Tal y como hemos publicado en Diario16+ en distintos análisis de documentación inédita en España, Donald Trump ha creado un régimen basado en la corrupción. Sin embargo, lo más cruel que ha hecho el actual presidente estadounidense no es su enriquecimiento personal utilizando su posición en la Casa Blanca, sino el ataque contra los ciudadanos, incluidos los que le votaron, ataque que también están sufriendo ya los propios republicanos. El recorte de más de 186.000 millones de dólares al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), dejará sin alimentos básicos a más de 40 millones de estadounidenses. Trump va a quitar del plato de las familias los alimentos, pero con el hambre estará financiando los beneficios billonarios que conseguirán los multimillonarios y las grandes empresas gracias al recorte masivo de impuestos a los que más tienen.
Además, Trump no solo reduce los fondos federales, sino que traslada buena parte de los costos a los estados, que ahora tendrán que decidir entre subir impuestos, recortar otras partidas o reducir drásticamente los beneficios del SNAP. En algunos casos, incluso se prevé que estados enteros puedan eliminar a miles de familias de sus listas de beneficiarios.
Paradójicamente, los estados más afectados serán los mismos cuyos congresistas y senadores dieron un apoyo mayoritario al proyecto: Luisiana, Virginia Occidental, Oklahoma y Alabama. Todos ellos figuran entre los diez con mayor porcentaje de residentes que dependen del SNAP, y todos sus legisladores republicanos votaron a favor de la ley.
Es un golpe directo a los hogares más pobres del país porque el SNAP genera un retorno social estimado de 62 dólares por cada dólar invertido en la infancia. Los expertos coinciden en que el recorte no responde a una necesidad económica urgente, sino al objetivo de compensar las exenciones fiscales otorgadas a las grandes corporaciones y a los contribuyentes más ricos durante los últimos años.
El rechazo al proyecto de ley no se limita a la oposición demócrata. En una carta abierta al Congreso, 23 gobernadores, incluidos líderes republicanos de estados como Carolina del Norte, Kansas y Kentucky, calificaron la medida de “irrealista” y alertaron de que “obligará a demasiados estadounidenses a sobrevivir en lugar de prosperar”.
Las cifras son elocuentes: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) constató que 13,5% de los hogares estadounidenses padecían inseguridad alimentaria en 2023. Con la nueva ley más de 22,3 millones de familias perderán parte o la totalidad de sus beneficios, incluidos 3,3 millones de niños.
El impacto en la infancia será inmediato y profundo. Los niños que hoy reciben SNAP no solo perderán acceso a alimentos en casa, sino que también quedarán excluidos de los almuerzos escolares gratuitos o a precio reducido y de los programas EBT de verano, fundamentales para su nutrición.
La ley introduce además nuevos requisitos laborales y de presentación de informes que, lejos de aumentar el empleo, dificultarán que las familias elegibles mantengan sus beneficios. Estos requisitos solo provocan que la gente pierda su ayuda por errores burocráticos.
El golpe será especialmente duro para las mujeres. En Estados Unidos, el 55% de los adultos no mayores beneficiarios del SNAP son mujeres, un tercio de ellas mujeres negras o latinas. Más de la mitad vive en hogares monoparentales. El SNAP es esencial no solo para la alimentación, sino para la salud de millones de madres y niños. El acceso al programa mejora significativamente la salud en el embarazo y la primera infancia.