Documentos a los que ha tenido acceso Diario16+ arrojan luz sobre un fenómeno inquietante: importantes empresas de inversión estadounidenses y, al menos, un banco central extranjero han incrementado drásticamente sus inversiones en Trump Media & Technology Group (TMTG) desde el cuarto trimestre de 2024, inyectando decenas de millones de dólares incluso tras unos resultados financieros que revelan pérdidas por 400 millones en 2024. Este movimiento plantea serias dudas sobre posibles intercambios de favores políticos, concesiones regulatorias y acuerdos internacionales a cambio de impulsar artificialmente el valor de una empresa vinculada al propio presidente de Estados Unidos.
Citadel Advisors, el célebre fondo de cobertura dirigido por el donante republicano multimillonario Ken Griffin, es uno de los protagonistas de esta operación. Su última presentación ante la SEC refleja la posesión de cerca de cientos de miles de acciones de TMTG, valoradas en aproximadamente 6,3 millones de dólares. Esta compra masiva se produce mientras Citadel presiona abiertamente al Gobierno para que preserve la “laguna de los intereses devengados”, una ventaja fiscal que beneficia a ejecutivos de fondos de cobertura y que la administración Trump había prometido eliminar. Paradójicamente, el reciente proyecto de ley de reconciliación impulsado por la Casa Blanca dejó intacta esa disposición, una victoria encubierta para Griffin que sugiere un intercambio de benevolencia por apoyo financiero a TMTG.
En paralelo, Suiza ha demostrado estar, literalmente, en la misma lista de espera. Según la documentación, tanto el banco central suizo como una institución financiera pública del Cantón de Zúrich han destinado alrededor de 4,4 millones de dólares a la compañía del expresidente. Delegados suizos, presentes en una reciente reunión con el secretario del Tesoro Scott Bessent, se presentaron como aspirantes prioritarios a un pacto comercial con Estados Unidos, coincidiendo en el tiempo con su entrada en el capital de TMTG. El doble movimiento, inversión y petición de trato privilegiado, sugiere que la línea que separa el interés económico de la diplomacia se vuelve cada vez más difusa.
Europa no es la única región implicada. Durante el viaje de Trump a Oriente Medio, ejecutivos de gigantes financieros como BlackRock, Northern Trust y Citigroup ocuparon un lugar destacado en la comitiva presidencial. En conjunto, estas entidades poseen cerca de 110 millones de dólares en acciones de TMTG. Northern Trust, en concreto, firmó un acuerdo tentativo con el fondo soberano saudí por valor de 1.000 millones de dólares, mientras que Cantor Fitzgerald, vinculada al secretario de Comercio Howard Lutnick, reveló una posición de 1,1 millones en el primer trimestre de 2025. El trasfondo es claro: el acceso directo al presidente se cambia por el compromiso de respaldar y revalorizar su empresa privada.
La paradoja más inquietante quizás resida en la insistencia de Trump de mantener una participación mayoritaria de 2.600 millones de dólares en TMTG. Esa posición dominante no solo garantiza el control de la compañía, sino que la convierte en un instrumento de poder sin precedentes. Invertir en TMTG es, en la práctica, una vía de soborno político legalizada: cada dólar aportado puede traducirse en concesiones regulatorias, favores presidenciales o contratos gubernamentales.
En base a la documentación a la que ha tenido acceso este medio, existe una relación de este patrón con la reciente clausura de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, un organismo que durante una década había perseguido fraudes bancarios y abusos a los consumidores. En lugar de promover la transparencia y la rendición de cuentas, la Casa Blanca optó por eliminar un contrapeso fundamental, y desde entonces el sector financiero ha canalizado millones hacia los proyectos de la familia Trump: desde criptomonedas propias hasta esta plataforma mediática.
Por otro lado, las criptomonedas $TRUMP han sido otro vector de estas alianzas opacas. La competición por accesos exclusivos a cenas con los principales poseedores de la moneda entregó un asiento estelar a un multimillonario chino, acusado de estafa y que, tras invertir 75 millones en un proyecto criptográfico de Trump, consiguió que la SEC detuviera una investigación en su contra. En otro episodio igualmente insólito, el gobierno de Qatar obsequió un “palacio en el cielo” (un avión presidencial de gran lujo) que se prevé donar a la Fundación de la Biblioteca Presidencial Trump, bajo promesas de uso académico pero con intenciones de beneficio personal una vez concluya el mandato.
El entramado se completa con movimientos más discretos pero no menos relevantes. Hancock Prospecting, la minera australiana de Gina Rinehart, ha constituido una posición millonaria en TMTG, mientras Rinehart y sus representantes han presionado en Canberra para que el gobierno exija a Washington exenciones arancelarias al acero y aluminio australianos. Más simbólica aún resulta la donación de 250.000 dólares al comité de investidura de Trump-Vance por parte de Carlos De Miguel III, director de una filial brasileña de Rinehart, subrayando que el dinero extranjero fluye con etiqueta diplomática hacia la maquinaria política estadounidense.
En conjunto, estas maniobras configuran un paisaje de riesgo extremo para la integridad democrática. Cuando los inversores apuestan por la empresa personal del jefe de Estado buscando influencia, los límites entre política, regulación y negocios dejan de existir. La recuperación proyectada de TMTG, que incluye planes de recompra de acciones por 400 millones de dólares, no obedece a una estrategia mercantil tradicional, sino a un mecanismo de incentivos para que los contribuyentes adquieran parte de la futura “gracia” presidencial.
La conclusión es alarmante: en un entorno carente de barreras éticas efectivas, la Presidencia de los Estados Unidos podría transformarse en un imán de inversiones interesadas, donde cada financiación a TMTG o a cualquiera de los proyectos familiares se convierta en un billete con acceso directo al Despacho Oval. Estos movimientos, en sí mismos, constituyen un acto de corrupción perpetrado por el tipo que prometió acabar con el sistema. Lo que no dijo es que el nuevo sistema que iba a implantar está cimentado sobre actos corruptos perpetrados sin ningún tipo de reparo.