narco-estados”.

Y si bien se ha buscado atacar a Venezuela desde esta perspectiva, lo cierto es que las cifras con contundentes, el narcotráfico que sale desde Colombia en el periodo uribista supera de lejos y con creces el tráfico de drogas desde el país de los “chamos”.

De hecho, las intentonas de golpe o derrocamiento del presidente venezolano han contado con los mismos protagonistas en el transcurso del tiempo, organizaciones de derecha en Miami, soldados entrenados en Colombia y recursos facilitados incluso desde Argentina.

La relación del uribismo con el Cartel de Sinaloa es de vieja data, basta recordar que el “pecoso” Uribe, enlace del cartel mexicano en la región, era hermano de Álvaro Uribe Vélez y que al morir este, su esposa, Dolly Cifuentes Villa, del clan Cifuentes Villa, cuñada de Uribe, fue quien asumió las riendas del narcotráfico.

El club de los narcopresidentes

El esquema se ha ido desarrollando a lo largo y ancho del continente, los narcos o sus socios llegan al poder y desde allí presionan un cambio político en sus vecinos al punto que ya es muy evidente que un presidente latinoamericano en este periodo comprendido entre 2018 y 2022, o es narco o es banquero.

Alianza con la que se apoyan entre sí para establecer cambios estructurales en sus gobiernos enfocados en favorecer el desarrollo del negocio del narcotráfico, el de ellos por supuesto, otros pequeños carteles serán perseguidos hasta ser sometidos o desaparecidos gracias a que desde su posición lideran ejércitos nacionales y administran aeropuertos civiles y oficiales.

El caso de Paraguay con Horacio Cartes, uno de los grandes socios de Álvaro Uribe, es ejemplificante para la región por que reúne fácilmente, la estructura criminal del grupo, se le vincula a narcotráfico, a lavado de activos y al saqueo estatal mediante estructuras de corrupción.

Panamá, el centro del dinero

El negocio del narcotráfico requiere de toda una estructura impulsada por la demanda en Estados Unidos y respaldada de un proceso logístico del producto, pero además, moviliza un esquema paralelo, el financiero, es decir, así como se requiere una infraestructura para mover la droga, es necesario un sistema que canalice las increíbles cifras de dólares que fluyen con este tipo de crimen, y para ello son claves, los amigos banqueros y los paraísos fiscales.

No es gratis que cerca de cada narcotraficante en el poder exista un banquero que lo respalde y que en realizad viene siendo su socio, el encargado de lavar y blanquear los dineros del delito.

El esquema se expande

Al igual que en el totalitarismo, el narcofascismo busca extender sus fronteras, por ello procura incidir y presionar en otros países que aún no hacen parte de su estructura criminal.

Es así que los vemos participando o buscando incidir en procesos electorales o incluso en golpes de estado.

El golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, es uno de esos casos, no solo Jeanine Añez, quién asumió la presidencia de facto tras el golpe, es pareja de un colombiano seguidor de Álvaro Uribe, sino que además, mercenarios del ejército colombiano estuvieron visitando Bolivia y reuniéndose con el gobierno golpista.

La intervención en Ecuador

Si ha habido una intervención abierta y descarada del gobierno colombiano en un país vecino, más descarada aún que las intentonas de golpe contra Venezuela, ha sido en Ecuador.

En este vecino del sur el uribismo orquestó un montaje desde la Fiscalía General de la Nación de Colombia para alterar los resultados electorales a la Presidencia de la República.

El montaje consistió en armar unas declaraciones falsas de un supuesto guerrillero del ELN en donde se aseguraba que le había dado dineros al candidato opositor al banquero Guillermo Lasso.

Si bien el montaje salió mal, dado que el guerrillero real salió a desmentir las declaraciones, el efecto fue el esperado y Lasso ganó las elecciones presidenciales.

Pero el uribismo no se mide en sus alcances, con el reconocido arrojo del fascismo, este movimiento con sede en Colombia ha logrado incluso poner congresistas en los Estados Unidos gracias a los votos que tiene asentados en el Estado de La Florida (USA), desde donde también ha generado campañas de propaganda negra y guerra sucia contra el presidente demócrata Joe Biden.

Otro hecho claro de la intervención del uribismo en países vecinos es la elección de la congresista María Elvira Salazar, elegida gracias a recursos financieros y políticos de Uribe en el sur de Florida.

Salazar ya venía con una trayectoria cuestionable gracias a sus vínculos con Vladimiro Montesinos, de la política mafiosa peruana.

Los asesinatos

Como actividad conexa en una organización criminal de este calibre no podían faltar los asesinatos, pero no solo los asesinatos en masa o los de testigos judiciales, también están los magnicidios, la actividad de darle muerte a figuras altamente importantes de la sociedad, tal cual lo llegó a hacer en su momento Pablo Escobar.

En el caso del asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse sucedido el 7 de julio de 2021, por parte de un comando armado compuesto por militares y exmilitares colombianos, se hizo evidente la estructura criminal de los “narcoestados”.

De acuerdo con una investigación del NY Times, Moïse estaba preparando un informe sobre los gobiernos latinoamericanos que traficaban droga a través de su país, lo cual explica por qué los comandos antes de ejecutar al presidente lo torturaron fracturándole dedos y disparándole en las piernas.

Tan pronto se supo del asesinato y que los sicarios militares habían sido capturados, lo primero que hizo el gobierno colombiano y su estructura mediática fue construir una narrativa donde ellos no eran los asesinos sino que habían llegado a defender al presidente.

