Donald Trump quiere tomar el poder en Estados Unidos. No se puede presentar para las elecciones de 2028 y en el país norteamericano existe el temor de que intente, como ya han hecho aliados como Nayib Bukele o Vladimir Putin, perpetuarse en la Casa Blanca por las buenas o por las malas. No es ningún secreto que Trump admira a los autócratas porque no tienen que contar con los otros poderes de la democracia. El despliegue de tropas en Washington DC, bajo la excusa de la seguridad ciudadana, es el primer paso de su asalto al mandato eterno.
La capital de Estados Unidos amaneció el pasado fin de semana bajo una nueva fase del despliegue militar impulsado por el presidente Donald Trump. Algunas unidades de la Guardia Nacional comenzaron a portar armas de fuego, una escalada significativa en la estrategia de seguridad que la Casa Blanca defiende como una medida para “proteger la seguridad y el bienestar” de los residentes de Washington DC, pero que ha provocado protestas y fuertes críticas de líderes políticos y organizaciones de derechos civiles.
Las tropas portarán pistolas y rifles en misiones específicas de patrullaje, mientras que las unidades dedicadas a tareas administrativas o de transporte permanecerán desarmadas. El grupo de trabajo conjunto que supervisa el operativo subrayó en un comunicado que el uso de la fuerza se limitará a “amenazas inminentes de muerte o lesiones graves” y que los soldados han recibido entrenamiento bajo estrictas normas de actuación.
Sin embargo, la sola presencia de efectivos armados en zonas céntricas de la capital ha intensificado la tensión. Un fotógrafo de Associated Press captó a miembros de la Guardia Nacional de Carolina del Sur apostados frente a Union Station con pistolas enfundadas, mientras en distintos barrios residentes reportaron patrullas visibles y arrestos que circularon en videos por redes sociales.
Protestas y calles en silencio
Durante el fin de semana, Washington fue escenario de manifestaciones esporádicas contra la militarización de la ciudad. Al mismo tiempo, áreas habitualmente bulliciosas permanecieron en calma, con pequeños grupos de guardias nacionales visibles en esquinas estratégicas. Para muchos residentes, la sensación es la de una capital bajo vigilancia permanente.
El reverendo Al Sharpton, en un evento en la Universidad Howard, denunció que la medida responde más a un cálculo político que a la seguridad ciudadana. “Se trata de perfilarnos”, dijo, acusando a la administración Trump de actuar con “intolerancia y racismo”. Sharpton subrayó que ningún alcalde blanco ha sido señalado como objetivo de estos despliegues, y definió la situación como un problema de derechos civiles y de la estatidad de Washington D. C.
Chicago, San Francisco y Nueva York, en la mira de Trump
La capital no será el único escenario de esta estrategia. Trump declaró a periodistas en la Casa Blanca que “Chicago será nuestro próximo destino” y que, posteriormente, se atenderá la situación en Nueva York. El Washington Post informó que el Pentágono lleva semanas preparando un operativo en Chicago que incluiría tanto Guardia Nacional como tropas en servicio activo.
Los gobernadores y alcaldes demócratas de ambos estados han expresado su oposición frontal, acusando a la Casa Blanca de invadir competencias locales y de utilizar a las fuerzas militares con fines políticos. La perspectiva de ver tropas federales armadas en las calles de grandes urbes estadounidenses ha encendido la alarma sobre los límites constitucionales de estas medidas.
Militarización y división política
Para la administración Trump, estos despliegues forman parte de una ofensiva contra el crimen urbano. Sin embargo, el aumento de tropas y ahora su armamento constituye un paso hacia la militarización de la seguridad pública y una amenaza directa al equilibrio entre poderes locales y federales.
La polémica también refleja un trasfondo más amplio: la relación entre el Estado federal y la autonomía de las ciudades, el debate sobre racismo estructural y el uso del aparato de seguridad nacional en el ámbito interno. A medida que Trump promete extender este modelo a otras ciudades, la capital se ha convertido en el laboratorio de una política que podría redefinir los límites del poder presidencial en tiempos de tensión social.