En menos de medio año, la administración Trump ha dejado clara su disposición no solo a recortar el gasto público, sino a desmantelar las garantías laborales que durante décadas protegieron a millones de trabajadores estadounidenses. Desde la Casa Blanca hasta los despachos del Departamento de Trabajo (DOL), las señales de un viraje radical en favor de los empresarios se han multiplicado con sorprendente rapidez, generando alarma tanto en sindicatos como en economistas y expertos en derecho laboral.
La primera sacudida llegó en enero, cuando el Donald Trump firmó una orden ejecutiva que derogó la histórica Orden Ejecutiva 11246, instaurada en 1965 para garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación en la contratación federal. Aquella norma, que obligaba a las empresas contratistas a establecer programas de acción afirmativa y a rendir cuentas ante la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales, dejó de tener efecto prácticamente de inmediato. Para decenas de miles de trabajadores (muchos de ellos pertenecientes a minorías étnicas, mujeres y veteranos) se esfumó de un plumazo la posibilidad de recurrir al gobierno para denunciar prácticas discriminatorias en proyectos públicos.
Tan solo dos meses más tarde, en marzo, llegó una nueva orden que anuló el incremento al salario mínimo para contratistas federales aprobado en la era Biden. Aquella medida contemplaba llevar el salario por hora de los trabajadores de agencias públicas a un nivel un veinticinco por ciento superior al mínimo federal, con ajustes automáticos para mantener el poder adquisitivo. Con su derogación, cientos de miles de obreros y empleados de servicios esenciales (desde limpieza hasta mantenimiento de instalaciones) vieron sus nóminas sufrir una rebaja estimada entre un veinticinco y un sesenta por ciento, según cálculos de expertos laborales.
El retroceso no se limitó a los salarios. A principios de abril, la Administración de Seguridad y Salud Minera (MSHA), dependiente del DOL, anunció el aplazamiento indefinido de la aplicación de la norma sobre exposición al polvo de sílice, una regulación diseñada para proteger a los mineros de carbón de enfermedades pulmonares crónicas. Con la posposición, los trabajadores de decenas de explotaciones quedaron expuestos durante meses, o incluso años, a niveles de sílice que la Organización Mundial de la Salud vincula directamente con silicosis y otras patologías respiratorias graves.
En mayo, la ofensiva alcanzó al corazón mismo de la protección de los derechos salariales: el DOL solicitó la suspensión de un litigio contra la regla de pago de horas extras promulgada en la última etapa de Biden. Aquella normativa extendía el beneficio del pago extra (al menos una vez y media la tarifa habitual) a más de cuatro millones de empleados que hasta entonces habían quedado fuera por umbrales salariales obsoletos. La petición de suspender el proceso judicial revela la intención de la administración de derogar la ampliación de las horas extras, lo que dejaría a millones de trabajadores sin acceso a una compensación justa por las horas que excedan la jornada laboral estándar.
Simultáneamente, el DOL comunicó que detendría la aplicación de una regulación que dificultaba la clasificación fraudulenta de empleados como contratistas independientes. Bajo las reglas de la era Biden, las empresas se enfrentaban a sanciones económicas significativas si abusaban de la figura de contratista para eludir obligaciones de beneficios, seguridad social y pago de horas extras. Ahora, esa ventana se abre de nuevo, con el riesgo, advierten analistas, de que algunos sectores—sobre todo el tecnológico y el de servicios de reparto—retomen prácticas que empobrecen a la fuerza laboral.
Pero los cambios de política son solo la punta del iceberg. Junto con las modificaciones normativas, la Casa Blanca ha impulsado una serie de nominaciones clave que podrían afianzar la agenda antiobrera a largo plazo. Entre ellas destaca la de Jonathan Berry como Procurador del Trabajo, un cargo de enorme poder, ya que su titular posee la potestad de iniciar demandas para hacer cumplir las leyes laborales federales. Berry fue autor del apartado sobre el Departamento de Trabajo del “Proyecto 2025”, un documento encargado por la administración que propone debilitar el salario mínimo federal, restringir drásticamente la elegibilidad para el pago de horas extras y anular el requisito de salario prevaleciente en proyectos de construcción financiados con fondos públicos.
La tormenta no termina ahí. Informes internos del DOL, a los que Diario16+ ha tenido acceso, indican que aproximadamente un veinte por ciento de su plantilla ha optado por aceptar indemnizaciones o retirarse anticipadamente desde que Trump asumió el cargo. Este éxodo voluntario de personal, formado durante años en la supervisión de normativas complejas y en la elaboración de datos sobre el mercado laboral, amenaza con colapsar la capacidad de la agencia para investigar denuncias, auditar empresas y ofrecer formación a los trabajadores. Con menos expertos en nómina y contratos, el DOL corre el riesgo de convertirse en una sombra de lo que fue, incapaz de blindar el cumplimiento de la legislación laboral.
El punto culminante de esta ofensiva se dibuja en la propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026, en la que Trump sugiere un recorte drástico del treinta y cinco por ciento al presupuesto del Departamento de Trabajo. De consumarse, esta reducción no solo afectará a los programas de inspección y sanción, sino también a los servicios de desarrollo de la fuerza laboral, que brindan formación técnica y profesional a desempleados y trabajadores en transición. Para las regiones más golpeadas por la desindustrialización y el declive de la minería, estas iniciativas suponen la única red de seguridad que posibilita el reciclaje laboral.
En coalición, las federaciones de sindicatos y asociaciones de trabajadores no han tardado en contraatacar. En reuniones con legisladores demócratas y republicanos que no han sido abducidos por la secta MAGA, advierten que la desprotección de los empleados no solo aumenta la precariedad y el agotamiento, sino que agrava la desigualdad y disminuye el poder adquisitivo de amplios sectores medios. Las encuestas más recientes muestran un rechazo mayoritario a las medidas de recorte salarial y a la flexibilización de las normas de salud y seguridad, incluso entre votantes de tendencia conservadora.
Para muchos especialistas, lo que está en juego trasciende el balance de poder político. Se trata de definir si Estados Unidos mantendrá un modelo de crecimiento sustentado en el trabajo decente y la protección social, o si se inclinará hacia un mercado laboral indómito, donde la regulación sea vista como un obstáculo en lugar de un garante de dignidad. En los pasillos del Congreso, las deliberaciones se prometen intensas: la batalla por el alma del mundo del trabajo norteamericano ha comenzado, y su desenlace marcará el futuro de millones de familias que, cada mes, dependen de un salario justo y de condiciones laborales seguras para construir su porvenir.
Los trabajadores son los principales estafados por Donald Trump. En las zonas desindustrializadas y en las regiones de la América Profunda creyeron que este personaje les iba a devolver lo que él decía que les iba a dar. Lo que no sabían es que la estructura de la gran estafa estaba prevista para que los multimillonarios que le financiaron la campaña se llenen de billones de dólares. Esa es su verdadera revolución.