Donald Trump lleva llorando por las esquinas desde el minuto siguiente en que se cerró el recuento de las elecciones del pasado mes de noviembre. El actual presidente ha llenado sus redes sociales, sus mítines y sus comparecencias ante la prensa de mentiras y bulos sobre un supuesto fraude electoral orientado a sacarle de la Casa Blanca. Sin embargo, ni las querellas judiciales ni las maniobras para que el vicepresidente, Mike Pence, boicoteara la sesión del Congreso que terminó con el asalto al Capitolio, han impedido que Joe Biden haya sido confirmado como el vencedor de los comicios.
Sin embargo, Trump, en medio de su desesperación, realizó el pasado sábado un último intento basado en la intimidación y la presión a un funcionario del Estado de Georgia para encontrar 11.780 votos, los que le hacían falta para ganar en ese territorio.
Según una grabación hecha pública por el Washington Post, Trump dijo al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brian Raffensperger, que «lo único que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el Estado». Es decir, que Donald Trump estaba presionando para que se produjera un fraude electoral, lo mismo que él mismo lleva denunciando desde el mes de noviembre. Además, según la grabación, el presidente insistió en su creencia de que él había ganado en Georgia y que no había nada malo en decir que se habían «recalculado los votos».
Como Raffensperger no cedía y afirmó con rotundidad que no se habían encontrado indicios de fraude, Trump le amenazó con interponer acciones legales contra él. «Sabes lo que hicieron y no lo estás denunciando. Eso es un delito. No puedes permitir que eso suceda. Es un gran riesgo para ti y para Ryan, tu abogado».
Las reacciones no se hicieron esperar y la próxima vicepresidenta, Kamala Harris, calificó estos hechos como un «descarado abuso de poder». Además, Trump pudo cometer un delito federal. En concreto, la llamada y el contenido del presidente a Raffensperger pudieron conculcar lo indicado por el artículo 52 del Código Penal de Estados Unidos que establece que cualquier persona que «con conocimiento y voluntad prive, defraude o intente privar o defraudar a los residentes de un Estado de un proceso electoral justo e imparcial" está violando la ley.
Por otro lado, otras leyes federales indican que es una actitud criminal «conspirar para herir, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona en el libre ejercicio o disfrute de cualquier derecho o privilegio garantizado por la Constitución o leyes de Estados Unidos».