Ni el Poder Judicial ni los gobiernos disponen de datos sobre el número de valoraciones urgentesDe hecho, muchas de estas autonomías siguen sus propias normas, como por ejemplo Andalucía, que se rige por dos instrucciones complementarias entre ellas, aprobadas en 2012 y 2015.Los equipos multidisciplinares que integran las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía tampoco realizan valoraciones urgentes de valoración del riesgo de las maltratadas porque los jueces no recurren a estos especialistas casi nunca. Incluso en este caso es peor de lo que se constata con el protocolo vigente a nivel estatal, ya que la Instrucción de marzo de 2015 no recoge, en ninguno de los nueve puntos de los que constan sus tres folios, que se incluyan actuaciones de valoraciones urgentes de riesgo en las 72 horas de que dispone el juzgado de guardia para emitir las medidas cautelares. Se limita a apuntar en su segundo apartado que la UVIVG “deberá intervenir siempre que el órgano judicial solicite informe integral por las UVIVG e informe para la adopción de medidas civiles (régimen de visitas /custodia) en los procesos de separación y divorcio”.De este modo, la evaluación de las maltratadas se barema solo a través de un atestado policial, basado en un test de 20 preguntas que mide, según el Protocolo estatal, la escala de riesgo de violencia grave contra la pareja. Se trata de unas sucintas preguntas tipo test sin profundidad profesional que en ningún caso se puede equiparar a una evaluación de especialistas multidisciplinares como son médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, una especialización que los casos de violencia de género requieren en un momento tan crítico como es el instante en que estas mujeres deciden dar el paso de denunciar a sus verdugos por primera vez.De este modo, muchos informes que llegan al juez no cuentan con la suficiente y necesaria información de los casos de malos tratos y, por tanto, éste tampoco cuenta con los elementos adecuados para imponer medidas cautelares de forma urgente que eviten que los casos de violencia se repitan e incluso que se cometan numerosos asesinatos machistas por parte de maltratadores reincidentes.Las estadísticas son demoledoras y solo el pasado 2016 casi la mitad de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex cónyuges habían denunciado previamente a sus agresores, con lo que se evidencia que las medidas cautelares impuestas sobre estos fueron del todo insuficientes.El protocolo médico forense de valoración urgente del riesgo del Ministerio de Justicia actualmente en vigor se limita a 20 preguntas que en ningún caso sirven para evaluar un historial de violencia de género continuado en el tiempo que derive en la imposición de medidas cautelares urgentes que protejan a la víctima de su agresor de manera efectiva.El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconocía en su primera comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso que los protocolos de prevención de feminicidios están fallando, en muchos casos estrepitosamente, y no se está actuando adecuadamente en este sentido.
También existen ya comunidades que están empezando a actuar contra la nula efectividad de los protocolos vigentes de protección a las víctimas. En Asturias, donde gobierna el también presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, se anunció el pasado noviembre que se revisarán “todos los protocolos para ver qué está fallando”, según explicó el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.El Protocolo del Ministerio de Justicia que sirve de base a los profesionales que evalúan el riesgo de violencia de género se reconoce que esta valoración médico forense del riesgo “es un elemento más para que la justicia valore la necesidad de adoptar medidas de protección de la víctima”, y a continuación concreta que esta valoración profesional “no tiene un carácter absoluto y por su especial dificultad está sometida a un margen de inexactitud”.Tanto es el desconcierto en este sentido que cada comunidad autónoma actúa bajo sus propios criterios específicos en la evaluación inicial de las denunciantes de violencia machista. En Andalucía, por ejemplo, se reduce la efectividad del protocolo oficial del Gobierno central a una mera “guía de buenas prácticas sin valor jurídico pero que ayuda al profesional a seguir un itinerario” en la lucha contra los malos tratos, explica María Pertíñez, jefa del Servicio de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía.De hecho, el Gobierno de Susana Díaz trabaja sin este protocolo general y se rige solo bajo las pautas de una instrucción propia aprobada en marzo de 2015 “por la que se regulan determinados aspectos relativos a la emisión del informe de valoración integral de violencia y a la organización de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) de los Institutos de Medicina Legal” de Andalucía.Esta instrucción andaluza de 2015 no solo obvia por completo el protocolo que se utiliza a nivel nacional sino que también delega a un segundo plano el trabajo fundamental de psicólogos y trabajadores sociales en la valoración pericial de las denunciantes en detrimento de la preponderancia de los médicos forenses. Son únicamente éstos los que firman el informe final de valoración de las víctimas porque “alguien tiene que coordinar”, apunta Pertíñez. Aunque supuestamente también han colaborado en él los psicólogos y trabajadores sociales.Desde la Junta de Andalucía aseguran que debe ser el médico forense “la persona idónea” que reparta el trabajo con psicólogos y trabajadores sociales siguiendo ciertas pautas. Actualmente, y desde 2015, el ejecutivo andaluz ha impuesto un tiempo máximo de dos meses para que la UVIVG correspondiente emita un informe de valoración del riesgo de violencia de género desde el instante en que se produce la primera entrevista con la denunciante.La Junta de Andalucía no solo confirma que no utiliza el protocolo médico forense actualmente en vigor a nivel estatal, sino que se excusa asegurando que este documento solo es “una guía de buenas prácticas sin valor jurídico”. Este protocolo se suponía que era una herramienta fundamental para adoptar medidas urgentes de valoración del riesgo de las mujeres víctimas de violencia de género que deciden dar el paso de denunciar a sus verdugos.El ejecutivo de Susana Díaz se remite a una instrucción de 2012 ampliada el pasado 2015 como únicas herramientas válidas de trabajo en Andalucía para tratar el riesgo al que se exponen las víctimas de violencia de género en la comunidad autónoma.La mitad de los maltratadores se niega a ser evaluada por los peritos y ningún juez lo ordena
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