Periodistas como Vicky Dávila a través de Revista Semana y Santiago Ángel de La FM armaron rápidamente una historia en la cual los colombianos habían sido los héroes desafortunados de la situación.

Para infortunio de la organización criminal, Martine Moïse, esposa del mandatario haitiano, sobrevivió a sus heridas y reconoció al comando colombiano como el responsable de acabar con la vida de su esposo después de torturarlo.

Las declaraciones de Martine Möise no solo acabaron con la narrativa del gobierno colombiano, también las propias declaraciones de los implicados quienes aceptaron que habían sido contratados para tal efecto por una firma de mercenarios con sede en Miami y que la orden había sido muy clara: “matar hasta al perro”.

Lo curioso de la mencionada firma es que era contratista del gobierno del presidente Iván Duque y habían sostenido reuniones con él mismo apenas días antes de la acción armada.

Pero el vínculo del presidente Duque con el grupo de mercenarios no solo era a través de la empresa de contratistas, directamente su consejero de seguridad, Rafael Guarín, era primo de uno de los sicarios.

El desespero de la canciller colombiana Martha Lucía Ramírez se hizo evidente buscando a toda costa sacar a los militares de Haití para que no rindieran indagatoria allí sino en Colombia.

Incluso otros entes del gobierno colombiano, como la Defensoría del Pueblo, pidieron intervenir en la situación para garantizar los derechos de los soldados, dado que a algunos se les había “raspado la piel porque les apretaban las esposas” (vergonzoso informe).

Y peor aún, de acuerdo con denuncias de los investigadores, lo que buscó en todo momento la comitiva colombiana fue alterar o entorpecer la investigación.

La implicación del gobierno colombiano fue tan directa que incluso contrataron abogados internacionales utilizando recursos públicos para que defendieran a los mercenarios, como si hubiese sido un acto de servicio.

Uno de los sicarios que logró escapar se escondió en Guatemala, sin embargo y aunque el gobierno colombiano lo solicitó en extradición, el gobierno norteamericano lo alcanzó a capturar en la escala de Panamá desde donde fue dirigido hacia Estados Unidos para pagar cadena perpetua.

Para rematar, durante la estadía de las comisiones colombianas fue asesinado uno de los investigadores, a la mejor usanza del Cartel de Medellín, tan cercano al uribismo. Al fin, lo cierto es que tanto Estados Unidos como lo gobiernos involucrados en este asesinato lograron callar los móviles del mismo y el tráfico de droga continúa.

El asesinato del fiscal paraguayo

Otro dramático asesinato cometido por esta organización, fue el del Fiscal anti Mafia de Paraguay, Marcelo Pecci, ejecutado por un sicario mientras estaba de vacaciones con su esposa en Cartagena (Colombia).

El alto funcionario de investigación paraguayo era el responsable de indagar sobre una banda de corrupción, narcotráfico y lavado de activos en el que estaba involucrado el expresidente de su país Horacio Cartes.

La banda que habría asesinado al fiscal está vinculada con la tenebrosa “Oficina de Envigado”, que sigue operando como muestra de continuidad del Cartel de Medellín y que además hoy funciona enlazada con el Cartel de Sinaloa.

Este es otro de tantos casos que deja ver la estructura de los narcoestados, en donde organizaciones del narcotráfico operan incluso como proveedores de servicios de entes gubernamentales, principalmente en temas de seguridad y suministro de armamento.

Al final de este macabro acto en donde terminaron con la vida de una de las más importantes figuras de la justicia paraguaya, el nombre de dos expresidentes salen a relucir, el de Horacio Cartes y el de Álvaro Uribe Vélez.

Los Asesores

Si bien este grupo de políticos y sus fechorías causan asombro e indignación, no menos sorpresas causan sus asesores, tomados de los sectores más radicales de la extrema derecha.

Para este tipo de tareas el uribismo mantiene una amplia gama de personas vinculadas a delitos como violación, estafa e incluso terrorismo, y su principal “expertise” pulula entre la trampa, la intimidación y el engaño como elementos fundamentales para generar miedo u odio.

Dentro de este ramillete de ejemplares ciudadanos el uribismo ha procurado rodearse de personajes como Roger Stone, Steve Bannon (Cambridge Analytica), Juan José Rendón y el más reciente Jason Miller.

Dichos asesores se mueven en entornos internacionales buscando consolidar la incidencia de su movimiento en la política de la región e incluso con fronteras más amplias como Estados Unidos y Europa.

Nada funciona sin el trabajo de la prensa

Parte del esquema para mantener esta red de narcotraficantes metidos en la administración de gobiernos de Centro y Suramérica se logra gracias al manejo de los delitos que hacen periodistas a su servicio ante la opinión pública.

Su labor es básicamente distraer, desdibujar, restar notoriedad a los crímenes y muchas veces incluso construir justificaciones para los asesinatos.

Eso claro, mientras construyen narrativas mediante las cuales quien los denuncia es “terrorista”, “antisocial”, “delincuente” o “enemigo de la economía”, los cárteles asumen el control de los estados, las sociedades y los países. El mundo al revés.

Ideológicamente por su puesto han procurado rodearse de ideólogos fascistas que los inspiran a la hora de justificar asesinatos selectivos, “masacres con sentido social” o “control poblacional” de los enemigos internos, lo cual ahoga a los ciudadanos mientras la estructura logística y financiera de esta relación entre carteles-estado crece y se consolida.