Mientras patrullas estatales y locales despliegan retenes en las calles de cualquier ciudad estadounidense, policías encendiendo luces azules y camuflados de ICE esperando en vehículos subrepticios, ciudades como Nashville (donde Donald Trump sólo obtuvo un 37% de los votos) se han convertido en el escenario de una nueva estrategia migratoria federal que promete acelerar deportaciones y alimentar el miedo en comunidades enteras.
Desde comienzos de 2025, las autoridades de inmigración de Estados Unidos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), han suscrito 514 nuevos convenios con agencias policiales locales en 40 estados para implementar el Programa 287(g), que delega en oficiales municipales y estatales facultades limitadas de detención y verificación de estatus migratorio.
Con la firma de cada acuerdo, que exige al menos 40 horas de entrenamiento en línea para el oficial, ICE recupera un modelo de “task force” abandonado en 2012, cuando la acumulación de demandas por perfil racial y la falta de supervisión apta obligaron a suspenderlo. A 20 años de su origen, el programa vuelve con fuerza: de los 135 acuerdos vigentes en enero, hoy la cifra asciende a 649, y otras 79 solicitudes aguardan aprobación.
“Ha sido maravilloso ver a gente unirse a esto para asegurar que ICE… acelere las deportaciones”, celebró en un comunicado la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendiendo la iniciativa como un “multiplicador de fuerza” frente a las políticas de “santuario”.
En Tennessee, la patrulla de carreteras estatales redobló revisiones de tráfico en la Interestatal 45. En cuestión de días, agentes de ICE detuvieron a más de un centenar de conductores, la mayoría sin antecedentes penales, según datos oficiales. Al mismo tiempo, Florida se convirtió en epicentro de la expansión: 20 agencias, incluidos cuerpos de policía de tráfico, respondieron al llamamiento del gobierno de Donald Trump, arrestando en las últimas semanas recientes a más de 1.300 personas.
Las policías locales tienen más autoridad, pero no saben necesariamente aplicarla; basta con que un oficial crea que un conductor es inmigrante para detenerlo. El perfil racial florece bajo este marco, y la confianza comunitaria queda hecha pedazos.
En 2012, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) ya señalaba la incapacidad de ICE para formar y supervisar adecuadamente a sus socios locales. Los departamentos firmantes, exonerados de fondos federales para salarios y transporte, deben asumir esos costos, generando tensiones presupuestarias.
La historia documenta consecuencias dolorosas. En 2012, el Departamento de Justicia (DOJ) concluyó que en el condado de Alamance (Carolina del Norte) la policía, bajo un acuerdo 287(g), discriminó sistemáticamente a latinos. Aunque un juez federal desestimó el caso en 2015, el escándalo terminó con la suspensión del convenio hasta 2020. En Arizona, un pleito similar contra Joe Arpaio encontró que su oficina perfilaba, literalmente, por el color de piel, provocando investigaciones y, en 2017, un indulto presidencial que encendió aún más el debate.
Hoy, las grandes ciudades, con costosas fuerzas policiales y poderosos sindicatos, se mantienen en gran medida al margen: temen el desgaste financiero y el descrédito social de asumir la etiqueta de “agentes de inmigración”. Pero condados rurales y oficinas del Sheriff, donde los cargos son electos y el perfil político tiende a lo conservador, dan la bienvenida al programa como un activo electoral y una señal de mano dura.
En definitiva, estos acuerdos apestan a perfil racial y a discriminación inconstitucional. Las familias viven traumatizadas, temen salir a la calle, y dejan de denunciar crímenes por miedo a ser detenidos.
El alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, exigió transparencia: solicitó a ICE los nombres de los arrestados y provocó dos investigaciones en el Congreso por parte de legisladores republicanos. “Funcionarios que dicen compartir nuestros valores han causado un daño profundo a nuestra comunidad”, lamentó el alcalde.
ICE busca ampliar aún más su red de convenios y reducir su dependencia de prisiones privadas, según su director interino, Todd Lyons. Pero los críticos insisten en que, sin una reforma integral de supervisión, el programa repetirá errores del pasado: erosión de la confianza ciudadana, vulneración de derechos civiles y un efecto escalofriante que deja incomunicadas a las poblaciones más vulnerables.
Mientras tanto, en poblaciones donde las autoridades locales han acogido con entusiasmo el 287(g), las sirenas de patrulla y los operativos de verificación se han vuelto parte del paisaje urbano. Con cada nuevo acuerdo, la línea entre policía local e inmigración se difumina más, redefiniendo la naturaleza de la vigilancia en barrios de inmigrantes y marcando, una vez más, el pulso de un país dividido.