La situación en Venezuela sigue deteriorándose a medida que el gobierno de Nicolás Maduro intensifica sus esfuerzos por silenciar cualquier voz crítica. Desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha documentado al menos 70 ataques a la libertad de prensa en apenas 15 días. Estos ataques incluyen detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, censura y restricciones severas al acceso a la información. Los periodistas, tanto nacionales como extranjeros, se enfrentan a un clima de hostilidad que refleja la desesperación del régimen por controlar la narrativa en un país sumido en la crisis.
Represión sistémica a la prensa
Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, que culminaron con la polémica reelección de Nicolás Maduro, han desencadenado una oleada de manifestaciones en todo el país. En este contexto, los periodistas han sido blanco de una represión que parece cada vez más sistemática y coordinada. RSF ha registrado 18 casos de restricciones de acceso, 30 actos de intimidación y amenazas, 9 detenciones (con 4 periodistas aún en prisión), 9 expulsiones de periodistas extranjeros y 4 agresiones físicas.
El director de la Oficina de RSF en América Latina, Artur Romeu, denunció este patrón de hostilidad: “A medida que aumenta la inestabilidad política en Venezuela, en medio de las denuncias de fraude electoral, los periodistas se enfrentan a una represión cada vez mayor. Las expulsiones, detenciones, amenazas y ataques sufridos por los profesionales de los medios han recrudecido aún más la censura en este momento político crítico, creando una ausencia absoluta de transparencia democrática y de rendición de cuentas”.
Casos de periodistas detenidos
Entre los nueve periodistas detenidos durante la cobertura de las elecciones, cuatro siguen encarcelados bajo cargos infundados. Yousnel Alvarado, un fotoperiodista, ha sido acusado de delitos de terrorismo y se encuentra incomunicado en el Destacamento 33 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), sin acceso a una defensa adecuada. Paúl León, camarógrafo de VPI TV, ha sido detenido por presunta incitación a la violencia y alteración del orden público, y permanece incomunicado en Valera. Otros casos similares incluyen a Deisy Peña y José Gregorio Carnero, ambos acusados de conspiración y actividades subversivas.
El uso de cargos tan graves como el terrorismo para reprimir a periodistas que simplemente ejercen su labor es una clara muestra de cómo el régimen de Maduro utiliza la legalidad como una herramienta de opresión. Estas tácticas buscan intimidar y desalentar la cobertura de las protestas y cualquier tipo de disidencia.
Hostilidad hacia la prensa extranjera
La represión no se limita a los periodistas venezolanos. Nueve periodistas extranjeros han sido detenidos, expulsados o se les ha prohibido la entrada al país en las últimas semanas. Este patrón de hostilidad hacia la prensa internacional es alarmante, ya que busca aislar al país de la mirada externa y controlar la narrativa internacional. Periodistas de Colombia, Chile, España y Ecuador han sido objeto de estas medidas, lo que subraya la determinación del régimen de Maduro por silenciar cualquier voz que exponga la realidad venezolana al mundo.
El caso del periodista español Álvaro Nieto, director del medio derechista, The Objective, condenado por publicar bulos contra la izquierda española, en concreto contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es significativo. Este periodista en concreto no es objetivo, a pesar de ello tiene derecho a la libertad de prensa y de información, le guste al presidente Maduro o no. Fue expulsado del país tras un interrogatorio de dos horas, aparentemente debido a sus críticas al régimen. Este tipo de acciones son una clara violación de la libertad de prensa y un intento descarado de controlar la información que sale del país.
Censura de medios y bloqueo de internet
La represión en Venezuela no se limita a las calles o a las redacciones de los medios. El gobierno de Maduro también ha intensificado la censura digital. El 8 de agosto, ordenó la suspensión durante 10 días de la red social X (anteriormente Twitter) y bloqueó la aplicación de mensajería Signal. Además, instó a los ciudadanos a desinstalar WhatsApp y bloqueó el acceso a Reddit. Estas medidas son parte de una estrategia más amplia para limitar la comunicación y la organización de protestas, así como para evitar la difusión de información que contradiga la narrativa oficial.
Consecuencias para la sociedad civil
La represión contra la prensa en Venezuela no es solo un ataque a los periodistas, sino a toda la sociedad civil. Al silenciar a los medios, el régimen de Maduro está cerrando los espacios de debate y limitando la capacidad de los ciudadanos para estar informados y tomar decisiones fundamentadas. Esto socava aún más la ya frágil democracia venezolana y perpetúa un ciclo de desinformación y control autoritario.
La comunidad internacional, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha expresado su preocupación por estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sin embargo, mientras el gobierno venezolano continúe utilizando la represión como su principal herramienta de control, es poco probable que la situación mejore.
Los 70 ataques documentados por RSF en solo 15 días son un claro indicio de la gravedad de la situación. Es crucial que la comunidad internacional siga presionando por la liberación de los periodistas detenidos y la restauración de la libertad de prensa en Venezuela. La libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier democracia, y su violación en Venezuela no solo afecta a los periodistas, sino a toda la sociedad que depende de ellos para estar informada y ejercer su derecho a la participación política.