Las promesas de deportaciones masivas de Donald Trump generaron mucha alarma. La cuestión es que mucha gente podría haber pensado que se trataba de las bravuconadas propias de un charlatán. Sin embargo, existen documentos que demuestran que es muy probable que se produzcan rafias de los supremacistas contra los migrantes de cualquier color y nacionalidad, salvo que sean blancos y tengan dinero. El mejor ejemplo es Elon Musk, un sudafricano que estará en la nueva administración.
El Congreso de los Estados Unidos, controlado por los republicanos de MAGA, es decir, por fanáticos supremacistas y ultranacionalistas, ha iniciado la tramitación de un proyecto de ley, el HR29, que tiene atemorizadas a las familias inmigrantes de todo el país. Este proyecto de ley privará a los jueces de discreción y exigirá que los inmigrantes fueran detenidos y sujetos a deportación si son acusados -ni siquiera condenados- de delitos menores como el hurto en tiendas.
Este ataque masivo al debido proceso no garantizará la seguridad de nadie, sino que aterrorizará a todos los inmigrantes de los Estados Unidos, que, según los estudios, tienen muchas menos probabilidades de cometer delitos de cualquier tipo que los estadounidenses nativos.
Según un análisis de la directora ejecutiva de People's Action, Sulma Arias, habrá quien se beneficie económicamente de esta ley. Corporaciones de prisiones privadas como CoreCivic y GEO Group ya hicieron una fortuna durante la última administración Trump administrando prisiones privadas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .
CoreCivic y GEO mantuvieron a inmigrantes y solicitantes de asilo en condiciones inhumanas y tóxicas con mala higiene y expusieron a mujeres y niños a depredadores sexuales. Con esta nueva ley, los ejecutivos desviarán más dinero público y los inversores ricos obtendrán más beneficios al abusar y demonizar a las personas que buscan refugio de la violencia o la pobreza.
Cuando Trump ganó, las acciones de prisiones privadas se dispararon. Los inversores de Wall Street esperaban ganar una fortuna deteniendo a inmigrantes. Más del 90% de los inmigrantes detenidos por el ICE terminan en instalaciones de empresas privadas.
Arias denuncia en su análisis que GEO Group, que ha utilizado al máximo sus contribuciones a la campaña de Trump, dijo a sus inversores que podrían ganar casi 400 millones de dólares al año apoyando «las necesidades futuras del ICE y del gobierno federal» en un segundo mandato de Trump. El precio de sus acciones casi se duplicó en noviembre.
Independientemente de que los detenidos sean culpables o no, estas empresas reciben su dinero. Para eso está la ley HR 29: para fomentar la codicia corporativa, no para proteger a los estadounidenses.