El régimen dictatorial de Mohamed VI está utilizando tácticas encubiertas para silenciar a activistas y periodistas críticos con el régimen. Así se indica en un informe de Human Rights Watch (HRW). El objetivo de esas estrategias es preservar la codiciada imagen de Marruecos como «país moderado y respetuoso con los derechos humanos», cuando en realidad se está volviendo cada vez más represivo.
En el informe HRW documenta una serie de tácticas que, cuando se utilizan conjuntamente, conforman un ecosistema de represión, con el objetivo no solo de silenciar las voces disidentes, sino de ahuyentar a todos los posibles críticos.
Las estrategias incluyen juicios injustos y largas penas de prisión por cargos penales no relacionados con la expresión, campañas de acoso y desprestigio en medios de comunicación afines al Estado y la persecución de los familiares de los disidentes. Voces críticas del régimen también han sido sometidas a vigilancia mediante video y medios digitales, y en algunos casos a intimidaciones y agresiones físicas que la policía no ha investigado adecuadamente.
Human Rights Watch documentó 8 casos de represión multifacética, que implican 12 juicios y numerosos objetivos asociados. Para ello, entrevistó a 89 personas dentro y fuera de Marruecos, entre ellas personas sometidas a acoso policial o judicial, sus familiares y amigos cercanos, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y políticos, abogados, periodistas y testigos de juicios.
La organización de defensa de los derechos humanos también asistió a 19 sesiones de juicios de varios disidentes en Casablanca y Rabat, revisó cientos de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales, e hizo un seguimiento cercano a los medios de comunicación afines al régimen durante más de dos años.
Desde que Mohamed VI subió al trono de Marruecos en 1999, HRW ha documentado decenas de condenas a periodistas y activistas por cargos relacionados con la libertad de expresión, en violación de su derecho a la misma. Estos juicios continúan. Paralelamente, las autoridades han perfeccionado un enfoque diferente para los detractores más destacados, procesándolos por delitos no relacionados con la expresión, como el blanqueo de dinero, el espionaje, la violación, la agresión sexual, e incluso la trata de personas.
Estas graves acusaciones penales deben ser investigadas sin discriminación, y los responsables deberían ser llevados ante la justicia en juicios que respeten el debido proceso y sean justos para todas las partes, señaló Human Rights Watch. El informe evalúa si los procesos judiciales en estos casos respetó las normas internacionales que rigen el derecho a un proceso justo.
En los juicios examinados, Human Rights Watch descubrió que los disidentes, sus familiares o sus asociados fueron condenados sobre la base de acusaciones que, por su propia naturaleza, violaban los derechos humanos internacionalmente reconocidos o, cuando las acusaciones eran legítimas, sobre la base de procedimientos injustos que violaban numerosas garantías de un juicio justo.
Los problemas de procedimiento incluían la detención preventiva sin justificación individualizada, la denegación del acceso de los acusados a sus expedientes durante períodos prolongados, la denegación de las peticiones de la defensa para oír y contrainterrogar a los testigos materialmente relevantes, y la condena de los acusados encarcelados en su ausencia después de que la policía no los llevara al tribunal.
En su agresiva persecución de disidentes, incluso por cargos graves, las autoridades han violado los derechos de sus allegados, parejas, familias e incluso de personas que las autoridades alegan que son sus víctimas.
En un caso, un tribunal condenó a Afaf Bernani por «difamar a la policía», después de que ésta los acusara de falsificar una declaración en la que parecía afirmar que había sido agredida sexualmente por su antiguo jefe, Taoufik Bouachrine, director del último periódico impreso crítico en Marruecos. Bernani negó rotundamente haber hecho tal acusación. Bouachrine fue posteriormente condenado a 15 años de prisión en 2019 por múltiples acusaciones de agresión sexual; Bernani ha huido al exilio.
Por otro lado, las investigaciones de Amnistía Internacional y Forbidden Stories descubrieron que las autoridades marroquíes estaban detrás del hackeo de los teléfonos de varios periodistas y defensores de los derechos humanos, junto con posiblemente miles de otras personas, utilizando el programa espía Pegasus, entre 2019 y 2021.
Otras tácticas documentadas incluyen la vigilancia física y la persecución de la familia. Hajar Raissouni, periodista condenada por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio con su prometido y por practicar un aborto ilegal, declaró que la policía la interrogó sobre dos de sus tíos, reconocidos disidentes. Los agentes también le dieron detalles sobre su relación con su entonces prometido, incluyendo las fechas y horas en las que paseaba a su perro y el nombre del animal.
Las estrategias documentadas por HRW violan las obligaciones internacionales de Marruecos en materia de derechos humanos, como el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y de asociación, así como el derecho al debido proceso y a un juicio justo para las personas acusadas de un delito.