Un informe jurídico de Naciones Unidasratifica el hecho de que el Sáhara Occidental no está administrado porMarruecos, sino que la potencia administradora es España. Por tanto, según laONU, Marruecos está ocupando territorio español.
El Reino de España, con su Jefe del Estado ala cabeza, tiene una responsabilidad con el Sáhara Occidental que va más alláde lo sentimental porque, legalmente, el territorio continúa perteneciendo aEspaña y no a Marruecos. Hay un aspecto que en nuestro país se ha pasado poralto: la ONU declaró nulos los Acuerdos de Madrid de 1.975 firmados por JuanCarlos de Borbón por los que se cedía la administración del Sáhara a Marruecosy Mauritania. Esta nulidad es la que provoca que el territorio se encuentre aúnentre los dieciséis territorios no autónomos supervisados por el ComitéEspecial de Descolonización de la ONU.
Fue el Tribunal de La Haya quien negó aMarruecos y Mauritania los derechos de administración sobre el SáharaOccidental, pero Hassan II decidió invadir el territorio enmascarando unainvasión militar como de marcha pacífica de civiles. En aquellos días, eldictador Francisco Franco agonizaba en el Hospital de La Paz y el gobiernoespañol se acobardó ante las amenazas marroquíes. Se enviaron misiones a Rabatpara negociar con el rey alauí. Juan Carlos de Borbón, entonces Jefe del Estadoen funciones, visitó a las tropas, hecho al que se opuso el presidente delGobierno, Carlos Arias Navarro. Finalmente se autorizó que la Marcha Verdeentrara en el territorio, mientras se negociaba el Acuerdo Tripartito deMadrid. En este hecho mucho tuvo que ver el ministro Antonio Carro.
Sin embargo, en ese acuerdo firmado unos díasantes de la muerte de Franco por Juan Carlos de Borbón, no se transmitió lasoberanía sobre el Sáhara Occidental, además de que España transfirióilegalmente la administración del territorio a Marruecos y Mauritania ya que elderecho internacional impide que el Estado administrador abandoneunilateralmente sus responsabilidades de un territorio no autónomo/colonizado.
En 1976, siendo aún presidente del GobiernoCarlos Arias Navarro, tras la salida del último contingente español, Españacomunicó a la ONU que, al haber abandonado el territorio, quedaba exenta decualquier responsabilidad internacional en relación con la administración delSáhara y que lo dejaba bajo la ocupación de Marruecos y Mauritania. Esterazonamiento estaba basado en los acuerdos declarados ilegales de Madrid denoviembre de 1975. Tres años más tarde, el gobierno mauritano también abandonóla administración por lo que, desde entonces, Marruecos ocupa y administra elterritorio a pesar de no figurar como potencia administradora en la lista de laONU, ya que Naciones Unidas jamás lo ha considerado como tal. Así quedóestablecido en el año 2.002 por un informe jurídico firmado por Hans Corell,secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas. Por tanto,el Sáhara Occidental sigue siendo territorio español. Legalmente y en base alderecho internacional España es la potencia administradora y, por tanto, estápermitiendo que una nación extranjera ocupe ilegalmente el territorio.
Esta legalidad fue ratificada en el año 2014por un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por elactual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el que se afirmabaclaramente que «España sigue siendo la Potencia Administradora del territorio,y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene lasobligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas,entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contratodo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para hechoscomo los que se refieren en la querella a que se contrae el presenteprocedimiento».
El auto añadía, además, que «el estatusjurídico del Sahara occidental en los términos que se indican por el MinisterioFiscal se corresponde con el que se hace constar en el escrito de fecha 29 deenero de 2002 dirigido al presidente del Consejo de Seguridad de las NacionesUnidas por el Secretario General adjunto para los asuntos jurídicos, queexpresamente se recoge en los antecedentes de la reciente sentencia delTribunal Europeo de Derechos Humanos».
En el mismo auto, se reproducen lasconclusiones de la Fiscalía respecto al Sáhara Occidental. En primer lugar, elMinisterio Público determina que el territorio era la provincia 53 de España,con representación en las Cortes. En segundo término, el Estado españolreconoció en Naciones Unidas su papel de potencia administradora. En tercerlugar, hace referencia a cómo la ONU «ha mantenido una posición uniformesobre el “Acuerdo Tripartito de Madrid” al dictaminar que el mismo es nulo,sin eficacia jurídica, en consecuencia, siempre ha considerado a España comola Potencia administradora».
Mientras determinados sectores políticossiguen reclamando la soberanía sobre Gibraltar, es destacable el hecho de queEspaña no haga nada cuando legalmente es la potencia administradora del Sáhara.Por esta razón, nuestro país tiene la responsabilidad de exigir a Marruecos queabandone el territorio, con las sanciones que haya que aplicar. Por otro lado,como país soberano España debe hacer cumplir la promesa que se hizo al pueblosaharaui de convocar un referéndum de autodeterminación, ya sea a través de unaposición fuerte en Naciones Unidas o en la exigencia a Marruecos de realizardicha convocatoria.