Con motivo de la celebración de la 21ª edición de la Jornada Internacional contra la Pena de Muerte “Ciudades por la Vida”, la Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional seguimos denunciando cómo, a pesar de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, en el último año se ha producido un preocupante aumento de las ejecuciones en países como Irán, Arabia Saudí y Egipto. Y queremos recordar también el alarmante crecimiento de condenas de pena de muerte para delitos relacionados con drogas.
Jornada de Ciudades por la Vida
La Jornada de Ciudades por la Vida se convoca desde 2002 para impulsar la abolición de la pena capital en todo el mundo y viene a conmemorar la primera vez que fue prohibida en el Gran Ducado de Toscana en 1786. Se trata de una iniciativa internacional impulsada por la Comunidad de Sant’ Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, de la cual Amnistía Internacional y Sant’Egidio son miembros fundadores y en la que se agrupan más de 60 organizaciones, colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales de todo el mundo.
Este año participarán en la iniciativa más de 2.550 ciudades en todo el mundo, entre ellas, Roma, Bruselas, Lisboa, o París. En España, son más de 30 las ciudades inscritas: Avilés, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Gijón, Oviedo, Tarragona, o Vitoria, entre otras, que llevarán a cabo actos, como la iluminación de edificios emblemáticos con sus respectivos ayuntamientos, así como jornadas en escuelas y universidades.
La Comunidad de Sant’Egidio, que mantiene relación por correspondencia con cientos de condenados, ha invitado a Madrid a Joaquín José Martínez, el primer español que consiguió salir del corredor de la muerte en Estados Unidos. Joaquín José contará su testimonio personal en escuelas y universidades, así como en la sede de Sant’Egidio.
Ejecuciones por delitos de drogas
Por su parte, Amnistía Internacional, como ya hizo el pasado 10 de octubre Día Mundial Contra la Pena de Muerte, quiere recordar el alarmante aumento de ejecuciones por delitos de drogas que han afectado de forma desproporcionada a quienes proceden de sectores marginados de la sociedad o pertenecientes a minorías étnicas. Condenas que a menudo se produjeron en procedimientos que no garantizaban un juicio justo.
Todavía 36 países mantienen en su legislación la pena de muerte para castigar este tipo de delitos, pese a que el derecho internacional, en espera de su abolición total, restringe este tipo de castigo a “los delitos más graves”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha interpretado que esta restricción se refiere únicamente al homicidio intencional y excluye categóricamente los delitos de drogas.
Amnistía Internacional ha registrado más de 700 ejecuciones por estos delitos entre 2018 y 2022. En 2022, las 325 ejecuciones relacionadas con las drogas representaron el 37 por ciento del total mundial conocido y duplicaron con creces las 134 contabilizadas en 2021.
Los países que han registrado ejecuciones relacionadas con delitos de drogas han sido principalmente Irán, con el 78 por ciento de ejecuciones por este delito, Arabia Saudí, Singapur, China, Vietnam o Kuwait.
La pena de muerte en el mundo
Las ejecuciones registradas en 2022 alcanzaron la cifra más alta en cinco años debido al aumento de ejecuciones ocurrido en Oriente Medio y el Norte de África. Ese año se tuvo conocimiento de la ejecución de un total de 883 personas en 20 países, lo que representa un aumento del 53 por ciento respecto de 2021. De ellas, 13 eran mujeres: Irán 12, Arabia Saudí 1. En Irán, al menos 5 personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Y países como Estados Unidos, Irán, Japón y Maldivas condenaron a muerte a personas con discapacidad intelectual.
El 90 por ciento de las ejecuciones conocidas en el mundo, donde no se incluyen las miles que se cree se llevaron a cabo en China por ser información secreta, se realizaron en tres países: Irán, donde aumentaron las ejecuciones de 314 en 2021 a 576 en 2022; Arabia Saudí, donde las cifras se triplicaron, pasando de 65 en 2021 a 196 en 2022; y Egipto, donde se ejecutó a 24 personas. En 2022, se reanudaron ejecuciones en cinco países: Afganistán, el Estado de Palestina, Kuwait, Myanmar y Singapur.
Sin embargo, aunque las ejecuciones aumentaron, el número total de condenas a muerte impuestas disminuyó ligeramente: de 2.052 en 2021 a 2.016 en 2022.
En este contexto, seis países abolieron la pena de muerte total o parcialmente: Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y República Centroafricana abolieron la pena de muerte para todos los delitos, mientras que Guinea Ecuatorial y Zambia la abolieron sólo para los delitos comunes.
En diciembre de 2022, 112 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 9 la habían abolido sólo para los delitos comunes.