Donald Trump lleva dos semanas en el cargo y ya se ha visto obligado a retirar algunas órdenes ejecutivas que imponían las políticas de extrema derecha incluidas en el Proyecto 2025 del aquelarre ultra Heritage Foundation. La semana pasada, el presidente firmó una orden ejecutiva en la que congelaba las subvenciones y préstamos federales que en algunos casos aplicaban sobre importantes programas de carácter social. La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar y la organización Democracy Forward presentó una demanda ante un juzgado federal del distrito de Columbia alegando, tal y como informó el New York Times, que la orden de Trump viola la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
La jueza Loren Alikhan ha bloqueado la orden, en la línea de lo anunciado por distintos fiscales generales de diferentes estados que habían anunciado que iniciarían acciones legales contra dicha decisión de Trump que, finalmente, el presidente se vio obligado a retirar.
Sin embargo, se hace necesario analizar algunas de las cuestiones que afectan directamente a los derechos de los trabajadores, como la purga sistemática de importantes miembros en dos agencias independientes clave de protección de los trabajadores: la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés). Trump despidió a comisionados de la EEOC y a cargos de la NLRB confirmados por el Senado para cumplir mandatos que se extenderían más allá de 2025. Los despidos plantean posibles desafíos legales. Ambos organismos carecen ahora del quórum necesario para emprender ciertas acciones de cumplimiento, lo que deja a los trabajadores que dependen de las agencias sin recursos.
La administración Trump-Vance ha privado a los trabajadores estadounidenses de su capacidad de hacer valer su derecho a un sindicato y a la negociación colectiva. No existe un derecho privado de acción en virtud de la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, por sus siglas en inglés). Esto significa que, a partir de la segunda semana de la administración Trump-Vance, los trabajadores despedidos ilegalmente en represalia por apoyar a un sindicato no tienen la posibilidad de recuperar su empleo.
La medida, aunque no tiene precedentes, no debería sorprender, sobre todo porque beneficia a aquellos que financiaron la campaña de Trump con cientos de millones de dólares. SpaceX y Amazon, empresas propiedad de Elon Musk y Jeff Bezos respectivamente, han estado impugnando la constitucionalidad de la NLRB para poder reprimir los esfuerzos de los trabajadores de sus empresas por sindicalizarse. Mientras continúan esas demandas, el presidente Trump ha otorgado una victoria inmediata a Musk y Bezos, ya que la NLRB no podrá hacer valer los derechos de los trabajadores a un sindicato después de que despidiera a un miembro de la junta directiva.
Desde 2021, las peticiones de elecciones sindicales en la NLRB se han más que duplicado. Además, los cargos por prácticas laborales ilegales presentados ante esta agencia aumentaron un 40% y el apoyo público a los sindicatos está cerca de su nivel más alto en 60 años, con un 70%. Las investigaciones muestran que 60 millones de trabajadores se afiliarían a un sindicato si pudieran. Este creciente impulso en torno a la organización sindical indica un poderoso impulso de los trabajadores para mejorar los salarios, las condiciones de trabajo y los derechos en el lugar de trabajo.
Sin embargo, a pesar de la retórica de campaña en sentido contrario, en la segunda semana, la administración Trump-Vance ha hecho que sea casi imposible para los trabajadores hacer valer sus derechos sindicales y de negociación colectiva y ha avanzado mucho en la implementación de los objetivos del Proyecto 2025 y en la recompensa a sus donantes multimillonarios.
Durante los últimos años, Diario16+ ha advertido sobre lo que significaba Donald Trump para las clases medias y trabajadoras, tanto a través del análisis de lo ejecutado durante su primer mandato como por lo indicado en los documentos de su agenda política, el Proyecto 2025 principalmente. Los trabajadores apoyaron en masa a Trump. Ahora se enfrentan a la imposición de una plutocracia que no respeta sus derechos constitucionales.