Los autócratas tienen la costumbre de implementar medidas que violan las constituciones democráticas. Venezuela, El Salvador, España, Argentina, y ahora Estados Unidos, han dado ejemplo de ello en los últimos meses. Los presidentes presentan medidas que sirven a sus intereses políticos y personales aunque violen las leyes supremas. Les da igual. Por eso son autócratas.
Donald Trump no lleva ni dos semanas en el cargo y ya ha batido el récord de órdenes ejecutivas, pretendiendo, de este modo, saltarse el control que el poder legislativo tiene sobre el ejecutivo. Sin embargo, la Justicia le está parando los pies.
El pasado lunes, el nuevo presidente de los Estados Unidos dictó una orden por la cual congelaba las subvenciones y préstamos federales que en algunos casos aplicaban sobre importantes programas de carácter social. La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar y la organización Democracy Forward presentó una demanda ante un juzgado federal del distrito de Columbia alegando, tal y como ha informado el New York Times, que la orden de Trump viola la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
La jueza Loren Alikhan ha bloqueado la orden, en la línea de lo anunciado por distintos fiscales generales de diferentes estados que habían anunciado que iniciarían acciones legales contra dicha decisión de Trump.
Como en cualquier autarquía, de esas que tanto admira el nuevo presidente de los Estados Unidos y que, en algunos casos, le han salvado de graves problemas económicos de sus negocios, tanto a Trump como a su familia, el nuevo gobierno pretende eliminar cualquier control parlamentario. No es nada nuevo ni debería sorprender a nadie, sobre todo porque esa potenciación del poder ejecutivo sobre el resto de los poderes democráticos ya venía incluida en el Proyecto 2025 del aquelarre ultra y supremacista de la Heritage Foundation.
Además, hay que tener en cuenta que, según la legislación de los Estados Unidos, cuando el Congreso aprueba fondos para un programa federal, el presidente no tiene competencias de ningún tipo para eliminarlos, paralizarlos o, ni mucho menos, reubicar esas partidas a otras cosas.
Según la fiscal general de Nueva York, Letitia James, «la nueva política de esta administración no sólo pone en riesgo a la gente, sino que además es claramente anticonstitucional».