En Irán, los derechos más elementales como la libertad de expresión e información sencillamente no existen y los ayatolás han intervenido totalmente redes sociales como Facebook, Telegram, Twitter y YouTube. De hecho, las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia llevan a cabo constantes detenciones arbitrarias por publicaciones consideradas “contrarrevolucionarias” o “contrarias al islam”. Amnistía Internacional viene denunciando el sistemático ataque contra miles de personas, incluidas mujeres y niños, que son sometidas a interrogatorios, juicios injustos y penas de cárcel únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Entre las víctimas hay manifestantes, periodistas, disidentes, artistas, escritores y docentes. También activistas por los derechos humanos, como juristas profesionales, defensoras de los derechos de las mujeres, líderes del colectivo LGBTI, sindicalistas, ecologistas, detractores de la pena de muerte y gente que simplemente busca a sus familiares desaparecidos. Cientos de ellos siguen siendo injustamente encarcelados.
Policía de la Moral, policía del terror
En ese contexto de represión, las mujeres se llevan la peor parte. Son ellas sobre las que recae lo más cruel de una legislación penal inflexible en cuestiones como el adulterio, la homosexualidad, el aborto o la desobediencia al marido. El Código Penal vigente contempla castigos inhumanos como la tortura, la flagelación, la ceguera, la amputación de miembros corporales, la crucifixión y la lapidación. Según Amnistía Internacional, la legislación discriminatoria que obliga al uso del velo ha provocado que la Policía de la Moral –hoy oficialmente desmantelada– se haya extralimitado en sus funciones, dando lugar al hostigamiento, la detención arbitraria y los malos tratos contra decenas de mujeres que se niegan a llevar esa prenda de vestir. La Policía de la Moral fue una especie de escuadrón antivicio creado en 2005 con la única misión de arrestar a toda aquella que violara el estricto código de vestimenta islámico, mayormente el hiyab. El pasado año, tras la muerte de Mahsa Amini y la consiguiente presión internacional sumada a las continuas protestas y manifestaciones callejeras, el Gobierno se vio obligado a disolver esta siniestra unidad policial propia de una novela distópica. Fue una gran victoria de las mujeres iraníes. Sin embargo, el control de la moralidad por parte del Estado prosigue, ya que, aunque esta unidad policial ya no exista oficialmente se cree que puede seguir funcionando de forma clandestina, en la sombra. Sea como fuere, lo único cierto es que decenas de activistas por los derechos de la mujer continúan en prisión solo por participar en campañas contra el uso obligatorio del velo. Ser feminista en Irán se ha convertido en una opción de vida de alto riesgo.
Presión sobre la población
No solo ellas han sido víctimas de la persecución de los agentes de la Policía de la Moral. También los hombres han sufrido el acoso, sobre todo aquellos que lucen cortes de pelo occidentales o muestran costumbres demasiado europeizadas. Cualquier iraní se estremece al escuchar las palabras Gasht-e-Ershad (“patrullas de orientación” en persa), tal como se conoce técnicamente a la Policía de la Moral. Se cree que este cuerpo represor al servicio de los clérigos integristas está formado por cientos de guardias encubiertos encargados de hacer cumplir la ley islámica día y noche. Cualquiera, hombre o mujer, puede terminar en los calabozos por llevar unos pantalones demasiados ajustados. Una falda algo corta puede costar, con suerte, unos latigazos; varios años de cárcel en el peor de los casos.
El terror se ha instalado entre los ciudadanos. La figura del vecino delator de la Policía se ha institucionalizado como en los tiempos de los fascismos europeos. Las paredes oyen. Las calles ven. Hay espías al servicio del régimen en cada esquina. Curiosamente, estas patrullas no solo están compuestas por hombres, también por mujeres. Se sabe que sus integrantes se desplazan en camionetas que se apostan en lugares estratégicos de la ciudad, como plazas, centros comerciales y salidas de estaciones de metro, desde donde vigilan que la ropa y el comportamiento de los iraníes se ajusta a la ley sharía. La hipocresía de estos sangrientos lacayos del fundamentalismo ha llegado a tal punto que, en el Día de la Madre Iraní de 2013, las patrullas recompensaron con un ramo de flores a aquellas mujeres que usaron el chador (el modelo masivamente utilizado de hiyab). Un obsequio-regalo que demuestra el grado de crueldad maquiavélica al que han llegado los dirigentes de la República Islámica.
Cuando un policía de la moral caza a una mujer sin el velo o sin cumplir con las normas de decoro establecidas, la traslada a un centro de detención o comisaría, donde se la adoctrina con un sermón de tinte religioso sobre su conducta impropia. La charla policial suele ser humillante para quien la recibe. Generalmente, después del consiguiente adoctrinamiento, se devuelve a la detenida con su familia o marido, no sin antes imponerle una multa o un castigo de flagelación. En los casos más graves se lleva a la arrestada ante un tribunal que puede decretar el ingreso en prisión. Tras las revueltas populares y la supuesta disolución de la Policía de la Moral, el régimen de Teherán ha relajado estas prácticas policiales pero la presión sobre la población femenina no ha desaparecido ni mucho menos. “Aquellos que no observan los valores islámicos y tienen negligencia en esta área ya no serán llevados a los centros de detención, no se hará un caso legal por ellos y no los enviaremos a la Corte; más bien, se ofrecerán clases de educación para reformar su comportamiento”, aseguró en 2017 el general de brigada Hossein Rahimi, jefe de la policía de Teherán. Las patrullas de orientación también han puesto en su punto de mira a las mujeres transgénero, implacablemente perseguidas por los teólogos integristas por ir contra la ley de Dios. En abril de 2018 una muchacha trans fue violentamente apaleada por unos matones ante los ojos de la policía, que se negó a intervenir en defensa de la víctima.