La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que deja sin argumentos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y donde determina que todas las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud son de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas, incluso para las que voten en contra.
Así, deja claro que la Comunidad de Madrid tendrá que aplicar todas las restricciones adoptadas ayer y publicadas esta mañana en el BOE.
Obligado cumplimiento
La Abogacía del Estado se ha basado en el el artículo 151 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que recoge que "el Acuerdo que se adopte en la Conferencia Sectorial será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto".
De esta forma, la Abogacía del Estado responde al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que anoche afirmó con rotundidad en una rueda de prensa posterior al Consejo que no aplicarían las restricciones porque "el documento no fue aprobado por consenso y jurídicamente no es válido".