La decisión, firmada por la jueza Kathleen M. Williams, enmienda la orden que se había emitido en agosto de 2018 para incautar una gran variedad de bienes adquiridos por los acusados de haber participado en un esquema de corrupción a través del cual se malversaron millones de dólares del erario público venezolano.
El documento dice que hay una corrección al fallo que había dictado ese tribunal en relación a este caso. La orden incluye otras propiedades que no aparecían en la decisión emitida el 16 de agosto de 2018. el dictamen de la jueza prohibe a representantes, agentes, familiares, empleados, abogados y asociados de los acusados de haber participado en un esquema y a los bancos, instituciones financieras y empresas inmobiliarias tomar acciones contrarias a la prohibición de incautar dichos los bienes.
Los acusados de haber formado parte de la conspiración son: Francisco Convit Guruceaga, contratista venezolano; Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Abraham Eduardo Ortega, ex director de finanzas de Pdvsa; José Vicente Amparan Croquer, operador venezolano; Hugo Andrés Ramalho Gois, banquero portugués, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, banquero uruguayo; y Mario Bonilla Valera.
De acuerdo a la acusación del gobierno de los Estados Unidos, la conspiración acusada comenzó en diciembre de 2014 con un plan de cambio para malversar alrededor de USD 600 millones de Pdvsa, obtenidos a través del pago de coimas y prácticas fraudulentas, y posteriormente haber lavado el capital en el sistema financiera norteamericano e internacional. El documento dice que para mayo de 2015, la conspiración se habría duplicado en USD 1.200 millones malversados por Pdvsa.
La decisión de la jueza Williams advierte que los asociados a los acusados están sujetos a las mismas prohibiciones y restricciones impuestos por el tribunal sobre propiedades, cuentas bancarias, portafolios de inversiones y otros bienes que la fiscalía ha terminado que se encuentren bajo la acto ordenado de congelación por las autoridades en el mes de agosto.
Queda entonces terminante prohibido la selección, la transferencia, asignación, compromiso, distribución, entrega u otras formas de participación en la disipación de los bienes que involucra la disposición de la corte.
El documento dice que antes de que la Corte aplique la efectividad de la restricción de la orden de protección de dichos bienes y activos deben tomarse una serie de procedimientos para ejecutar su decomiso con el fin de preservar su disponibilidad para evitar que los acusados puedan traspasarlos.
La decisión del juez se lee que las modificaciones a la orden de expropiación emitida en en agosto y ahora corregida incluye:
1) Todos los depósitos de las cuentas del la empresa Global Securities Trade Finance en el City National Bank y Deltee Bank & Trust Limited en Nassau, Bahamas.
2) Otros apartamentos en Panamá, incluyendo una propiedad en Vistamar Golf Village, y Costamare.
Las propiedades aparecidas en la orden original son las siguientes:
Pulsando aquí puede ver la nota con las primeras propiedades incautadas por el tribunal estadounidense relacionado con este caso.