Mientras el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Agencia Tributaria Federal de los Estados Unidos, ultima los detalles de un nuevo programa informático que pondría en manos de los agentes de inmigración millones de direcciones de contribuyentes, estalla en Washington una tormenta política y legal sin precedentes.
El proyecto, que ha sido revelado por ProPublica, de este sistema “a demanda” permitiría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitar datos fiscales confidenciales con un par de clics, eludiendo los filtros internos que hasta ahora protegían la privacidad de los declarantes.
El pasado mes de marzo, el asesor legal interino del IRS, Andrew De Mello, rechazó entregar las direcciones de 7,3 millones de contribuyentes reclamadas por el ICE. En un correo electrónico interno, De Mello advirtió de “múltiples deficiencias legales” en aquella solicitud masiva, que contravenía el memorando de entendimiento firmado entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el propio IRS tras la llegada de Donald Trump al poder. Pese a que el pacto incluía salvaguardas específicas, como la exigencia de una garantía escrita de que cada individuo estuviera bajo investigación criminal activa, la petición del ICE pretendía simplificar el acceso hasta extremos inéditos.
Tan solo dos días después de plantar cara a la agencia de inmigración, De Mello fue despedido. A día de hoy, esos datos no han sido entregados, pero la purga interna confirmó la determinación de la administración Trump por disponer de un canal directo de intercambio de información con fines de deportación masiva. El DHS presionó al IRS desde los primeros meses de la presidencia de Trump para ofrecer datos de los contribuyentes a los agentes de ICE, relegando a un lado el criterio del asesor legal que vetó la maniobra y desembocando en una remodelación exprés de la cúpula jurídica de la agencia tributaria.
Antes de la llegada a la Casa Blanca del “rey Donald I”, cada petición de datos del IRS para colaborar en investigaciones requería el nombre completo del sujeto, su dirección registrada y una justificación puntual de la relevancia para una causa penal, generalmente referida a un puñado de individuos.
Con el nuevo programa, en cambio, bastaría con suministrar al IRS un listado de criterios ( edad, código postal o categoría tributaria) para que el sistema devolviera automáticamente las direcciones de todos los que entraran en ese perfil. Según ProPublica, ingenieros del IRS que revisaron el diseño alertan del riesgo de fugas y errores: domicilios desactualizados, familias inocentes allanadas por agentes del ICE, e incluso la estigmatización de contribuyentes sin vínculo alguno con investigaciones criminales.
El comisionado Danny Werfel, nombrado por la administración Biden, ha defendido la premisa de que las leyes de privacidad tributaria nunca se concibieron para “abrir la puerta al intercambio de miles o decenas de miles de registros” con fines de represalia migratoria. Y, sin embargo, un portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que el uso planeado de esos datos es “legal” y forma parte de la promesa de campaña de Trump de expulsar de forma masiva a “extranjeros criminales ilegales”. La cuestión es que para la administración Trump cualquier extranjero es un criminal…, salvo que ponga cientos de millones de dólares en las empresas del presidente.
A principios de año, una reunión de altos mandos de IRS y DHS degeneró en una sugerencia: ¿por qué no facilitar simplemente al IRS el nombre y la nacionalidad de sus objetivos y dejar que la agencia tributaria devolviera masivamente todas las direcciones coincidentes? El planteamiento horrorizó a los abogados de carrera del IRS, que durante semanas debatieron los riesgos penales de entregar información de personas no investigadas. La presión política y la perspectiva de remodelar el cuerpo legal y de privacidad del IRS provocó la salida de varios funcionarios expertos en protección de datos y tecnologías de la información.
El episodio pone sobre la mesa un dilema de fondo: hasta dónde puede llegar la colaboración entre agencias cuando el objetivo político prioriza la eficacia de las deportaciones sobre el debido proceso y la confidencialidad de la información personal. En Estados Unidos, la divulgación no autorizada de datos del IRS es un delito grave, castigado con varios años en una prisión federal. Sin embargo, el diseño de este nuevo sistema parece encaminado a desdibujar esas barreras, ofreciendo al ICE un amplísimo acceso a domicilios particulares con apenas un resguardo interno.
Mientras la polémica crece en el Capitolio y organizaciones de defensa de la privacidad anuncian recursos judiciales, el IRS avanza en la construcción de un software que redefine la relación entre la agencia tributaria y las fuerzas del orden. La inminente implementación de esta herramienta marcará, sin duda, un antes y un después en la forma en que Estados Unidos persigue a los inmigrantes, y será la primera gran prueba de la resistencia de las leyes de privacidad fiscal frente a la presión política por deportaciones masivas.