Los Servicios Sociales de laDiputación de Bizkaia,con su diputado a la cabeza, Sergio Murillo, están imputados por arrebatar aun niña a su madre bajo el falso Síndrome de Alienación Parental. No contentoscon eso, ahora retrasan sus informes para el otro juicio, el que permitirá quela menor vuelva con su progenitora. Y para rematar su actuación, advierten aalgunos medios que los tribunales les darán la razón. Saben lo que va a ocurrirantes de que se celebre el juicio. Toda una bofetada al Estado de Derecho.
Mientras, una de las dos víctimas de estatragedia, la madre: Irune Costumero, vuelve a pedir Justicia. Así, ha organizado una rueda de prensa enla que ha denunciado, una vez más, que ”llevo tres años separada de mi hija y no hay fechade juicio”.
Según ha explicado, “Desde el 4 de agosto de2017 llevo separada de mi hija, a la que me la arrancaron por la fuerza trascitarme con ella sin decirme para qué.Fue una emboscada. Tres ertzainas, seguridad privada y los técnicos se la llevaron entre gritos, porqueella no quería». La hija deCostumero tenía entonces 5 años y ahora tiene 8. «La Diputación sequedó la tutela y ahora está con su padre y sus abuelos”, explica.
Sinverla
Costumero insiste en “el dolor de no poderverla en todo este tiempo”. “Tengo solo cuatro horas de visita dos días a lasemana, sin fines de semana ni vacaciones. Y no es porque nolo pida, ya que lo pido continuamente y me lo niegan. Durante los primeros seismeses tenía que verla en el Punto de Encuentro, y hasta el pasado enero tuvimosque ir siempre acompañadas poreducadores. Sólo tres sábados he podido ir a comer con ella, de 12 a 20horas, y eso lo consideran vacaciones”, afirma muy afectada.
Encasos como éste es cuando más se acusa la lentitud de la Justicia y la potestad de losservicios sociales de hacer lo que les parezca sin necesidad de contar con unrespaldo de los tribunales.
La acusación particularha pedido penas de cárcel para Murillo y las tres funcionarias por “un delitode prevaricación administrativa, otro de maltrato de obra y dos delitos delesiones físicas y psíquicas” y pidepenas de hasta 5 años y 6 meses de cárcel y 15 años de inhabilitación, además de una indemnización de 600.000 euros.