Cuando este verano se cumplan 6 meses desde el segundo advenimiento de Donald Trump a la Casa Blanca, el cambio más duradero de su presidencia podría no medirse en políticas fiscales o aranceles, sino en el perfil de los jueces que hoy ocupan los tribunales federales. Detrás de esa transformación, según un informe reciente del organismo de control político Accountable, al que Diario16+ ha tenido acceso, está The Article III Project (A3P), un grupo de presión legal profundamente partidista dirigido por un antiguo asesor republicano radical, Mike Davis.
Davis, abogado formado en la Universidad de Iowa y hasta hace poco consejero principal de nominaciones en el Comité Judicial del Senado, lanzó la organización en 2019 tras las batallas por las confirmaciones de Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.
“Empecé The Article III Project después de ayudar a Trump a ganar las peleas de Gorsuch y Kavanaugh. Vimos entonces lo implacables que pueden ser muchos demócratas”, confesó en su día a Político, describiendo al adversario como “marxistas que odian América” y justificando su derivación hacia tácticas de puño de hierro para forjar una judicatura aún más ultraconservadora.
El plan maestro
Según la propia web de la organización, The Article III Project se define como un “think tank y red de activismo legal” cuya prioridad es “luchar contra el ‘lawfare’ de la izquierda” y “confirmar más jueces de la Corte que cualquier otra organización en los últimos 50 años”. Bajo el lema de proteger “justicieros constitucionales”, A3P identifica a candidatos de perfil textualista y originalista, gestiona prestigiosas pasantías judiciales y se coordina con la Casa Blanca y la oficina del vicepresidente para asegurar que cada vacante se cubra con un perfil ideológico afín, es decir, radical de la extrema derecha.
Dinero oscuro y redes de influencia
El informe detalla cómo A3P opera como 501(c)(4), lo que le permite recibir donaciones no sujetas a registro público y canalizarlas hacia acciones de lobby y campañas de prensa favorables a sus jueces predilectos. Aunque los montos exactos permanecen opacos, investigaciones paralelas apuntan a aportes millonarios de fundaciones afines al Federalist Society y al ala más dura del Partido Republicano, complementados por donaciones a través de “funds-advised” que disimulan el origen último del dinero.
La agenda combativa de Davis no se limita a empujar nominaciones. En diciembre de 2024, su grupo presentó una queja de mala conducta contra el juez James Wynn, acusado de revertir su retirada para frustrar el ascenso de una candidata demócrata en el 4º Circuito. A3P alegó que esa decisión violaba los códigos de ética judicial, lo que suscitó duras críticas de senadores de ambos partidos por politizar aún más la judicatura.
Además, ex alumnos y críticos recuerdan el estilo beligerante de Davis en redes sociales, donde quiso “alojar a terroristas extranjeros en un club de campo” para escarnio público, lo que reavivó preguntas sobre su idoneidad moral para dirigir un proyecto que afirma defender la independencia judicial.
Impacto real
Gracias a su estructura discreta y sus cercanías con la Casa Blanca, The Article III Project ha logrado acelerar la confirmación de decenas de jueces federales con menos oposición y escrutinio que en administraciones previas. Entre ellos figuran rostros poco conocidos cuya jurisprudencia (en casos de derecho laboral, ambiental o de derechos civiles) favorece a grandes corporaciones, familias millonarias y a endurecer las barreras contra demandas populares.
A3P ha cosido en el ADN del sistema judicial un sesgo ideológico que perdurará décadas. No es un actor más: es el arquitecto oculto del cambio de guardia en los tribunales”.
Un frente aún abierto
A falta de transparencia en su financiación y los métodos de selección de candidatos, el informe concluye que The Article III Project funciona como un “comando central” de la captura judicial: plantea un modelo en el que la ayuda política (más que la meritocracia) define qué juristas llegan al banquillo. Con más de 200 vacantes aún pendientes y un Senado muy dividido, la organización prepara ya la siguiente embestida: guiar la segunda etapa de las nominaciones de Trump y blindar la Corte Suprema para un hipotético tercer mandato.
Mientras tanto, la sombra de un poder informal crece. Su capacidad para mover piezas en el sistema de justicia plantea la cuestión de si se mantiene el Estado de derecho o Estados Unidos se está convirtiendo en un Estado de jueces construidos a medida de intereses partidistas o del propio Donald Trump.