Un 64% de los detenidos en México denuncia haber sufrido torturas o violencia

Según el informe de Human Rights Watch, es “habitual” que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones forzadas. La tortura se aplica más frecuentemente en la fase judicial inicial, cuando las víctimas son detenidas, “a menudo arbitrariamente”, y mientras son puestas a disposición de agentes de la Fiscalía. Durante ese tiempo, los arrestados suelen ser mantenidos en régimen de incomunicación “en bases militares u otros centros de detención ilegal”, añade el documento.Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a más de 64.000 personas que en 2016 fueron encarceladas en 338 cárceles de todo el país, el 64% de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestada. El 19% indicó haber recibido descargas eléctricas; el 36% haber sido estranguladas o sumergidas en agua; y el 59% haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28 % denunció amenazas “con la posibilidad de que hicieran daño a sus familiares”.Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Procuraduría General de la República de México inició más de 9.000 investigaciones sobre torturas. No obstante, son pocos los casos en los que quienes cometen este tipo de actos execrables son llevados ante la justicia.Además, se han detectado graves deficiencias en las investigaciones oficiales. En marzo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un estudio en la que indicó haber hallado “fuertes elementos de convicción” de que al menos 34 detenidos habían sido torturados durante una investigación por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. En mayo, un juez federal determinó que los agentes del Ministerio Público no habían investigado “adecuadamente pruebas de torturas contra personas detenidas en este caso”. Al menos 10 organismos gubernamentales presentaron apelaciones contra la sentencia que, en el momento de la redacción del informe de Human Rights Watch, no habían sido resueltas.“En abril de 2017, la legislatura mexicana aprobó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura, que procura combatir esta práctica y excluir de los procedimientos judiciales los testimonios obtenidos de esta manera. A fecha de redacción de este informe, la implementación de la ley estaba pendiente. Aunque la ley exigía que la Procuraduría General de la República contara, para diciembre de 2017, con la infraestructura necesaria para mantener un registro nacional sobre tortura, hasta agosto de 2018 esto no había ocurrido”, asegura la oenegé.